Tras año y medio de fase exploratoria, el pasado 9 de febrero, el gobierno oficializó la apertura del proceso de diálogo con la insurgencia de la Segunda Marquetalia.

Estoy seguro de que será la negociación que revestirá el mayor grado de complejidad en el “rompecabezas” de la Paz Total -eso explica su dilatada fase exploratoria-, no solo porque implicará pasar un corte de cuentas sobre aspectos medulares del Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016, sino por una serie de escollos jurídicos que, a muy corto y mediano plazo, podrían dificultar el avance sustantivo del proceso.  

El origen de la negociación se remonta a las gestiones emprendidas por el exalto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien, en medio de un cerco mediático, debió sortear los cuestionamientos por un proceso que nunca generó consenso entre los partidarios de la paz negociada.

Por un lado, algunos sectores cuestionaban que se iniciarán negociaciones con quienes habían “traicionado” el Acuerdo de Paz; y por el otro, se consideraba que los excomandantes que se rearmaron lo hicieron motivados por un entrampamiento orquestado desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

No obstante, el origen de la Segunda Marquetalia va más allá de las oscuras movidas del fiscal Martínez, ya que, en el manifiesto fundacional que la presentó al mundo como “una nueva etapa de lucha” en la historia de las Farc-ep, Iván Márquez afirmó:

“(…) La paz fue traicionada por el Estado colombiano que optó por la perfidia y el incumplimiento de lo pactado de buena fe. Reconocemos que incurrimos en varios errores, como el de pactar la dejación de armas antes de asegurar la reincorporación política y social de los guerrilleros cuando Manuel Marulanda Vélez, el histórico comandante en jefe de las Farc, había advertido que las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos”.

De esta declaración se desprende que el origen de la Segunda Marquetalia responde en mayor medida a un cúmulo de tensiones catalizadas en el sonado entrampamiento a Jesús Santrich, sin embargo, se remontan, en el peor de los escenarios, a las divisiones internas que persistieron entre la delegación negociadora de las Farc-ep y que no se resolvieron en la Décima Conferencia guerrillera o con la creación del partido Farc (ahora Comunes). 

Ahora bien, de cara a un nuevo proceso de negociación, el gobierno y la Segunda Marquetalia deben precisar los contornos sobre los cuales se moverá la eventual agenda temática; es decir, precisar sí la negociación implicará renegociar componentes específicos del Acuerdo de Paz, si modifica las disposiciones de la Reforma Rural Integral, las instituciones del sistema de justicia transicional o las garantías de reincorporación; son interrogantes válidos porque a diferencia de la disidencia del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia se compone de combatientes que suscribieron el Acuerdo Final o se acogieron a la JEP.

Sobre esto último, no deja de resultar curioso que se oficialice el proceso de diálogos en la misma en semana en que los principales voceros del extinto Secretariado de las Farc-ep le enviaron una durísima carta el presidente Petro -en su calidad de jefe de Estado- cuestionando a la JEP “por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado” en La Habana.

Coincidencia que recuerda que el desempeño de la justicia transicional sirve como espejo -para bien, o para mal- en medio de los procesos de negociación política que se adelantan en el marco de la Paz Total.

Y ciertamente con la Segunda Marquetalia, no será un excepción.

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