Con la reciente presentación del Mapa de riesgo electoral y la Alerta Temprana Electoral 2025-2026, la Defensoría del Pueblo esbozó, con precisión técnica y rigurosidad metodológica, un panorama complejo de cara a las próximas elecciones —Consejos Municipales de Juventud, consulta partidista, elecciones nacionales—. De acuerdo con la Alerta Temprana, hay 62 municipios que requieren atención inmediata,162 con llamado a atención urgente y 425 con llamado a acción prioritaria. Para un total de 649 municipios con un nivel alto de riesgo electoral.

La presentación del Mapa de riesgo electoral de la Defensoría llegó a los pocos días de que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, hiciera público un mapa similar, pero que prioriza la atención en 104 municipios. Aunque la diferencia cuantitativa obedece tanto a enfoques metodológicos como a criterios de selección distintos, si hay coincidencia en los 62 municipios con riesgo grave y que, en su mayoría, se encuentran ubicados en Norte de Santander, Putumayo, Arauca, Cauca, Nariño, Chocó y en el sur del Valle del Cauca.

Pero la Defensoría plantea un análisis más estructural y concluye que el país afronta el inicio de un “tercer ciclo de violencia” —la perspectiva esbozada por el académico Francisco Gutiérrez en 2020— identificando como riesgo determinante para la estabilidad democrática los contextos de hegemonía, consolidación, coexistencia o disputa territorial de los Grupos Armados Ilegales (GAI), en el marco del conflicto y la criminalidad organizada. Contextos que se han venido acelerando o acentuando en medio de la implementación de la política de Paz Total.

Sin duda, tras la salida de las Farc-EP de la ecuación de la guerra en 2016, el conflicto armado se transformó. Ha sido un proceso escalonado con picos de intensidad que se aceleró en el Gobierno de Iván Duque. Con cambios radicales en los repertorios de violencia, en las formas de acción y estructura y, especialmente, en los objetivos de los actores armados rebeldes. Sin dejar de lado la influencia creciente del crimen organizado transnacional y el vaivén geopolítico en zonas fronterizas.  

La Paz Total se avizoró como una estrategia multidimensional que se propuso darle un cierre definitivo al conflicto armado; sin embargo, sus resultados, a pocos meses de concluir el Gobierno, resultan siendo limitados, y, en el mejor de los casos, se han concentrado —con altas dosis de incertidumbre— en procesos territorializados, muy importantes, pero que no corresponden con su ambiciosa expectativa inicial.

De ahí que la Alerta Temprana de la Defensoría al darle respaldo institucional a la tesis del inicio del “tercer ciclo de violencia” también presente un subtexto: un balance negativo a la Paz Total.

Y aunque concluir que 649 municipios —de los 1104 que tiene el país— se encuentran en alto riesgo electoral resulta de entrada dramático y lleva a considerar un escenario de democracia asediada por los violentos, en la Alerta Temprana la Defensoría aclara que su objetivo es “(…) formular recomendaciones a las entidades competentes con el fin de fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional”.

En total, son 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado:

• Ministerio del Interior: fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.

• Ministerio de Defensa y Fuerza Pública: garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.

• Unidad Nacional de Protección (UNP): implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.

• Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral: asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral.

• Procuraduría, Personerías y demás órganos de control: vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.

De la acción coordinada de las instituciones, así como de las organizaciones de la sociedad civil que velan por la vigilancia y transparencia democrática —destacando el rol de la Misión de Observación Electoral—, depende que el riesgo se reduzca y las próximas elecciones si den cuenta de una voluntad ciudadana que, aún en medio de la violencia y desde una democracia meramente procedimental, resulta en algo funcional.

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