“La declaración (…) evidencia que nunca se tuvieron en cuenta mis permanentes reflexiones sobre las implicaciones de ceder ante la condición del ‘Clan del Golfo’ de utilizar el gaitanismo para enmascarar su barbarie y como anzuelo para cooptar al pueblo. El hecho de haberse sometido a esta condición es una ofensa y un mensaje inaceptable para los gaitanistas (…).” Apoyada en estas palabras, María Gaitán Valencia (nieta de Jorge Eliécer Gaitán) renunció a la delegación de paz del Gobierno Nacional, encargada de entablar los diálogos con el Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o, ahora, Ejército Gaitanista de Colombia.

Más allá de un reparo personal, la demanda de Gaitán Valencia deja al desnudo un problema de fondo: las intenciones del Clan del Golfo de posicionarse como una organización político–militar, a pesar de su evidente expansión delictiva a lo largo del territorio nacional, el Clan del Golfo ha permanecido en una incesante búsqueda de reconocimiento político.

Institucionalmente, fueron conocidos como una Banda de Crimen Organizado -Bacrim-  (una etiqueta algo curiosa que pretendía ocultar la herencia del paramilitarismo en el Urabá antioqueño), posteriormente, fueron llamados los Urabeños, debido a su efectiva influencia y poderío territorial en esa subregión. Las fuerzas del Estado lo rebautizaron un par de veces más, llamándolo técnicamente como Grupo Armado Organizado, posteriormente, al descubrir que esta organización criminal actuaba bajo el mando de cuatro hermanos, oriundos de Turbo Antioquia, pasó a identificarlos como el Clan Usuga, por el apellido de esta familia. Finalmente, tras consolidar el tráfico de drogas en el Urabá antioqueño y Chocoano, decidieron darle un nuevo nombre, pasando a ser reconocido como, Clan del Golfo, haciendo alusión al Golfo de Urabá, territorio donde tiene gran control y consolidación.

Aunque podría parecer que no hay forma de rebautizar al mismo actor armado, estos nombres solo reflejan la manera en que la institucionalidad ha pretendido verlos a lo largo del tiempo. Mientras el Estado trataba de bautizar un “cáncer” que lentamente va haciendo metástasis, este grupo criminal ha ido tejiendo su identidad –de una forma cuestionable–.

La primera vez, mediante una estrategia panfletaria propia de las antiguas guerrillas, a mediados del año 2016, el Clan del Golfo se autoproclamó como una organización político–militar, inundando varios municipios del Urabá y de la costa caribe con un manifiesto escrito y plasmando en paredes con las siglas AGC, presentándose, así como, Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Desde el primer momento en que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel – para entonces máximo líder de la organización– intentó llamar la atención del gobierno de Juan Manuel Santos, -que se encontraba ad-portas de firmar la paz con una de las guerrillas más poderosas del país-, fue cuestionado por utilizar el nombre de una de las figuras más respetadas en la vida política nacional.

¿Qué tiene que ver una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con las luchas que Gaitán encarnó en su momento? ¿No es en sí misma una contradicción la connotación de “Autodefensa” teniendo en cuenta que así se autoproclamaron las organizaciones contrainsurgentes en Colombia a las cuales no se les puede reconocer claramente como actores político–militares? Hoy, la organización no solo utiliza el nombre del que en su momento fuera uno movimientos políticos más grandes –el gaitanismo–, sino que además porta en su escudo la imagen del caudillo, reafirmando lo que ellos “entienden” como una apuesta política.

En un Estado que ha ejercido una presencia diferenciada en cada uno de sus territorios, resulta importante analizar de fondo el papel que esta organización ha jugado en cada subregión y municipio en el que opera. No puede pasarse por alto la astuta maniobra de renombrarse una vez más, pasando a ser ahora el “Ejército Gaitanista de Colombia”, de cooptar organizaciones sociales y juntas de acción comunal, estrategia que el Clan del Golfo ha intensificado en los últimos meses. El estatus político que este grupo lleva exigiendo desde hace años no debe convertirse en la moneda de cambio que el gobierno ofrezca para desarticularlo

¿Si se quiere encontrar una salida negociada de la vida criminal, por qué se insiste en reafirmar su poderío mediante la expansión territorial y la lucha constante, pretendiendo ganar terreno a organizaciones guerrilleras como el ELN y a las disidencias de las FARC en el sur de Bolívar y parte de Antioquia? ¿Es acaso el diálogo de paz el camino idóneo para desarticular definitivamente a la organización criminal más poderosa del país? ¿Es correcto otorgarle un estatus político a la organización criminal que más droga exporta desde Colombia?

Las respuestas a estos interrogantes y, a muchos otros, que surgen tras el anuncio del Gobierno Petro de iniciar acercamientos hacia un diálogo de paz con esta organización criminal, pueden resultar sumamente amargas. Es necesario que el gobierno replantee cuidadosamente la postura a adoptar, pues, por encima de las intenciones declaradas de salvar un proyecto político –que tras el rompimiento de las mesas de negociación con el ELN ve desvanecerse una de sus apuestas más ambiciosas– se encuentra la población civil, que ha tenido que sufrir las graves consecuencias del accionar delictivo de este grupo ilegal, es preciso actuar con rigor y determinación para proteger la paz y la seguridad de los territorios.

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