Concluida la firma del Acuerdo de Cuba, el jefe de la delegación del ELN, el comandante Pablo Beltrán, un curtido negociador con más de tres décadas de experiencia en procesos de paz, fue abordado por varios medios de comunicación y consultado sobre los alcances del cese al fuego. Las preguntas de los periodistas llevaron a indagar sobre la continuidad de las “operaciones de finanzas”(dícese secuestros y extorsiones) y a una declaración harto destemplada del experimentado jefe negociador.

Dijo Beltrán: “Los impuestos que se cobran en las regiones seguirán. Lo mismo sucederá con las retenciones si son necesarias”.

Esa declaración rápidamente se viralizó en redes sociales y le dio patente de corso a algunos sectores políticos y mediáticos para despotricar del proceso y sembrar un manto de duda sobre lo establecido en el acuerdo del cese al fuego. ¡Hasta se llegó a afirmar que el ELN tiene licencia para secuestrar!

Inicialmente, debe quedar claro que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), ningún actor armado tiene licencia para secuestrar, ya sea que a los secuestros se les llame “retenciones” (como también lo hacia la extinta guerrilla de las Farc-Ep) o que se tenga una interpretación particular de lo que se entienda por “toma de rehenes”, el secuestro es una violación flagrante y grave al DIH que en nuestro ordenamiento jurídico además forma parte del bloque de constitucionalidad.

Así la retención o el secuestro no se enuncie como una prohibición taxativa en los protocolos iniciales del cese al fuego bilateral (que se seguirá discutiendo en los próximos meses), el eventual Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) que estará compuesto por el ELN, la Fuerza Pública, la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas, y que además contará con la veeduría permanente de redes de organizaciones sociales, no será ajeno a conocer y observar los hechos conducentes a esa grave infracción al DIH.

Si el ELN asume que continuar con el secuestro resulta “necesario” para avanzar en sus operaciones financieras, es una postura temeraria que, por un lado, le resta espacio político a un cese al fuego que, en palabras del senador Iván Cepeda, busca “desescalar el conflicto armado para escalar la política” (con una importante participación de la sociedad), y por el otro, le agrega una presión mediática adicional al cese bilateral, nacional y temporal, pero que con buenos resultados en su fase inicial se podría renovar.

Y aunque el secuestro de algunos integrantes de la Fuerza Pública ha tensionado la dinámica de la Mesa de Diálogos, tampoco se puede desestimar que en muchas ocasiones el ELN ha procedido -con intermediación de la Iglesia y la Cruz Roja- a su pronta liberación. Son gestos positivos que vale la pena dimensionar en sus justas proporciones y con la expectativa de que en un momento más avanzado del proceso esta guerrilla (como en su momento lo hicieron las Farc-Ep) podría anunciarle al país la suspensión definitiva de la práctica del secuestro.

Sin duda, sería una excelente noticia y un importante factor dinamizador para dotar de mayor legitimidad el proceso de negociación.

La clave se encuentra en la frase del senador Cepeda: “desescalar el conflicto armado para escalar la política”.

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