La “Décima Mesa” y sus gestores de paz
«Es una movida audaz que le podría salir bien al Gobierno; o tal vez, no podría llevar a nada y solo se convertirá en factor de crítica para una estrategia de Paz Total ya de por sí desgastada e impopular».
Fredy Chaverra Colorado
Politólogo, Mag. Ciencia Política. Asesor e investigador. Integra la plataforma nacional Defendamos la Paz (DLP).
chaverra01@gmail.com
Dice un viejo y conocido refrán: “el que mucho abarca poco aprieta”. Dicha máxima de la sabiduría popular se ajusta con precisión a la estrategia que viene impulsando el Gobierno en el meridiano de la Paz Total. A la apertura de mesas y más mesas para entablar algún tipo de diálogo -ya sea político, sociojurídico o sociopolítico-, se agrega la ausencia de un marco normativo que in stricto sensu responda a las especificidades de cada proceso. Y no, el marco normativo no es un capricho, es una necesidad.
Porque si de apertura de mesas se trata, la Paz Total sí resulta siendo total, porque de fases secretas y exploratorias previas a la apertura de una mesa pública (el modelo empleado por el Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc-ep y el ELN), se pasó, a partir de diciembre del año 2022, a una apertura casi indiscriminada de mesas sin contemplar agendas temáticas, líneas rojas, o marcos jurídicos de referencia.
Eso explica el sentido de una eventual “Décima Mesa” para la Paz Total, la que busca, en palabras del presidente Petro, “cerrar el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-”. Aunque en gracia de discusión no se trata de una mesa que siente al Gobierno con los líderes de un grupo armado activo; es decir, con cabecillas con dominio territorial o integrados a un organigrama criminal, no, se trata de una expectativa sui generis con dieciocho figuras muy representativas y “redimidas” del paramilitarismo que, en primera instancia, implicó su polémica designación como gestores de paz.
Así, personajes instalados en el inconsciente colectivo como los máximos perpetradores de la barbarie y el terror paramilitar, tales como: Ramón Isaza, Hernán Giraldo, Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, Diego Fernando Murillo, Hebert Veloza, Rodrigo Tovar, Freddy Rendón; entre otros, pasarán a asumir una condición excepcional que durante los próximos seis meses y a partir de los términos establecidos en la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024 los obliga a:
“Contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamiento con otros actores armados ilegales”.
Para evitar hacerle juego a la desinformación, se torna necesario aclarar que dicha designación -según reza en la citada Resolución- en nada modifica la situación jurídica de los exjefes de las extintas AUC, tampoco sus medidas de aseguramiento vigentes, y mucho menos, conlleva beneficios judiciales. Aunque esa aclaración no le restó impulso a la ola de rechazo e indignación contra los nuevos gestores de paz, tanto entre sectores opositores como cercanos al Gobierno.
Todavía es prematuro para afirmar si esa gestoría conllevará a la instalación de una décima mesa de diálogos -puede que sí, como puede que no- dado que eso dependerá de la forma como los gestores avancen en su labor y si están de acuerdo en “finalizar el proceso” que se inició en el Gobierno Uribe. Puede que su rol se límite a develar información de importancia sobre el conflicto armado -tal como lo viene haciendo Mancuso-, avanzar en medidas de reparación para las víctimas, o que terminen fortaleciendo -dada su legitimidad criminal- la menguada confianza de actores armados activos y con pista en otros procesos de la Paz Total.
Lo cierto es que la designación como gestores de paz de los mayores símbolos del terror y la barbarie paramilitar es polémica. Es una movida audaz que le podría salir bien al Gobierno para dinamizar otras mesas de diálogo -estancadas o que avanzan a media marcha-; o tal vez, no podría llevar a nada y solo se convertirá en factor de crítica para una estrategia de Paz Total ya de por sí desgastada e impopular. El costo político es alto y el presidente Petro decidió asumirlo en primera persona. Para él, esa gestoría “no se trata de un regalo”.
Ya veremos en que termina una movida que abarca mucho y aprieta poco.