El ELN fijó su ultimátum para el 23 de agosto. Sí para ese día el Gobierno decide no publicar un decreto que lo excluya de la lista de Grupos Armados Organizados -GAO- el proceso diálogo -convertido en lo que va del año en un cruce interminable de comunicados y trinos- podría pasar del estancamiento a la agonía. Todavía no es claro si el ELN en su versión más arrogante -muy bien encarnado en el semblante adusto del comandante Antonio García- se levantará de la Mesa o si la paciencia del Gobierno se agotará en una espiral de frustración.

Resulta preocupante que el diálogo, con un destacado avance en acuerdos parciales, pero sin llegar al anhelado punto de no retorno, se enrede en las marismas de la desconfianza y la negación. Que la guerrilla le haya lanzado un ultimátum al Gobierno y que el presidente haya respondido con una propuesta dizque “secreta”, ya dice mucho del grado de desconfianza al que se ha llegado a la par de un estancamiento progresivo. Atrás quedaron los días de sana cofradía o de “diálogo entre amigos” -en palabras de la oposición- que caracterizaron el diseño del Acuerdo de México. 

Para el ELN, el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos parciales, no solo retó el indomable ethos de su unidad de mando al instalar un proceso paralelo con el Frente Comuneros del Sur -ahora una estructura autónoma y rebautizada-, sino que además, y en desatención a su condición insurgente, no los ha sacado -vía decreto presidencial para ser más precisos- de aquella lista de GAO que en su visión rebelde los pone al mismo nivel de las estructuras armadas de origen y trayectoria paramilitar con los que el Gobierno anda buscando diálogos socio-jurídicos.

En atención a los no entendidos en historiografía elena la solución resulta siendo sencilla; es decir, que el presidente estampe su firme y sale pa´pintura, pero la realidad es tozuda, puesto que esa disputa extramesa, en principio, pasa por una consideración de naturaleza jurídica -que según Otty Patiño solo podría hacer tránsito por el Congreso-, y en lo estructural, reduce la capacidad de fuego que las Fuerzas Militares podrían desplegar in stricto sensu ante el ELN. Por qué si esa guerrilla no es un GAO, entonces, ¿qué es?: ¿un partido político alzado en armas?, ¿un movimiento social armado?, ¿hermanitas de la caridad?

Cuando en el panorama del diálogo todavía no aparecía la amenazante palabra ultimátum, el Gobierno buscó zanjar esa discusión con la expedición de la Resolución 036 del 6 de marzo del 2023 “Por la cual se reconoce la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con el ELN tendientes a facilitar su desarme y desmovilización”. Pero dicha Resolución peca de excesiva ingenuidad, ya que si de algo estoy seguro, es que en la gramática de resistencia armada elena no tienen cabida las palabras “desarme y desmovilización”. No fue una salida jurídica ajustada a las expectativas de la guerrilla y tampoco logró conculcar la inminencia del ultimátum.

Además, el asunto va más allá de sacar al ELN de la lista de los GAO, porque en perspectiva de clara estrategia negociadora, ese ultimátum podría ser el primero de muchos, de un rosario de ultimátums, que, en gracia de una insana discusión, inicia como una exigencia jurídica por excelencia para derivar en los terrenos farragosos de la presión o chantaje.

Entre un ultimátum y una propuesta secreta el diálogo con el ELN, el que más ha avanzado con una guerrilla que se jacta de ser la que tiene más experiencia en procesos de negociación en la historia reciente de la humanidad, no ha logrado consensuar el fin del conflicto como una posibilidad real o si acaso llegar a un punto de no retorno. Para infortunio de los territorios y comunidades que padecen los rigores del conflicto social y armado se va convirtiendo en un espejismo. Un estridente espejismo que no se disipa con trinos en X.

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