La Universidad de Antioquia esta en mora de reconocer y tomar acciones institucionales contundentes contra el racismo, siendo un problema estructural que se produce y se reproduce cotidianamente dentro y fuera de sus aulas y oficinas.

La ignorancia o el silencio oficial frente a estas violencias no puede seguir cultivándose, siendo prácticas evasivas que solo las perpetúan. Los posicionamientos morales también son insuficientes ante la recurrencia, la escala y la magnitud de los casos conocidos y documentados en los campus de la Alma Máter.

El racismo no tiene que ser explicito a través de prácticas o leyes para existir.

Es una estructura social arraigada que trasciende las posibilidades de ser percibida en nuestra vida diaria, mucho menos por las personas, pueblos o culturas que históricamente han tenido el privilegio de no verse obligados a problematizar su humanidad en contextos de poder y subordinación.

“Ya vienen a cobrarme la deuda histórica” dijo una docente cuando le solicitaron recursos para realizar un evento académico sobre intelectualidades afrodescendientes en la Universidad siendo esa, entre otras, parte de sus destinaciones. “Quieren llenar esto de indios y negros”, dijo un directivo en otra ocasión cuando se le proponía tomar en consideración autorías afrodescendientes en una revista institucional sin demerito del rigor, la pertinencia o del procedimiento para llevar a cabo la publicación.

No son solo los ecos de los comentarios en las jardineras de la Plazoleta Barrientos que se confrontan sin efecto, o las actitudes que se desinhiben o licencian con la inacción, también son las prácticas sistemáticas de deshumanización de nuestra agencia cognitiva, epistémica y política en los espacios socialmente construidos para la generación, transmisión y apropiación de los conocimientos.

Dicho todo esto, la pregunta a responder es ¿Quién tiene que hacerse cargo?  y hacerse cargo no es un gesto retórico ni una declaración para el acta: el antirracismo como principio, praxis y estructura parte de una decisión política, ética e institucional que exige presupuesto, protocolos, formación obligatoria, rutas claras de denuncia y reparación, revisión curricular, transformación de prácticas editoriales y académicas, y un compromiso verificable en el tiempo.

Esto no se trata de “incluir” como concesión graciosa, sino de desmontar las estructuras que naturalizan la exclusión de unos y blindan los privilegios de otros.

La Universidad de Antioquia como proyecto público de conocimiento y democracia está llamada a mirarse sin maquillaje, a reconocer las deudas que no son metáfora y a actuar con la contundencia que la historia en nuestro contexto demanda. El racismo no se corrige con buenas intenciones; se enfrenta con decisión, coherencia y consecuencias.