Inicio la presente columna haciendo una precisión: me remito a la Resolución 257 de 2024 para referirme a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto conocida como Clan del Golfo y autoreconocida como Ejército Gaitanista de Colombia -EGC-. Me refiero a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- en los términos de referencia utilizados por el Gobierno nacional en la disposición normativa que habilitó la instalación de un espacio de conversación sociojurídico.

Este proceso con las AGC traza un segundo tiempo para verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho y fijar los criterios de un eventual sometimiento a la justicia por parte de la mayor estructura armada del país.

El primer tiempo con las AGC se frustró en medio de la improvisación y la falta de planeación que caracterizó la expectativa de la Paz Total en las primeras de cambio. Su punto de partida se fijó en aquel famoso trino de año nuevo, cuando el presidente, convencido de que “la paz total será una realidad” -luego resentiría con disgusto del nombre-,anunció un cese al fuego con las AGC; óigase bien, con las AGC, no con el Clan del Golfo. Dicho reconocimiento de la sigla sería un primer punto de encuentro. 

Con la expedición del Decreto 2658 de 2022 se formalizó el cese al fuego y el país quedó a la espera de conocer el tipo de proceso que se iniciaría con la estructura criminal que el presidente Duque había dado por acabada. Tan solo hay que recordar que el 19 de noviembre de 2021 el entonces presidente afirmó: “El Clan del Golfo como estructura llegó a su final.” ¡Vaya que Duque estaba bastante alejado de la realidad!

A pesar de las expectativas creadas entre diversos actores sociales y políticos, dado el poderío económico y la sostenida expansión territorial de las AGC, el cese al fuego bilateral cayó en saco roto y para marzo de 2023, en medio del paro minero del Bajo Cauca antioqueño, el presidente lo suspendió. Y como en este país se precian las formas legales: con el Decreto 380 de 2023 se le dio de baja al famoso decreto de año nuevo.

Así, se reanudaron las operaciones militares ofensivas y operativos policiales en todo el territorio nacional en contra de las AGC, pero a la par, según explicó el exaltocomisionado Danilo Rueda el 11 de mayo de 2023 en respuesta a una citación a control político en la Comisión Primera del Senado:

“ (…) la OACP ha mantenido conversaciones con dos facilitadores de este grupo armado, con el objetivo de mantener un mínimo de relacionamiento y comunicación con esta estructura y con ello, identificar las acciones que permitan avanzar en la recuperación de un espacio de diálogo bajo un cese al fuego bilateral. En este marco, la OACP ha sostenido algunas conversaciones con el apoyo y acompañamiento de algunas embajadas.”

Es decir, se conservó un canal mínimo de comunicación bajo la expectativa de retomar el proceso, y tal vez, reencauzar de nuevo un cese al fuego bilateral.

Y parece que el canal de comunicación surtió efecto, puesto que el pasado 6 de agosto, el presidente anunció que se retomaría el proceso con el Clan del Golfo; óigase bien, con el Clan del Golfo, no con las AGC. A los pocos días y en otro contexto se refirió al Clan del Golfo como una “estrategia de refundar un nuevo paramilitarismo”. Aunque para efectos de la continuidad de la conversación sociojurídica, y según reza en la Resolución 257, se retomó la sigla AGC.

Este segundo tiempo llega cuando las AGC -como se puede advertir en el siguiente mapa- viene demostrando el formidable alcance de su expansión y consolidación territorial.

A pesar de que para el momento de escribir esta columna todavía no se ha iniciado con la fase pública de la conversación sociojurídica y la naturaleza del “diálogo” sigue siendo un tema del debate entre expertos; considero que hay, por lo menos, tres factores claves para dinamizar tanto la actual fase exploratoria como la eventual fase pública.

1. El rol de las autoridades locales

Los alcaldes y gobernadores deben tener un rol destacado, ya sea, para ser participes de la elaboración de contextos o diagnósticos territoriales; para garantizar la articulación de los avances del proceso con las agendas territoriales de planeación; o para armonizar la participación de sectores de la sociedad civil. Aunque dicha participación deberá estar reglamentada, fijando, en aras de la transparencia, los límites entre la concurrencia del Gobierno nacional con los gobiernos locales. Porque si se sacan a los alcaldes y a los gobernadores de la ecuación de la conversación sociojurídica, pues el proceso, por muy bienintencionado que sea, nacerá muerto.

2. Participación de la sociedad civil

La participación de los sectores de la sociedad civil, desde las instancias vigentes, tales como los Consejos Municipales o Departamentales de Paz, Reconciliación y Convivencia -Conpaz-, las Mesas de Víctimas, o los Comités de Justicia Transicional; o, desde espacios de participación escalonada, delegativa o masiva, se deberá convertir en el principal activo social del proceso. No sé si tiene sentido reeditar recetas ya aplicadas en otros procesos de la Paz Total, tipo Comité Nacional de Participación o Comités de Impulso, pero sí se debe encontrar un mecanismo para que la participación de la sociedad civil -especialmente en las zonas bajo control de las AGC- sea permanente.

3. Acompañamiento internacional

El acompañamiento internacional pasa por delimitar la naturaleza del proceso; es decir, la distinción entre sí se trata de una negociación política o si se trata de un acercamiento para avanzar en un sometimiento colectivo a la justicia. En una reciente entrevista con El Tiempo, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación, descartó la participación de la ONU en los procesos con las AGC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Dicha postura marca una línea divisoria sobre el acompañamiento internacional en relación a los procesos de negociación de la Paz Total. Algo que, en perspectiva de articulación y practicidad, se debe problematizar y reposicionar en una eventual fase pública.

Un momento importante en este segundo tiempo con las AGC se dio el viernes 11 de octubre en un encuentro en el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba. El encuentro se realizó a raíz de una petición al Gobierno nacional por parte del gobernador Erasmo Zuleta y contó con la participación de los alcaldes de siete municipios, así como de delegados de la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo. Su objetivo se enmarcó en la necesidad de “complementar las conversaciones exploratorias que el Gobierno mantiene con las AGC, incorporando las perspectivas y necesidades de las comunidades locales”.

Este encuentro fue la primera experiencia de territorialización del espacio de conversación sociojurídico en su fase exploratoria. Un modelo incipiente de articulación que a bien se podría replicar en varias regiones del país.

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de ISEGORÍA al respecto.