Este 6 de febrero de 2024 finalizó en La Habana, Cuba, el VI Ciclo de Negociaciones del proceso de paz que se lleva a cabo entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el cierre se dieron a conocer, como se ha vuelto habitual, los acuerdos a los que se llegaron entre las partes —cinco acuerdos y dos protocolos—. Ya que la novedad de este proceso es que todo lo que se acuerda se implementa de manera inmediata, en la medida que se avancen en los diálogos.

Entre los acuerdos de este ciclo está el No 26, con el que se crea el Fondo Multidonante para el Proceso de Paz. Un valioso instrumento de financiamiento —resultado del Acuerdo No 21 que se firmó en el V Ciclo realizado en México—, que recibirá recursos de muchas partes —de los países garantes, acompañantes, agencias de cooperación, del sector privado, etc.—, será administrado por un Comité Directivo y otro Técnico y tendrá el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien velará por su “transparencia, monitoreo, auditoría y rendición de cuentas” —segundo y séptimo numeral—.

Este fondo, que tendrá una vigencia inicial de un año y que podrá prorrogarse, comenzará a operar entre febrero y abril del 2024, luego de que se reglamente, y servirá para financiar actividades “pactadas por la Mesa de Diálogos para la Paz”, entre ellas: “Participación, Cese al Fuego, Dinámicas Humanitarias, Zonas Críticas”. Es decir, utilizará los recursos para que se avance en el cumplimiento de los acuerdo a los que vaya llegando entre las partes, en la que se incluirá, por supuesto, los gastos que exige la logística para la participación de la sociedad en el proceso de paz.

En ningún momento, en el Acuerdo No 26, se estableció que estos recursos se utilizarán para financiar las actividades militares o de guerra que realiza el ELN. Existe entre la opinión pública el imaginario de que con este fondo se alimentará la organización ilegal, es decir, servirá como mecanismo de financiamiento de las operaciones militares, a cambio de que ésta deje de secuestrar. Lo cual es totalmente falso. En ninguna línea, de los nueve puntos que contiene el Acuerdo No 26, se dice que parte de estos recursos tendrán este fin.

Está errónea idea quedó sembrada entre la ciudadanía y la comunidad internacional  cuando el presidente Gustavo Petro, en junio de 2023 de visita en Alemania, planteó la opción de conseguir dinero para entregarle al ELN a cambio de que no secuestrara más. Tema que se discutió aún más en el país con el secuestro en noviembre del padre y la madre del futbolista colombiano Luis Díaz. Una idea a la que de inmediato se le criticó a pesar de la viabilidad financiera que podría tener.

Tanto para el grupo de países amigos y acompañantes como la ciudadanía es inapropiado que se piense en pagar a los armados ilegales para que no cometan delitos, sobre todo en unos actos que violan el derecho internacional humanitario (DIH). De allí que tanto los representantes del Gobierno como varios políticos destacados dijeron: ni un peso para la guerra, todo para la paz. Recursos para los programas sociales, para las políticas económicas de apoyo a comunidades afectadas por el conflicto y para el cumplimiento de los acuerdos  que le apunten a transformar la sociedad. Pero ni un peso para prolongar el conflicto, para financiar las armas o para mantener los ejércitos que hacen la guerra.

En conclusión, estamos frente a la creación de un valioso fondo —como el que ya existe en el país desde 2016 y que sirve para apoyar la implementación del Acuerdo Final con las Farc-ep—. Un recurso que servirá para “fortalecer y hacer sostenible el proceso de paz” —primer numeral—. Un mecanismo de financiamiento donde se notará, una vez más, el compromiso de la comunidad internacional para invertirle a la paz colombiana.

No podemos dejar pasar la oportunidad de firmar un acuerdo de paz con la última guerrilla del hemisferio Occidental. El compromiso de todos los actores debe ser trabajar para que este proceso sea efectivo y exitoso. En este sentido, los recursos que administrará el Fondo multidonante del proceso de paz se convertirán en un importante instrumento para ayudar financieramente a la construcción de este bien público colectivo que es la paz.

*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

**Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de Isegoria al respecto.