Fredy Chaverra Colorado 
Equipo ISEGORÍA 

 El 30 de marzo de 2016 el gobierno Santos y la guerrilla del ELN, tras dos años de diálogos exploratorios y confidenciales, acordaron una agenda de negociación. Aunque este fue un hito que pasó de agache para la opinión pública, en ese momento más concentrada en el cierre del proceso de negociación con las FARC, si representó un avance notable. La Agenda de Quito fue asumida por el ELN como una “conquista histórica”; sin embargo, para Santos, más preocupado por acelerar la negociación con las FARC y así coincidir con los tiempos del Comité Noruego del Nobel, la agenda resultó intrascendente.  

Solo fue tras la victoria de Petro y Francia Márquez que la agenda alcanzó cierta centralidad al convertirse en la brújula y el leitmotiv en el descongelamiento de la Mesa de conversaciones. Desde ese momento, la agenda se asumió como la piedra fundacional para “construir sobre los construido”. Pero la agenda se debía actualizar, pues en los últimos siete años han pasado muchas cosas, y una agenda para cerrar el conflicto armado con la última guerrilla del siglo XX, se debía actualizar a los tiempos modernos.  

Esa actualización fue el tema central durante el desarrollo del segundo ciclo de conversaciones realizado en Ciudad de México. Y fue el pasado 10 de marzo, con la presencia de Francia Márquez y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que se presentó a la opinión pública una agenda actualizada bajo el título “Acuerdo de México”.  

A continuación, presento un breve análisis de algunos de los elementos más importantes del Acuerdo de México.   

Una agenda maximalista  

La nueva agenda de negociación se caracteriza porque propone el abordaje de temas de gran amplitud y no plantea elementos de análisis para operativizar su discusión. De ahí que se pueda calificar como maximalista; es decir, como una agenda que aboga por la discusión sobre grandes transformaciones democráticas y sociales; algo muy diferente a las clásicas agendas minimalistas que reducían su radio de acción a explorar las recetas del Desarme, Desmovilización y Reintegración -DDR- (muy habituales en los procesos de negociación que se surtieron en el país durante los años 90).  

Ese carácter maximalista de la agenda no resulta tan problemático si las delegaciones avanzan rápidamente en la construcción de niveles de comprensión que permitan operativizar lo que se podría entender por “Participación de la sociedad en la construcción de paz”, “Democracia para la paz” o “Transformaciones para la paz”. Pero si la Mesa se distrae en discusiones ideales o filosóficas sobre la naturaleza de la democracia o la esencia de las “transformaciones”, podría perder tiempo valioso y convertirse en un simple espacio de elucubraciones intelectuales.  

Así el ELN insista en que no correrá con los tiempos del gobierno, debe ser más razonable y entender que el mandato ciudadano que le otorgó legitimidad a Petro y de facto habilitó el descongelamiento de la Mesa si tiene fecha de caducidad. La Mesa no se tiene que convertir en un apéndice instrumental del gobierno; eso está claro, pero tampoco le puede dar la espalda a una realidad social y política que demanda respuestas oportunas.  

Ecos del Acuerdo de Paz 

Cuando se inició la fase pública del proceso de negociación con las FARC en septiembre de 2012, el presidente Santos expresó que uno de sus anhelos era que el ELN se pudiera integrar a la negociación para así llegar a una “paz completa”. Lo cierto es que el ELN nunca le caminó a ese anhelo y siempre fue muy claro en que su proceso no sería subsidiario del que se adelantaba en La Habana, ya que requería de una agenda y metodología específica. Esa postura se terminó convirtiendo en una línea roja que eventualmente derivó en una crítica permanente tanto al Acuerdo de Paz como a su implementación.  

De ahí que resulte particular que en la nueva agenda se encuentren ciertos ecos del Acuerdo de Paz. Entre ellos resalto:  

– El llamado a un gran acuerdo nacional  

El primer punto del Acuerdo de México propone un “Pacto Nacional que tenga la fuerza de concitar las voluntades de todos los sectores de nuestra sociedad”. Este Pacto, se plantea, será el resultado de “una alianza de fuerzas, movimientos y organizaciones políticas, económicas, sociales, medios de comunicación, y distintos grupos y expresiones populares que deberán empujar los cambios que requiere la sociedad colombiana”.  

