PRIMERA PARTE[1]

«La paz es como la felicidad, no

se tiene sino por momenticos.

Uno no sabe que la tuvo sino

cuando ya pasó».

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

No existe antropólogo forense, médico legista o cuántico emergente que, aun rompiendo con la clásica estrategia de búsqueda del doctor Sherlock Holmes, haya podido detectar una familia colombiana en la que el conflicto no hubiese tocado la puerta de nuestras casas durante las últimas seis décadas, para asentarse en ellas a manera de secuestro, desaparición forzada, violación, encarcelamiento, persecución política, allanamiento, vejación, fusilamiento, detención arbitraria, conculcación de derechos políticos…

Al decir de nuestros abuelos, todo comenzó con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en pleno centro de la Bogotá conventual, que entonces hizo de anfitriona para las deliberaciones de la IX Conferencia Internacional Americana de la Organización de Estados Americanos (OEA)[2], en el marco de la cual se firmó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Tratado de Bogotá. La ciudad se convirtió en un pandemonio de incendios, venganzas, asaltos, indignación y movilización popular, represión oficial y centenas de asesinados, apiñados como papas desechables en fosas comunes del Cementerio Central.

Las bases populares y campesinas de los partidos Conservador y Liberal, aupados por las declaraciones grandilocuentes de las castas oligárquicas herederas del poder asumido en los albores de la independencia, tras la defenestración política y moral de Simón Bolívar en 1830, y por los sermones de los jerarcas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana[3], atizaron una hoguera nacional de espanto en la que demostraron la máxima creatividad para denigrar el cuerpo y la dignidad del contario: la maldad se expresó en toda su dimensión.

Un conjuro maléfico de pueblo contra pueblo; de pájaros-azules (conservadores) contra cachiporros-rojos (liberales), dejó sembrado al país de al menos 300 mil asesinatos, en un periodo de 9 años, directamente vinculados a la confrontación fratricida, bautizada con el eufemismo de La Violencia[4], dramáticamente representado por el Teatro La Candelaria, en la obra “Guadalupe años Cincuenta”, que por estos días conmemora medio siglo de haberse puesto en escena.

El gobierno Conservador, militante doctrinario de la falange franquista española, inspirado en la santísima virgen María, parapetado en las bandas paramilitares, para apropiarse de propiedades de los campesinos liberales, les arremetió sin piedad, y provocó el atrincheramiento de los seguidores de Gaitán en guerrillas liberales.

Años de guerra civil provocaron el cambio de propiedad en los campos y las ciudades crecieron desproporcionadamente fruto del desplazamiento forzoso.  El sectarismo como herencia se instaló, aunque, las direcciones nacionales de los partidos no expusieron el pecho en la confrontación.

Las direcciones oligárquicas del partido conservador y liberal remedaron un acuerdo de paz, sellado con un plebiscito, en 1957[5], que dio nacimiento a un acuerdo, según el cual, durante 16 años, el partido conservador y el liberal, se repartieron alternadamente la presidencia de la “república”, así como la totalidad de la burocracia y el presupuesto del Estado. Cualquier otra expresión política quedó por fuera y obligados a hacer política desde la clandestinidad.

La espuria maniobra política, la traición a los acuerdos de pacificación firmados con las guerrillas liberales de los llanos orientales, el asesinato en Bogotá del comandante Guadalupe Salcedo, firmante del armisticio, incendió de nuevo los campos.

Corría el año de 1964 y el mozuelo Pedro Antonio Marín se transmuta en Manuel Marulanda Vélez^[6] (el mítico “Tirofijo”); se hace jefe de la resistencia campesina a la Operación Marquetalia[7] en la población de Planadas Tolima y extendida hasta las poblaciones de Rochiquito (Cauca), El Pato (Huila) y Guayabero (Guaviare), donde un puñado de campesinos burla la acción del gobierno de Guillermo León Valencia (el abuelo de Paloma Valencia), escapando del cerco tendido por 7 mil efectivos del ejército, dando nacimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, expresión entonces de las luchas populares contra el Frente Nacional.

En diálogo con las ideas libertarias que como fantasma recorrían el mundo, Colombia imparte partida de bautismo al Ejército Popular de Liberación (1967), al Ejército de Liberación Nacional (1966) y a el Movimiento 19 de Abril, M-19 (1973).

La cacareada democracia colombiana instituida en el plebiscito de 1957 ha sido caricaturizada como una dictadura civil enmascarada en el confesionario de las urnas.

