Con el ELN se viene avanzando en un proceso de diálogo que rompió un principio que se instituyó durante las conversaciones de La Habana, el famoso: “nada está acordado hasta que todo este acordado”. Se recordará que los avances temáticos de la entonces Mesa entre el Gobierno Santos y las Farc se presentaban a la opinión pública como “borradores conjuntos”.

Desde el primer momento, ambas delegaciones concibieron al acuerdo como un documento que estaría plenamente integrado cuando el mecanismo de refrendación -que tras la debacle del plebiscito terminó recayendo en el Congreso- validará un acuerdo final.  

Ahora bien, con el ELN se desechó ese principio y emergió la figura del acuerdo parcial cuyo sentido se sintetiza en la siguiente expresión del canciller Álvaro Leyva: “lo que se va acordando se va aplicando”.

Aunque este principio se torna positivo desde una perspectiva tanto social como política -ya que no induce a la Mesa a caer en la misma inercia que por varios años caracterizó la negociación con las Farc- buscando un mayor dinamismo en las posibilidades de participación e incidencia de la sociedad, también tiene un claroscuro que a la larga se podría configurar en un arma de doble filo.

Inicialmente, estos acuerdos parciales generan expectativas inmediatas. Son expectativas que al no cumplirse erosionan la credibilidad del proceso entre comunidades afectadas por el conflicto armado y que no solo están a la espera de alivios humanitario urgentes, sino de transformaciones estructurales que las saquen de la lógica de la guerra. Así quedó en evidencia en las relatorías de las caravanas humanitarias que las delegaciones emprendieron -como avanzada para llegar a un primer acuerdo parcial- en las comunidades del Bajo Calima y Medio San Juan.

A la fecha no se dispone de un sistema de información que desde un enfoque territorial y en tiempo real determine como el Gobierno Nacional viene implementando los puntos de este acuerdo parcial. Responsabilidad que la Mesa delegó en el recién creado Ministerio de Igualdad y Equidad. ¿Acaso, se revisará su estado de implementación durante el cuarto ciclo?

De la misma forma, se tendrá que valorar cómo va la implementación del segundo acuerdo parcial sobre la atención humanitaria a los presos políticos del ELN. Precisamente, el pasado 27 de agosto el colectivo de prisioneros “Orlando Quintero Páez” le envió una carta a Pablo Beltrán en la que manifestaban su preocupación por lo que consideraban como incumplimientos del acuerdo sobre alivios humanitarios para los presos políticos del ELN gravemente enfermos.

Para que los acuerdos parciales no se terminen convirtiendo en una discusión reiterada en cada ciclo o en un “cuello de botella”, la Mesa debe activar mecanismos especializados de monitoreo y verificación que den cuenta del estado de su implementación. Porque sí el principio orientador del actual proceso es “lo que se va acordando se va aplicando”; en primera medida, se deben crear las condiciones institucionales que garanticen esa implementación -así lo viene señalando Antonio García- ; y, de forma complementaria, entregarle a la sociedad las herramientas para valorar cualitativa y cuantitativamente su nivel de cumplimiento. 

Por el momento, la figura del acuerdo parcial sigue orbitando entre la novedad y la expectativa, es un claroscuro que resalta su validez para dotar de mayor legitimidad el proceso, pero que, a su vez, se confronta con la incapacidad crónica de un Estado burocrático para cumplir con los acuerdos de paz, así sean parciales.

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