La obsesión del gobierno de Juan Manuel Santos por blindar el acuerdo de paz con las FARC al insertarlo en el bloque de constitucionalidad, albergaba la premisa de que ese acuerdo era una política de Estado y no de gobierno; sin embargo, el gobierno de Iván Duque nos mostró que las instituciones formales legales son insuficientes porque es necesaria una voluntad política que las opere y dirija con diligencia. Sin voluntad política no hay política de Estado con presupuesto para la implementación de leyes, o puede haber espacio para la malversación de recursos, como pasó con el Plan Nacional de Desarrollo de Duque y el escándalo de los OCAD-PAZ.

En el gobierno de Gustavo Petro, nos enfrentamos ahora con una situación en la que hay voluntad política y se cuenta con el entramado institucional para continuar con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, reanudar el proceso de paz con el ELN y establecer acuerdos con otros actores, en el marco de la Paz Total. A pesar de ello, el exceso de voluntad política por parte del Gobierno Nacional se está convirtiendo en un obstáculo para la construcción de paz en Colombia.

Construir paz en contextos de debilidad estatal, sin el monopolio de la violencia ni el control territorial o poblacional, es un proceso de alta complejidad que implica, no sólo una conjugación estratégica de factores estructurales, sino sobre todo agenciales (porque las estructuras son débiles). Por lo que nuestro proceso de construcción de paz es híbrido, al tener que garantizar niveles mínimos de gobernanza que permitan involucrar las voluntades de la pluralidad de actores estatales, sociales, legales e ilegales; los cuales pueden hacer viable, o fácilmente inviable, el esfuerzo mínimo por silenciar los fusiles.

Como si este malabarismo no fuese suficiente, además de controlar los factores estructurales, como contar con un marco legal para la paz, y con la voluntad política, como tener un presidente que fue guerrillero; se necesitan también condiciones contextuales propicias para construir paz con el ELN.

En nuestro contexto de guerra civil prolongada con actores insurgentes y contrainsurgentes, el discurso anti-izquierdista ha calado profundamente en la sociedad civil con la doctrina del enemigo interno, la cual antecede incluso a la política de Seguridad Democrática de Uribe. Es por ello que, para garantizar el avance en los diálogos y la gobernanza al interior de los mismos, no se puede descuidar la legitimidad del proceso, la cual se ve aporreada con el exceso de voluntad política del gobierno Petro.

Sin un mensaje de carácter político estatista a la opinión pública, que apriete las tuercas de la otra parte y le recuerde al ELN que son dos partes con intereses diferentes las que se sientan a negociar, y que es el grupo insurgente el que está por fuera de la legalidad y es el Estado el que establece las reglas legales, este voluntarismo de Petro resulta contraproducente para la necesidad que tiene la sociedad de un mensaje político claro por parte del jefe del Estado.

Ojalá que este hecho reprochable del ELN, de asesinar a nueve soldados en el Norte de Santander, sea la oportunidad para que el Gobierno Nacional envíe el mensaje de autoridad al ELN que requiere la sociedad civil para legitimar el proceso. De lo contrario, el Gobierno Nacional se quedará sólo con una de las condiciones necesarias, pero no suficientes, la de la voluntad política; máxime, altamente insuficiente, cuando el mensaje que envía el ELN con este ataque es que ellos, la otra parte eventualmente firmante, no tienen la voluntad política.

Situación ante la que aparecería el fantasma del Caguán con un presidente solo en la mesa de negociación; todo lo que justificó la posterior legitimación de un gobierno altamente autoritario y represivo. Que no sea esta la oportunidad para derechizar al país de nuevo.

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de ISEGORÍA al respecto.