El proyecto de ley 002 de 2025 distingue entre negociaciones de paz y sometimiento a la justicia. Y es clave para que procesos como los de Medellín, Quibdó y Buenaventura salgan del limbo.

Redacción Isegoría

Con la radicación del proyecto No 002 de 2025 por medio del cual “se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana”, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia, da un paso importante para avanzar en la discusión de una ley que estabilice los incentivos jurídicos de la política pública de la paz total.

En principio, dicho marco jurídico es indispensable para que los espacios de diálogo socio jurídico que se vienen adelantando -con dificultades contextuales y logros parciales- en Medellín, Quibdó y Buenaventura cuenten con una ruta institucional que permita precisar, con claridad y suficiencia, el conjunto de medidas que, en el mejor de los escenarios, los conduzca por la senda del sometimiento colectivo a la justicia, la reinserción a la vida civil y la reparación a las víctimas.

Y ciertamente es una discusión central para la paz total porque el proyecto de ley, compuesto por 8 capítulos y 54 artículos, plantea una distinción clave entre las organizaciones al margen de la ley; por un lado, a grupos como el ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconoce un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz; y por otro lado, a las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les propone un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.

Así que se trata de un proyecto de ley que no solo corresponde a un marco jurídico para atender con carácter preferente a los procesos de la paz urbana, sino que, además, propone una serie de instrumentos de justicia transicional para los demás frentes de la paz total; algunos, con un notable avance, como los procesos de negociación política con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur – actualmente en fases de acantonamiento territorial y destrucción de armamento –; y otros, con poco o nulo avance, como el acercamiento exploratorio con el Clan del Golfo.

Resulta muy importante que esa discusión no se reduzca a un mero procedimiento político en el Congreso de la República; le corresponderá tanto al Gobierno Nacional como al Congreso garantizar espacios descentralizados de participación para que todos los sectores sociales sean escuchados y que sus inquietudes, sugerencias o propuestas se tengan en cuenta. Participación que esperamos acompañar desde la Unidad Especial de Paz como actor integrado al Comité de Impulso de la Sociedad Civil en el proceso de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá.