El proceso de diálogo sociojurídico entre el Gobierno nacional y estructuras criminales del Valle de Aburrá, incluyendo a “La Oficina”, ha sido una iniciativa clave dentro de la política de Paz Total. Iniciado en junio de 2023, este proceso busca explorar rutas de sometimiento colectivo a la justicia, reducir la violencia urbana y desarticular de forma integral las redes armadas que operan en la región.

En octubre de 2024, se definió una hoja de ruta para la participación de la sociedad civil en este proceso. Este documento establece mecanismos para el involucramiento activo de víctimas del conflicto urbano, mujeres, comunidades étnicas y población LGBTIQ+, con el objetivo de construir una agenda de transformaciones sociales en los territorios más afectados.

Sin embargo, persisten grandes desafíos. El principal es la ausencia de un marco jurídico específico que permita avanzar hacia un sometimiento efectivo de estas estructuras. Mientras tanto, las organizaciones armadas mantienen control territorial, regulan economías ilegales y continúan ejerciendo poder en los barrios. El diálogo con estas estructuras sigue en curso, pero enfrenta el reto de pasar de los acuerdos exploratorios a mecanismos reales de desmovilización, verdad y no repetición.

Gobierno nacional

Foto: senadores Isabel cristina Zuleta, Andres Guerra, Omar Restrepo,Gloria Florez, Jahel Quiroga, con Jorge mEJÍA Créditos: @isazuleta_ instagram

Voceros de  las estructuras Armadas Organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá

Foto: Voceros de las estructuras durante la instalación de la mesa de diálogo sociojurídico. Créditos: @ISAZULETA