Así quedó demostrado con la descarga de violencia oficial, en cabeza del presidente Alfonso López Michelsen^[8], en respuesta a la movilización y pliego de peticiones del Paro Cívico Nacional de 1977[9] que puso en calzas prietas al establecimiento. La oposición al régimen desde la población civil les hacía más mella que el accionar del movimiento guerrillero.

A mediados de los años 80, las autoproclamadas vanguardias en armas aprendieron la lección del movimiento popular, y en consecuencia las guerrillas campesinas deciden trasladar el conflicto armado a las ciudades en una lógica insurreccional. Para ello centran esfuerzos en la creación de milicias populares como bastiones de combate popular.

El Concejo Verbal de Guerra de la Picota (1979-1982), contra los presos políticos del M-19 y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos encuentran hilo conductor a través de la toma de la Embajada Dominicana (1979). La acción política desarrollada desde de la cárcel hace de los derechos humanos una reivindicación de la población y no exclusivamente de los presos de organizaciones guerrilleras. La población comprende con precisión que significa la aplicación del Estado de Sitio del presidente Turbay Ayala^[10].[11]

La propuesta de Diálogo expuesta por Jaime Bateman, como demanda central de la toma de la Embajada^[12],  años después, encuentra su materialización en el proceso constituyente y la Constitución de 1991. Bateman murió en abril de 1982 viajando hacia Panamá[13] para potenciar esfuerzos en esa dirección.

Después de fallidos intentos político-militares por parte de la guerrilla para entablar diálogos con el gobierno y buscar una salida negociada al conflicto desde diferentes esquinas, en el gobierno de Belisario Betancur^[14] se abre un proceso diálogo nacional, treguas y conversaciones pactadas con las FARC, el EPL y el M-19.

Las guerrillas dejaron desde entonces instalada en el país la propuesta para avanzar hacia un país con inclusión política: aunque no participó en las conversaciones, el ELN propuso una Asamblea Nacional Popular y con diferentes matices las FARC, el EPL y el M-19[15], proponían avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente.

Ante la arremetida de los cuerpos armados estatales, la persecución y desaparición y el asesinato de dirigentes de oposición, la violación permanente por parte del ejército a la tregua pactada, las líneas de comandancia de las guerrillas regresan a su teatro tradicional rural y la compartimentación urbana, en concordancia con la realización del paro cívico nacional de 20 junio de 1985.

El 6 de noviembre del mismo año, la Columna Antonio Nariño del M-19, se toma las instalaciones del Palacio de Justicia^[16] en pleno centro de Bogotá, enarbolando una proclama que convocaba a juzgar al presidente Belisario Betancur por su traición a los acuerdos de paz firmados en 1984. La reacción del ejército no se hizo esperar y en una operación de artillería y aerotransportada incendió el Palacio de Justicia. Cientos de muertos, cientos de desaparecidos.

El 20 de noviembre de 1985, a dos cuadras de un comando central de la policía en la capital del país, fue asesinado Oscar William Calvo, máximo dirigente político del EPL e impulsor de los procesos Constituyentes.

La Unión Patriótica, agrupación política, legalmente constituida en el marco de la tregua con las FARC, sufrió un genocidio político sin referentes. Cerca de seis mil de sus militantes y dirigentes fueron asesinados. Las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, condenaron al Estado colombiano como responsable de la atrocidad.^[17]

La tregua naufragó en sangre. Los ríos se convirtieron en cementerios.

La espiral de violencia alcanzó niveles de alta intensidad. La oposición armada al régimen optó por la implementación de estrategias para pasar de unidades guerrilleras a cuerpos de ejército. La toma de poblaciones se regularizó. El sostenimiento de posiciones se hizo realidad. La política de tierra arrasada, las masacres, la implementación de la guerra sucia a través de grupos paramilitares afectos al gobierno, la desaparición y desplazamiento forzados de indígenas, afros y campesinos, con afectación especial de las mujeres; el desalojo territorial fue política de Estado.[18]

En el marco de una “década perdida” de las economías latinoamericanas, Colombia fue una excepción. En medio del conflicto armado, los indicadores tradicionales, marcaban un crecimiento macroeconómico: la connivencia del Estado y narcotráfico dio sus frutos.^[19]

Las demandas por una solución política al conflicto seguían siendo agenda de los diferentes grupos guerrilleros. Esta vez, las armas se hicieron de alta voz de la política y proclamaba a tiros la necesidad de firmar la paz.

