A menos de ocho días de haber cumplido un año el proceso de paz con el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender —mediante el Decreto 0385 17 de marzo de 2024— el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca (art. 1).

La orden que dio el Ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez, a la Fuerza Pública fue la de reanudar “las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del día 20 de marzo de 2024” en contra de estas estructuras armadas, en esos tres departamentos específicos. Lo que significa que en los 29 restantes departamentos del país —sí es que el EMC tuviera presencia allí— continúa operando el acuerdo de cese al fuego  antes pactado.

Está decisión la toma el Ejecutivo basado, por un lado, en que en días anteriores miembros del EMC atacaron indiscriminadamente a una población en el Cauca, afectando los derechos y libertades de la población. Y, por el otro, a que en el Protocolo XI, firmado el 11 de diciembre de 2023, se establece que le “corresponde al señor presidente de la República decretar la prórroga, suspensión o terminación del CFBTNT”.

Está suspensión no significa que se hayan cancelado los diálogos con está guerrilla en la Mesa de Diálogos de Paz, la cual viene operando desde el 13 de octubre de 2022. Tampoco que se suspenda el Decreto 016 del 14 de enero de 2024, donde se establece un cese al fuego que irá hasta el 15 de julio de 2024 en los demás departamentos que componen al país.

Lo que significa, es que el Gobierno prioriza la seguridad de la población por encima de un pacto de paz con una organización armada. El Ejecutivo intenta cumplir con la responsabilidad que le da la Constitución Política de velar por el orden público en todo el territorio nacional  y prioridad el cuidado la vida de la población.

Una decisión similar la tomó el Gobierno de Gustavo Petro en 2023, donde después de firmar el Decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022, en el cual estableció un cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con EMC, lo suspendió un tiempo después en cuatro departamentos —Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo— debido, precisamente, a una situación similar en donde se atacó a la población civil.

Está nueva situación, aunque es lamentable, era de esperarse. El país está frente a una organización muy grande, con cerca de 27 estructuras armadas, con intereses muy diversos y formas distintas de operar en los territorios y que se caracteriza por tener una forma organizativa federada. En este sentido no debe ser para nada fácil mantener la unidad de mando y mucho menos controlar las tropas en territorios donde se enfrentan con múltiples actores.

En este sentido, este quiebre en el proceso, más que un problema para el Estado es un reto para el EMC. Esta organización está destruyendo con sus acciones la confianza del Gobierno, de la ciudadanía y de la comunidad internacional. En especial, en un momento de negociación donde se busca que la sociedad civil se vincule. Y con estos actos, lo que está sembrando es el miedo entre la población y desincentivando la participar en el proceso.

*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

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