El mismo día de su posesión el presidente Iván Duque ratificó una de sus principales promesas de campaña al afirmar que impulsaría una reforma constitucional para excluir la conexidad del secuestro y el narcotráfico con los delitos políticos. A los pocos días la reforma se radicó en el Congreso y se convirtió en un “punto de honor” para el Centro Democrático.

Su aprobación no le revistió mayor dificultad a un gobierno encumbrado en las huestes de una aplanadora y las pocas voces opositoras, que, insistentemente afirmaban que de aprobarse afectaría una futura negociación el ELN, fueron opacadas por el ruido de la aplanadora.

En palabras de la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero, la reforma: “era un mensaje para el ELN y otros grupos que persisten en esos delitos y tratan de enmascararlos bajo una bandera ideológica”.

Pues bien, dicho mensaje de la entonces ministra no tuvo mayor eco (en un gobierno que siempre le cerró las puertas a la salida negociada), pero ahora, tras la reactivación del proceso con ELN, y las eventuales negociaciones políticas con el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc y la Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez, podría cobrar cierta relevancia.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la exclusión de la conexidad del secuestro y el narcotráfico con los delitos políticos podría dificultar la negociación con las guerrillas en los componentes sobre justicia y participación política, pues de facto implica una limitación en el ordenamiento constitucional en relación a la concesión de medidas de favorabilidad. Mucho más para integrantes de organizaciones armadas que, con diferentes grados de intensidad o persistencia, han incurrido sistemáticamente en este tipo de delitos.

Es claro que si la negociación con el ELN y las disidencias o reincidencias de las Farc-Ep llegan a buen puerto, se deberá diseñar un esquema de justicia transicional diferenciado que garantice el reconocimiento pleno de la verdad, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición; eso sí, sin condicionar los derechos políticos de los eventuales comparecientes y reincorporados. ¿Cómo sería posible avanzar en ello sí la Constitución Política restringe el margen de interpretación en relación a la conexidad con los delitos políticos?

En el proceso que se surtió con las Farc-Ep en La Habana el tema siempre estuvo sobre la mesa y el Gobierno Nacional se amparó en jurisprudencia de las altas cortes, precisando -para efectos tanto prácticos como mediáticos- que la comisión de los delitos asociados al narcotráfico tenía como principal objetivo financiar la rebelión y no obedecía al mero afán de lucro de los insurgentes. En ese caso no se desestimó el criterio de conexidad o se restringieron los márgenes del delito político.

Ahora bien, los abogados nos han enseñado que una ley se cambia con otra ley, para este caso específico, una reforma revanchista del uribismo se cambia con otra reforma que saque del camino los escollos que podrían empantanar las posibilidades de consolidar el proceso de paz. Solo es cuestión de presentar un proyecto de acto legislativo que derogue el “artículo Duque”, impulsar los ocho debates reglamentarios en el Congreso, y alinear en ese objetivo a todos los factores de la coalición gobiernista.

O si el gobierno considera que ese es un asunto menor ya que avanzado el proceso prima la clásica jurisprudencia de las altas cortes (solo en relación al narcotráfico y no al secuestro), sería pertinente que sus voceros presentaran el sustento jurídico de tal posición. Digo. Pues ahora pienso con el deseo y espero que los procesos de negociación con los tres frentes subversivos que tienen pista en la paz total lleguen a buen puerto. Y que no queden, en un país de abogados, entrampados en insalvables escollos jurídicos.

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