El gobierno Liberal de Virgilio Barco (1986-1990), prestó oídos a la demanda social y armada y se abrieron diálogos con el M-19; el acuerdo de paz llevó a la dejación de las armas (marzo de 1990) y el tránsito de la guerrilla a la acción política legal. El gobierno y la guerrilla pactaron adelantar un proceso constituyente.

Meses antes el intelectual colombiano Estanislao Zuleta, nos visitó en Santo Domingo, donde se acampamento el M-19 en medio de la negociación. Zuleta presentó a la militancia una conferencia que cerró con esta reflexión

¿Qué es hoy ser revolucionario?

Para terminar, hablemos breve y sencillo de la revolución. Ella puede tener dos sentidos: el de la revolucione francesa, la soviética de 1917, y la china de 1949, la cubana de 1959, por nombrar algunas, que son las revoluciones que estallan. Pero también puede hablarse de las que ocurren y nunca estallan y que producen transformaciones de la vida igualmente profundas o más profundas y estables.

El marxismo usa el término revolución en ambos sentidos. Un ejemplo es el de Engels, cuando dice que la revolución más importante del mundo occidental – hasta hace poco – fue la del Renacimiento. Pero el renacimiento nunca estalló, nadie lo decretó. Comenzaron los pintores a pintar distinto, la gente a pensar distinto y las sociedades a comportarse de manera diferente, y – fíjense – nunca estalló.

Entonces, no se preocupen si les señalan y acusan de no ser revolucionarios. Lo que ustedes están haciendo es posibilitar que ocurra una revolución.[20]

Meses después, en el marco del debate electoral, fue asesinado Carlos Pizarro León-Gómez (26 de abril), firmante de los acuerdos de paz como comandante general del M-19. Algunos días antes, el 22 de marzo había sido asesinado el también candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo Ossa quien había reemplazado a Jaime Pardo Leal, como presidente de la UP, luego de su asesinato el 11 de octubre de 1987.

Posteriormente, el 18 de agosto de 1989, el candidato liberal a la presidencia, Luis Carlos Galán fue asesinado durante un acto público de campaña electoral.

El país se salió de madre. La propuesta de asamblea constituyente tomó vuelo. La Corte avaló el proceso y se convocaron a elecciones constituyentes. La Alianza Democrática M-19, se alzó con el 29 % de las votaciones, equivalentes a 19 escaños de los 100 que se elegía de manera directa. La presidencia del cuerpo constituyente fue colegiada: un liberal (Horacio Serpa), un conservador (Álvaro Gómez Hurtado) y un comandante del M-19 (Antonio Navarro Wolff).

Álvaro Gómez Hurtado, copresidente de la Asamblea Constituyente había sido secuestrado por el M-19 en 1988, por un comando del EME; la demanda del M-19: buscar una solución política al conflicto armado colombiano.

Durante el desarrollo de la Asamblea, las organizaciones armadas del Movimiento Indígena Quintín Lame, del Partido de los Trabajadores (PRT), y del Ejército Popular de Liberación (EPL), firmaron acuerdos de paz y se vincularon a la Constituyente.

El 4 de julio de 1991, con la firma de los copresidentes, la centenaria Constitución (1886), que consagraba a Colombia al sagrado corazón de Jesús y se arrodillaba a los designios eclesiásticos del Vaticano mediante un Concordato, fue democráticamente dada de baja, y hasta hoy nos rige la Carta Política de 1991.

En enero de 1999, el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC, abrieron formalmente las negociaciones para diseñar, de nuevo, una solución política al conflicto armado. A partir de entonces se delimitó un área de distención de 42,000 kilómetros cuadrados. El municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, al sur del país fue el epicentro de las negociaciones.

El Proceso del Caguán, puso en la mesa a representantes de un Estado debilitado por la ofensiva guerrillera de alto calibre, y a unas FARC fortalecidas por el poder territorial y militar.

El 21 de febrero de 2001, las conversaciones se dinamitaron. Las acusaciones de las partes sobre la violación a los acuerdos fueron pan de cada día[21].

El desgaste político de ambas partes tocó fondo, paralelo al fortalecimiento económico y militar de las FARC y el inició de una reingeniería de las Fuerzas Armadas Institucionales a través del Plan Colombia[22], financiado por el gobierno de los Estados Unidos, a partir de 1999.

Con base en un discurso contra la solución política al conflicto armado y contra las negociaciones del Caguán, Álvaro Uribe Vélez, candidato de ultraderecha, de origen liberal, ganó las elecciones y se posesionó como presidente en agosto de 2002.

