No me cabe la menor duda de que el año 2024 demostró de lo que verdaderamente está hecha la paz total. La estrategia audaz del Gobierno que, de política estelar y protagónica en su primer año, pasó a convertirse en un “nombrecito” incómodo y progresivamente extirpado del discurso oficial. Pero así ya no sea muy del afecto de Petro, la paz total ahí sigue -es un elefante en la habitación- y medirá, para bien o para mal, el éxito o fracaso de un Gobierno que prometió el “cambio” y que ya va entrando en su último tramo. 

De cara a un año preelectoral pasaré revista sobre los tres principales puntos que nos deja la paz total al cierre de este 2024.

Disidencias, rupturas y más disidencias

En su dimensión negociadora generó enormes tensiones, divisiones y rupturas en el seno de organizaciones armadas consideradas como rebeldes y que no han logrado unificar un mandato sobre la salida negociada o el fin del conflicto. Así se puede advertir en tres casos:

Primero, en su VI congreso el ELN demostró que no está plenamente convencido en darle un cierre definitivo al conflicto armado. El primer Gobierno de izquierda no propició ese incentivo histórico. Previo a ese congreso, el denominado Frente Comuneros del Sur -que agrupa a cerca de 200 hombres en armas ubicados en el departamento de Nariño- decidió romper con el Comando Central. Se pasó a llamar Comuneros del Sur y ha manifestado voluntad para entregar su arsenal y participar en política. Al ver la indefinición del ELN, el presidente se la jugó por respaldar a la disidencia elena y seguramente espera que en su desarme se encuentre uno de los principales logros de la paz total. ¿Bajo qué ruta jurídica? Esa será una pregunta clave a resolver en el 2025.

Segundo, las disidencias de las Farc se rompieron, lo que puso sobre la mesa una verdad de a puño: nunca fueron una estructura jerarquizada o mínimamente cohesionada. Para el 2024 el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-ep pasó a la historia y se creó un parteaguas; por un lado, se encuentra una facción disidente leal a alias “Iván Mordisco” que se levantó de la Mesa en abril; y por el otro, los bloques y frentes liderados por alias “Calarcá” -un personaje que de actor secundario pasó a asumir un rol protagónico- decidieron continuar en un proceso complejo que avanza a paso de tortuga bajo una certeza: en lo que resta del Gobierno Petro no se llegará a un acuerdo de paz. ¿Entonces, a qué se llegará?

Tercero, la Segunda Marquetalia, la facción reincidente que volvió a las armas bajo la comandancia de Iván Márquez a finales de 2019, implosionó debido a desavenencias sobre la forma como se venía llevando un proceso de paz a todas luces estancado. Por el momento, Márquez sale de la ecuación de la paz total y el proceso sigue adelante -sin avances sustanciales- con los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacifico.  

Una nueva perspectiva para la implementación del Acuerdo de Paz

Para los cerebros legislativos de la Paz Total, el exalto comisionado Danilo Rueda y el senador Iván Cepeda, la principal base de la política de paz sería la implementación integral del acuerdo suscrito con la extinta guerrilla de las Farc-ep en 2016. Era tanto un mandato social como un acto de responsabilidad política por parte de una izquierda históricamente jugada con la paz; sin embargo, el ímpetu por la implementación se enmarcó, en principio, en una expectativa más retorica que práctica, ya que, a raíz de movidas desacertadas- como la supresión de entidades claves o la desfinanciación de instituciones creadas por el mismo Acuerdo de Paz- se puso en entredicho ese compromiso de “cumplir a rajatabla”.

Pero conforme la paz total fue perdiendo vuelo en la opinión pública y sus grietas se tornaron inocultables, el Gobierno empezó a dar un viraje discursivo y a recentralizar su manifiesto compromiso con la implementación -en lo que influyó el reencauche de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior-, prueba de ello se encuentra en dos movidas claves que se dieron este año; por una parte, la actualización de un Plan Marco de Implementación -PMI- que fijó nuevos criterios de planeación, y a su vez, extendió la implementación hasta el 2036; y por otra parte, el diseño y puesta en marcha de un Plan de Choque para Acelerar la Implementación del Acuerdo de Paz articulado en torno a seis áreas estratégicas:

• Pactos Territoriales para la transformación.
• Reforma Rural Integral.
• Agenda legislativa para la paz
• Articulación de la seguridad en el territorio.
• Acuerdo Nacional para un Pacto Político.
• Gobernanza del Plan de Choque.

No dudo que en sus ocho años el Acuerdo de Paz volvió al ruedo de las prioridades en la acción de gobierno. Solo hacia mediados de 2025 podremos pasar revista tanto de la territorialización del PMI como de los resultados del Plan de Choque. ¿Se cumplirán las expectativas?

Más mesas, nuevos procesos e incertidumbre jurídica

El 2024 inició con seis procesos -entre mesas y espacios de diálogo sociojurídicos- y va terminando con diez. A las mesas con las guerrillas y los espacios de paz urbana se sumaron los procesos con Comuneros del Sur, con el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y con los gestores de paz de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. Son diez frentes abiertos en procesos muy específicos y que no suelen resistir comparaciones.

Pero esta amplitud no se ha traducido en avances sustanciales, puesto que el diálogo con el ELN, el más avanzado entre los procesos con las guerrillas y el que genera más interés en la comunidad internacional, se estancó en medio de graves acusaciones de incumplimientos. Ya es claro que el ELN no llegará a un acuerdo de paz con el Gobierno Petro; es más, desde su estrategia de negociar ad infinitum, de cara a los próximos dieciocho meses solo buscarán llegar a un punto mínimo que les permita seguir negociando con “los próximos gobiernos”, sí, así lo expresaron, en plural. Habrá que ver cómo se reencauza ese proceso a partir de enero.

Los procesos de diálogo sociojurídico en Medellín, Quibdó y Buenaventura han tenido un impacto sobre todo humanitario y movilizador de la sociedad civil. Pero hasta ahí. El 2024 termina sin la presentación de un marco jurídico que les determine una ruta no solo judicial, sino transicional, social y económica. Y eso que el dichoso marco jurídico no es un innecesario capricho de abogados, es una exigencia de la Corte Constitucional a la cual no se le ha prestado mayor atención desde el Congreso o en las prioridades de la agenda legislativa del Gobierno. Ya queda claro que a estas alturas no habrá marco jurídico para la paz urbana y que estos procesos se sustentan especialmente en el voluntarismo.

Sobre el proceso con el Ejército Gaitanista de Colombia, el mayor y más expansivo generador de violencia en el país, pues mejor ni hablar, dado que no hay mucho que decir.

En términos generales, el 2024 nos deja más preguntas que respuestas, inquietudes sobre una paz total con muchos frentes abiertos y con pocas posibilidades de consolidación. Se viene un año lleno de retos, desafíos y dificultades. Ventarrones para una paz total que ya dio todo lo que tenía para ofrecer. Ni más, ni menos.

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