Desde que comenzó el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en noviembre de 2022, no han parado de presentarse problemas que obstaculizan y afectan su buen funcionamiento. Como si se tratara de un autosabotaje a la máquina de la paz, a las negociaciones con esta agrupación guerrillera le han aparecido varios cascajos que han entorpecido su buena operación.

Entre las piedras que se le han dejado caer a la maquinaria de la paz –unas más grandes y otras más chicas– se encuentran: la muerte en combate del Sargento Franklin Montaña Pacagui, el 19 de marzo y de un soldado en Chocó, el 26 de marzo; además, numerosos atentados a la infraestructura nacional como las que se han presentado en el oleoducto Caño Limón-Coveñas o la activación de explosivos en varias carreteras de Antioquia.

Según los informes de la fuerza pública, solo para el mes de marzo, se contabilizan, por los menos, cinco ataques contra los militares en la región del Catatumbo. Siendo el ocurrido el miércoles 27, a las 3 de la mañana, el más doloroso; ese día, el Frente Camilo Torres del ELN atacó con explosivos al personal del Batallón Especial Energético y Vial No 10, dejando 9 militares muertos –7 soldados y 2 suboficiales– y 8 heridos.

Este último ataque a la fuerza pública ocurrió en la vereda Villa Nueva, corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, que queda en la región del Catatumbo, entre Norte de Santander y el departamento del Cesar. La mayoría de los muertos con la agresión fueron jóvenes, que rondaban los 20 años, situación que llenó de luto a muchas familias y aumentó el número de víctimas de la violencia en el país.

Con este atentado, el ELN mostró su voluntad real de guerra; es decir, su poder de beligerancia contra el Estado y la fuerza pública. También su sesgo en contra del sector minero-energético, pues la base militar que agredió fue, precisamente, la que protegía la infraestructura de este sector. Finalmente, evidenció su poder militar para hacer daño y generar violencia a otros actores armados y a la población.

Este golpe al Ejército colombiano, como siempre ocurre cuando se está negociando la paz con un actor armado, se convierte en un golpe directo a la máquina de la paz. La muerte de los militares fue leída por la opinión pública como un no deseo real de paz. Los ataques violentos merman la confianza en el actor armado, hacen perder la esperanza de paz y reduce el entusiasmo por apoyar el proceso.

Además, es una tranca al proceso de negociación que siempre es aprovechada por los “enemigos agazapados de la paz” para cuestionar la voluntad de diálogo; y en este caso para argumentar que la propuesta del gobierno Petro, relativa a la política pública de paz total, no está marchando; y que le falta orden y garrote contra los alzados en armas. Usan el dolor que se siente por los jóvenes asesinados como instrumento para criticar la apuesta por la paz del gobierno.

En definitiva, todos estos hechos lamentables nos recuerdan que estamos ante un conflicto armado activo. Una guerra en la que dos bandos enemigos se pueden atacar y agredir en cualquier momento. Que la violencia está presente en el país y que la muerte ronda a los guerreros y todas las personas que se encuentran cerca del paso de las balas. En definitiva, que morir en medio de la guerra es muy probable en Colombia.

Afortunadamente, esta situación de guerra y riesgo permanente también motiva a presionar por la salida negociada al conflicto. Para el país es claro que en los últimos 130 años la única estrategia que ha servido para finalizar los conflictos armados ha sido las negociaciones de paz. Desde la Guerra de los Mil Días hasta hoy este ha sido el camino más efectivo para acabar las confrontaciones. De allí que la esperanza en la paz negociada se mantenga, a pesar de los agravios.

El país no puede darse el lujo nuevamente de parar las negociaciones de paz por los actos de guerra. No puede ocurrir en estos momentos lo mismo que sucedió hace un poco más de cuatro años, con el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en el sur de Bogotá, cuando este hecho sirvió de razón suficiente para que el gobierno Duque parara los diálogos con el ELN y dejara anclados a los negociadores en Cuba.

En su lugar, debemos como ciudadanía y fuerzas vivas de la sociedad levantar la voz de protesta contra estos hechos y exigir que los diálogos de paz avancen con celeridad para que se sienten los actores en la Mesa de Conversaciones, en este caso, en La Habana, Cuba, en el tercer ciclo de negociaciones. Y que no se paren hasta que acuerden un cese al fuego y de las hostilidades, primero unilateral por parte de la guerrilla y luego bilateral uniéndose el Estado.

Regiones como Arauca, Cauca, Chocó y Nariño requieren que cesen las hostilidades contra la población civil. En estos territorios hoy es necesario desescalar el conflicto. Sus pobladores requieren movilizarse para afrontar la crisis humanitaria que viven. Además, esta sería la mejor muestra de voluntad de paz del ELN y una oportunidad para aumentar de alguna forma la confianza en el proceso.

De no hacerlo, el ELN se estaría autosaboteando: primero, porque estaría desaprovechando la voluntad gubernamental de negociar la paz: el presidente Petro ha metido buena parte de sus fichas en demostrar su voluntad absoluta de querer llegar al fin de la guerra. Segundo, el ELN estaría contrariando su deseo de involucrar a la sociedad en el proceso de paz: la guerra ahuyenta la participación y el cese al fuego incentiva el diálogo. Y tercero, de no acordar un silencio de los fusiles estaría manteniendo fuerte a los que critican el proceso de paz: les daría la razón de que el Gobierno le está concediendo demasiado a la guerrilla.

En conclusión, el dolor que hoy se siente en el país por la pérdida de vidas a causa de un largo conflicto debe servir para unir más voces y fuerzas y presionar a las partes para que se tome en la Mesa de Conversaciones la decisión del cese al fuego y las hostilidades. Una tarea en la que deben tener protagonismo los gobiernos garantes y acompañantes del proceso como Brasil, Venezuela, Cuba, Noruega, Chile y México, a quienes, el mismo día que ocurrió el episodio trágico, fueron llamados por el presidente Petro, junto a la delegación del Gobierno, para consulta.

La postura de la reunión que tendrán el Gobierno, los delegados y los países garantes y acompañantes el lunes de Semana Santa debe ser clara: el tercer ciclo de conversaciones debe adelantarse o no aplazarse demasiado. Deben las partes priorizar el tema del cese al fuego y de las hostilidades, en especial, los hostigamientos a la población civil.

De lograrse este consenso colectivo, nacional e internacional, de exigir al ELN la discusión y aprobación de parar la guerra, se estaría apuntando a una estrategia donde todos ganamos, en especial, el mismo ELN. Esta guerrilla estaría controlando el autosabotaje que está acometiendo con estos actos de guerra. Finalmente, se estaría logrando despejar el camino para que la máquina de la paz continúe su movimiento de forma más aceitada y con menos fricciones auto infringidas.

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