Reelecto 4 años después, la confrontación del Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, alcanzó máximos niveles. Las masacres y el desplazamiento contra la población civil en el campo cobraron intenso protagonismo. En el primer período del presente Uribe se adelantó un proceso negociación con los grupos paramilitares, que durante los 8 años anteriores se convirtieron en actores centrales de la estrategia contrainsurgente, que, entre otras, dejó al país un paisaje desolador de masacres y desplazamiento forzado de más de cinco millones de campesinos, afros e indígenas y más de seis millones de hectáreas de tierra despojadas o abandonadas de manera forzada^[23].

La ilegalidad manifiesta en la aprobación y materialización del “articulito” que habilitó la reelección del presidente Uribe fue un retroceso, que en la práctica devolvió al país a la aplicación del artículo 121 de la Constitución de 1886, donde la excepcionalidad se hace regla. La Corte Constitucional, declaro inconstitucional la reforma que propuso habilitar la segunda reelección.

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[1] Esta es la primera conversación desde Isegoría en torno a reflexiones propias con base en contextos por los que he caminado la violencia y la paz.

[2] Véase, de Juan Sebastián salgado, La guerra fría llega a América latina: La IX Conferencia Panamericana y el 9 de abril.

[3] Véase de María del Rosario Vásquez Piñeros, La Iglesia y La Violencia bipartidista en Colombia (1946-1953)

[4] Véase, La violencia en Colombia, de Guzmán, Fals, Umaña, el texto clásico más emblemático de la sociología política en Colombia

[5] Pacto de Benidorm, España; firmado en 19956 por la dirigencia liberal y conservadora, que abre en Colombia el período conocido como Frente Nacional.

[6] Nombre tomado en homenaje al militante fundador y dirigente obrero del Partido Comunista de Colombia en las décadas de los años 30 y 40, encarcelado, torturado y asesinado por órdenes del gobierno conservador de Laureano Gómez en 1953.

[7] Léase, de Arturo Alape, Tirofijo: los sueños y las montañas

[8] Alfonso López Michelsen, presidente de Colombia (1974-19789

[9] Una versión contemporánea se encuentra en el testimonio de Miguel Morentes, dirigente sindical de la época, a la Comisión de la Verdad

[10] Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia (1978-1982)

[11] El primer Foro Nacional de Derechos Humanos, bajo la coordinación del excanciller Vásquez Carrizosa, en Bogotá en marzo de 1979. Este es un hito histórico de primer orden en la historia política de Colombia.

[12] Entrevista concedida por el comandante general del M-19 Jaime Bateman Cayón a Germán Castro Caicedo que se encuentra en el periódico El Siglo, mayo de 1980.

[13] García Márquez publicó en mayo de 1980, en la revista Semana, un reportaje a propósito del accidente aéreo: Bateman. Misterio sin fin.

[14] Belisario Betancur Cuartas, presidente de Colombia (1982-1986)

[15] Acuerdos por la paz en Colombia 1984-2004, INDEPAZ

[16] Véase el texto de la periodista Olga Behar.

[17] Véase, Comisión de esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la No repetición, 2022, Caso: La esperanza acorralada, el genocidio contra  la  Unión patriótica

[18] Ver Informes anuales de CODHES y CINEP.

[19] Véase, de Ricardo Rocha, El narcotráfico y la economía en Colombia: una mirada a las políticas públicas, seminario DNP, 2001

[20][20] Conferencia Estanislao Zuleta La democracia y la paz, en https://www.oigahermno.org

[21] El proceso de paz con las FARC: el gran fracaso de Andrés Pastrana; Función para la paz y la reconciliación PARES, 2024.

[22] Comisión de la verdad: “E Plan Colombia da un giro: con frecuencia y con razón, en Colombia se suelen confundir el Plan Colombia y el Plan patriota. El primero fue diseñado durante el gobierno de Andrés pastara, en Washington, como un paquete de ayuda para la lucha contralas drogas, El segundo fue un palan de guerra del primer gobierno de Uribe. Sin embargo, en la práctica, drogas y guerra insurgente-contrainsurgente se hicieron indivisibles”

[23] BETANCUR JUAN CARLOS Y OTROS, Desplazamiento forzado, tierras y territorios, Agendas pendientes; La estabilización socioeconómica y la reparación, Colección cuadernos IDHN 2011, Programa de Naciones Unidas para el desarrollo- PNUD, Bogotá, Colombia, 2011.