Tras la reciente decisión de la Corte Constitucional, con la cual se le ponen límites precisos a la Ley 2272 de 2022 -también conocida como la Ley de Paz Total-, resulta indispensable que el gobierno radique, con mensaje de urgencia e insistencia, un proyecto de ley que establezca un marco jurídico claro para avanzar en los diálogos socio-jurídicos de la “paz urbana”.

Ya sea que se retome el proyecto que fue radicado en el Senado el 15 de marzo -y a que la postre se hundió sin siquiera ser discutido en un primer debate – o un nuevo articulado que realmente se sintonice con las expectativas creadas en los diálogos socio-jurídicos que, por el momento, están sobre la marcha en varias ciudades del país.

No me cabe la menor duda de que en relación a la paz urbana todos los caminos conducen a una ley de sometimiento.

Seguramente será uno de los primeros retos que deberá afrontar el comisionado Otty Patiño, pues tendrá la compleja responsabilidad de equilibrar los alcances de los alivios humanitarios -que para Danilo Rueda siempre resultaron siendo prioritarios- con una estrategia política y jurídica que, desde una perspectiva de mediano plazo, estabilice los incentivos para que los diálogos socio-jurídicos lleguen a buen puerto.

Y todo empieza por despejar el camino en el entramado institucional, una labor, que, tras la decisión de la Corte Constitucional, sí o sí deberá pasar por el Congreso.

Ya no tiene el más mínimo sentido pensar que Petro podrá orientar los procesos de sometimiento o sujeción echando mano de “facultades extraordinarias” -como en algún momento se propuso mientras se discutía el articulado de la Ley 2272-; o que si acaso torciéndole el pescuezo a Justicia y Paz se podrá encontrar un marco jurídico “ideal” para el eventual sometimiento de las organizaciones armadas de alto impacto.

La ley de sujeción o sometimiento no es un capricho, es una necesidad, urgente y perentoria.

No se le puede seguir haciendo el quite a la discusión de una pieza esencial en la arquitectura de la Paz Total; mucho menos, “improvisar” con la voluntad de cabecillas de estructuras armadas que han demostrado disposición en las preliminares de las mesas de diálogo socio-jurídico (al menos, así se ha notado en Medellín). Sin paz urbana no habrá paz total, y sin una ley de sometimiento sobre la mesa, dudo que se llegue a la paz urbana.

Para ello, el gobierno tiene dos caminos: 1). Convoca al Congreso a sesiones extras para iniciar la discusión del articulado a mediados de diciembre; o 2). Lo radica, con mensaje de urgencia e insistencia, el 16 de marzo de 2024. Pensaría que este último camino sería el más adecuado, ya que para esa fecha -y si así lo dispone la Corte Suprema de Justicia-, la nueva fiscal general estaría en funciones.

Y tal vez, resulte siendo una fiscal mucho más cercana a los objetivos de la Paz Total (sin afirmar que será una fiscal de bolsillo para el presidente), y sin el afán de la mediática agenda política que ha caracterizado la gestión de Barbosa.

Por lo pronto, el tiempo sigue corriendo, y el camino hacia la ley de sometimiento no da espera.

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