En contraste, en el subpunto 3.4.2. del Acuerdo de Paz se aborda algo muy similar, pues se acordó un Pacto Político Nacional para superar el conflicto armado, con la participación de todas las regiones y sectores sociales, políticos y religiosos.  

A la fecha, ese Pacto Político Nacional no se ha implementado en su totalidad y solo se ha reducido a posiciones unilaterales de la exguerrilla. ¿La negociación con el ELN será una oportunidad para reivindicar su importancia?  

– La centralidad de la planeación participativa  

El segundo punto del Acuerdo de México hace explicita la necesidad de “revisar y fomentar la participación y decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan, y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales”, y el subpunto 3.3 recalca la formulación de “planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales, (…) que constituyan opciones económicas, productivas y sustentables en beneficio de las comunidades”.   

Tanto los instrumentos de política pública como los planes de desarrollo alternativos integrales, se podrían asemejar, en gracia de discusión, a varias de las políticas, planes y programas acordados en la reforma rural integral del Acuerdo de Paz; entre ellos: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes Comunitarios Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), y los Planes Nacionales Sectoriales.  

Bajo la lógica de “construir sobre lo construido”, las delegaciones en su conjunto deben valorar los instrumentos de planeación participativa creados para impulsar estas disposiciones de la reforma rural integral, si es el caso, actualizar sus metodologías o extender sus alcances. No me cabe la menor duda de que dialogan con los puntos sobre democracia y transformaciones para la paz.  

– La cuestión no resuelta del paramilitarismo  

Entre la agenda pactada en Quito y el Acuerdo de México hay una diferencia importante, mientras que en la primera se acordó esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, en la segunda, sin mayor reserva, se pactó erradicar toda forma de paramilitarismo. Esa diferencia no es meramente semántica y obedece a la preocupación legítima del ELN por el copamiento territorial de estructuras ligadas al paramilitarismo tras el desarme las FARC. 

Pero esa preocupación también le asistió a esta última guerrilla; inclusive, en el Acuerdo de Paz son varias las disposiciones que contemplan medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo. Entre ellas; la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo-creada al interior de la Fiscalía – y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (inactiva durante el gobierno Duque).  

Hasta se promovió y aprobó una reforma constitucional que expresamente prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial de grupos de autodefensas o paramilitares (es el acto legislativo 05 de 2017). Así que vale la pena preguntarse: ¿Qué entenderá la Mesa por erradicar toda forma de paramilitarismo?  

– La importancia de asumir los acuerdos como un compromiso de Estado  

Desde el Acuerdo de México se considera que “Los acuerdos deben trascender la voluntad explicita del presente gobierno y constituirse en mandatos de Estado.” Ese afán por reiterar un blindaje para que lo acordado efectivamente se implemente ya quedó explicitó en la Ley 2272 de 2022 -también conocida como Ley de Paz Total-, pues en su primer artículo establece que:

Esa misma preocupación por el blindaje le asistió a la delegación de las FARC; al punto, que en la ruta de implementación se impulsó y aprobó una reforma a la Constitución Política que obliga a las instituciones y autoridades del Estado a cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final (es el acto legislativo 02 de 2017). Pero ese blindaje constitucional no resultó tan efectivo durante el gobierno de Duque y evidenció que en la implementación de un acuerdo de paz prima más la voluntad política que las obligaciones constitucionales. ¿Cambiará ese panorama?  

Ya con una agenda que seguramente se irá ajustando y operativizando en las múltiples escalas de la negociación -la próxima escala será La Habana-, se puede afirmar que el proceso con el ELN toma un rumbo, sí llega a buen puerto o se estanca para volverse a reactivar después de “cinco mil muertos”, ya será resultado de la tenacidad o pericia de las delegaciones.