A la escalada diplomática y cada vez más personal entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se agregó la ruptura de un consenso estratégico que desde 2016 se sostenía en torno al Acuerdo de Paz: a instancia de Estados Unidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas restringió el mandato de la Misión que desde el 26 de septiembre de 2017 realiza labores de verificación a la implementación del Acuerdo, presentando cada tres meses un informe ante el pleno del Consejo de Seguridad donde se da cuenta de sus rezagos y avances en los siguientes ítems: reincorporación de excombatientes de las FARC, garantías de seguridad y reforma rural integral.

Entre 2018 y 2024, la extensión anual del mandato de la Misión se surtió como una mera formalidad en el seno del Consejo de Seguridad; total, el proceso de paz en Colombia, con sus rezagos y avances, seguía siendo “una gran noticia” para un mundo plagado de conflictos armados. Sin embargo, dicho consenso, tal vez, el principal activo internacional en el “blindaje” del Acuerdo, se fue erosionando al vaivén de los cambios geopolíticos que Trump viene imponiendo a diestra y siniestra.

Y ciertamente Colombia, en medio de la tirante y grotesca relación Petro–Trump, no es una excepción.

De ahí que Michael Waltz, embajador estadounidense ante la ONU, haya amenazado con vetar la resolución que buscaba extender la Misión si no se hacían cambios a su mandato. Modificaciones diseñadas a su medida que de facto no la liquidaban, pero que sí restringían tanto su despliegue territorial como su capacidad de acción con relación a dos asuntos claves: la verificación de las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, y el seguimiento al Capítulo Étnico.

Tras varias semanas de un inédito tire y afloje Estados Unidos se abstuvo de votar, pero terminó imponiendo la restricción: con 13 votos a favor y solo dos abstenciones se modificó el mandato de la Misión. Es un golpe a la paz.

Porque el prudente despliegue territorial de la Misión desde 2017 ha sido clave para generar espacios de articulación en momentos críticos de la implementación, no solo haciendo necesarios llamados de atención que han obligado a diferentes gobiernos a emprender acciones, también se convirtió en el soporte de un sólido respaldo internacional para un Acuerdo de Paz que, tras la debacle del plebiscito y la llegada al poder de un Gobierno que prometió “hacer trizas la paz”, le garantizó a la sociedad civil un espacio seguro para demandar por la implementación de lo acordado.

Las víctimas, los firmantes de paz, las poblaciones afros e indígenas, las mujeres y los jóvenes han encontrado en la Misión a un interlocutor respetable. A pesar de la polarización corrosiva que ha caracterizado al país desde el plebiscito nunca se ha cuestionado la objetividad, trayectoria y reconocimiento de su mandato.

Además se tenía muchísima expectativa del rol que jugaría en la eventual verificación de las sanciones restaurativas para los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad; es decir, en los trabajos, obras y actividades con contenido reparador que recién estamos conociendo sobre el papel de las sentencias de la JEP tras la resolución –total o parcial– de los macrocasos y que, a su vez, requieren, tanto para apuntalar su legitimidad social como para asegurar fuentes de financiación, del acompañamiento decidido y uniforme de la comunidad internacional.

Con la restricción al mandato de la Misión las sanciones restaurativas se quedan sin un verificador objetivo y técnico inmune a la polarización. Responsabilidad que ahora le cabe única y exclusivamente al mecanismo de verificación de la JEP.

Columna aparte merece el análisis del impacto de la restricción en la verificación del Capítulo Étnico que sigue siendo uno de los más rezagados de la implementación.

Es un golpe a la paz que deja varios interrogantes, especialmente sobre la observancia de la comunidad internacional al cumplimiento de sanciones restaurativas que varias organizaciones de víctimas muy inconformes con las sentencias de la JEP buscarán llevar ante la Corte Penal Internacional. Sin el despliegue técnico de la Misión la JEP queda presionada para establecer controles exhaustivos a un Sistema Restaurativo que todavía no se sabe cuándo va a empezar en propiedad o cómo se va a financiar. El reto no pinta menor.

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