El 2 de junio de 2023 se instaló en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, la Mesa Carcelaria con las Bandas del Valle de Aburrá. Con este dispositivo de negociación el gobierno de Gustavo Petro busca avanzar en el componente del sometimiento de las estructuras armadas de alto impacto, contenida en la política pública de Paz Total.

Como sabemos, el país tiene una gran experiencia en negociaciones de paz con grupos guerrilleros y con otros Grupos Armados Organizados (GAO); larga trayectoria de procesos de paz que ha dejado muchas lecciones. Lo que se busca es que en este proceso con las estructuras criminales es que los aprendizajes acumulados se incorporen en las negociaciones, teniendo en cuenta su conveniencia.

En esta columna se identifican cuatro componentes que permiten tener optimismo en los diálogos socio-jurídicos que propone el Gobierno Nacional.

El primero es el reconocimiento que hizo el Estado de estos actores criminales. La Ley 2272 de 2022 establece que con las bandas criminales de la ciudad de Medellín —que son Grupos Armados Organizados (GAO) caracterizados por desarrollar operaciones concertadas, tener mando reconocido o responsable, y un alto impacto en los indicadores de violencia territorial— se puede avanzar durante estos cuatro años del gobierno Petro, en un diálogo socio-jurídico.

El segundo factor es el compromiso manifiesto de los actores de la guerra por apostarle a la paz. Tan pronto se firmó la Ley de Paz Total —el 4 de noviembre de 2022—, comenzaron los acercamientos con los representantes de las estructuras criminales de alto impacto en el Valle de Aburrá y su interés por acogerse a la justicia.

Este deseo de negociación que ha llevado a que, en varias ocasiones, los líderes de las bandas hayan buscado proteger el proceso, trabajando en controlar los factores de riesgo, como pasó en julio y agosto donde se incrementó la violencia en las comunas de Manrique y Robledo en Medellín, pero su intervención sirvió para evitar el “saboteo a la paz urbana”.

El tercer componente es la instalación de una mesa de diálogo. Tanto la disposición del Gobierno a negociar la paz con estos actores armados como la de los cabecillas de las estructuras armadas permitieron que se configurara una fecha y unos miembros de la mesa de diálogo.

El Gobierno Nacional delegó varios representantes —entre ellos un jefe negociador y varios representantes con voz y voto— y lo mismo hicieron las estructuras armadas, que nombraron negociadores y abogados representantes de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Y, finalmente, un cuarto aprendizaje incorporado fue el involucramiento de otros actores al proceso. Desde el mismo momento de los acercamientos hasta la instalación y funcionamiento de la Mesa de Diálogo Socio-Jurídica siempre se ha tenido la presencia de la comunidad internacional, de la Iglesia Católica y del apoyo de actores sociales.

Cabe destacar la vinculación del Mecanismos de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), del acompañamiento del delegado del Representante Especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de las embajadas de Suiza y Noruega.

 En síntesis, el proceso de sometimiento de las bandas criminales del Valle de Aburrá, a pesar de las críticas, ha logrado incorporar aspectos positivos que le dan solidez a la experiencia. En este texto se identificaron cuatro: el reconocimiento del actor armado, la disposición a negociar de los actores, la construcción de dispositivos para la negociación y el acompañamiento de varios actores claves del proceso.

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