El 3 de agosto se instaló en Bogotá el Comité Nacional de Participación [CNP] en el marco de las negociaciones con el ELN. Este Comité transitorio operará hasta febrero del 2024, en el que participan 81 delegados de organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos, junto con delegados del gobierno y del ELN; con el objetivo de diseñar la metodología y los mecanismos de participación de la sociedad civil. Posteriormente, la sociedad civil hará parte de la construcción de una agenda de transformación que configure el Gran Acuerdo Nacional, como uno de los pilares fundamentales en la negociación entre el gobierno y el ELN. Es decir, participación de la sociedad civil para diseñar la participación de la sociedad civil…

Este mecanismo es sin duda novedoso porque antecede los escenarios de construcción de agendas ciudadanas, pero corre el riesgo de generar un desgaste doble en las organizaciones de la sociedad civil. Éstas están acostumbradas a construir agendas que se quedan en el papel y no son recogidas a la hora de tomar decisiones vinculantes, pero son usadas como telón de fondo para legitimar esas decisiones; y si el CNP se convierte en un escenario previo a la toma de decisiones vinculantes, puede ser la prolongación de la incidencia, lo que sin duda desincentiva la participación.

Este riesgo latente se podrá evitar si hay efectividad en el diseño de esa participación, y si se hace un rastreo juicioso y explícito de la forma en la que los aportes de la sociedad civil se incorporan a las decisiones vinculantes; diseño y rastreo que deberán ser ampliamente publicitados, de modo que, se logre una participación de la sociedad civil verdaderamente incidente.

Por el tipo de organizaciones sociales llamadas a conformar el CNP pareciera que el ejercicio es más de legitimación que de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, ya que la gran mayoría de estas organizaciones son afines a los proyectos de transformaciones sociales, políticas y económicas que promulga en ELN; mientras que el rol de las víctimas es allí periférico.

Sin lugar a dudas la legitimación de los acuerdos de paz por parte de la sociedad civil es esencial, máxime si recogemos los aprendizajes que nos dejaron las negociaciones con las FARC luego del triunfo del No en el plebiscito por la paz. A la luz de ese aprendizaje, el CNP es estratégico, en la medida en que vincula desde ya a amplios sectores de la sociedad civil que podrían ser replicadores de la necesidad de este acuerdo de paz entre otros sectores sociales; lo que generaría un escenario más favorable al momento de la refrendación de los acuerdos de paz con el ELN.

Sin embargo, si no se aclara la intención con la cual se llama a estas organizaciones de la sociedad civil, y éstas se sienten instrumentalizadas y además desgastadas con una participación prolongada, el CNP podrá ser un arma de doble filo que termine deslegitimando el proceso.

Finalmente, el papel de las víctimas como parte fundamental de la sociedad civil ha quedado como un punto diferente al de la participación social. Esta visión es desacertada, porque si bien es cierto que merecen un momento propio dentro de los diálogos, dejarlo para después, les quita el protagonismo que merecen. Que las víctimas sean mencionadas de forma secundaria en el CNP es poco estratégico; en el escenario de negociación con actores armados que han cometido hechos victimizantes, su rol debe ser principal.

De hecho, el éxito de los acuerdos de paz con las FARC ante la comunidad internacional fue precisamente el rol protagónico que le dieron a las víctimas como la tercera parte en la negociación Estado-insurgencia, y como el principal actor a atender producto de las negociaciones. Aquí al aparecer las víctimas de forma subsidiaria, no contribuye a la legitimación de las negociaciones.

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