Con la llegada de cada gobierno se establecen nuevos criterios de priorización para los territorios más pobres y afectados por el conflicto armado.

Hagamos un breve repaso histórico: con Álvaro Uribe se crearon las Zonas de Rehabilitación y Consolidación; con Santos se avanzó en la delimitación de tres figuras relacionadas con el Acuerdo de Paz: las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) -conformadas por 344 municipios-, las dieciséis macroregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y los 55 municipios adscritos al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Con Iván Duque se retomó ese “espíritu contrainsurgente” que caracterizó a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación del gobierno Uribe y se crearon las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o Zonas Futuro.

Ahora bien, la principal apuesta de priorización territorial del actual gobierno se encuentra en las Regiones de Paz. Esta figura fue creada por la Ley 2272 o Ley de Paz Total y su principal objetivo se enmarca en habilitar espacios regionales de interlocución para avanzar en diálogos a escala territorial; es decir, dinamizar la estrategia de negociación política con las guerrillas (ELN, Estado Mayor Central -EMC- y Segunda Marquetalia), así como los procesos de sujeción y sometimiento colectivo a la justicia que se vienen adelantando con otros grupos armados.

La Ley determina que se priorizará en su conformación las macroregiones PDET, los municipios ZOMAC y los territorios étnicos.

De esta forma, las Regiones de Paz refuerzan los criterios de priorización emanados directamente del Acuerdo de Paz -en el apartado sobre la Reforma Rural Integral- y buscan fortalecer espacios de participación de la sociedad civil: “a través de instancias como los Consejos de Paz -distritales, municipales y departamentales-, Comités de Justicia Transicional, organizaciones sociales y de derechos humanos, mesas de víctimas, así como de empresarios, comerciantes y asociaciones de la zona, que manifiesten su intención de participar.”

Como un primer paso para avanzar en su conformación y en el marco del evento “Fortaleciendo la coordinación nación territorio para la construcción de la Paz Total”, la Comisión de Paz de la Federación Nacional de Departamentos determinó que los gobernadores del Magdalena, Santander, Nariño, Arauca, Antioquia, Caquetá y Cundinamarca tendrán la responsabilidad de crear las seis Regiones de Paz en la Costa Caribe, Centro Oriente, Llanos Orientales, Centro Sur, Pacífico y Eje Cafetero; priorizando, como se advierte en la Ley de Paz Total, los municipios más pobres y afectados por el conflicto.

A diferencia de los criterios de priorización empleados en los gobiernos anteriores -impuestos como una decisión ejecutiva de “arriba hacia abajo”-, con las Regiones de Paz se busca que las principales autoridades administrativas de cada región sean garantes en su proceso de conformación y despliegue; asimismo, que se articulen a las instancias de participación creadas por el Acuerdo de Paz y con los Comisionados Regionales (que serán delegados de la Oficina del Alto Comisionado en las regiones priorizadas).

No sobra anotar que desde las Regiones de Paz se podrán crear una serie de infraestructuras sociales que a corto y mediano plazo permitirán garantizar el cumplimiento de los protocolos del cese al fuego con los diferentes actores armados; la efectiva implementación de los acuerdos parciales; procesos territoriales de participación y negociación; además de acciones humanitarias y de desescalamiento del conflicto.

Sin duda, serán una oportunidad para dinamizar el aterrizaje y la consolidación de la Paz Total.

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