Desde la plataforma Isegoría de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia rechazamos el atentado ocurrido el pasado 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Se trató de un hecho grave que recuerda los riesgos persistentes de hacer política en Colombia, la vulnerabilidad de nuestra democracia y la fragilidad de la paz. Lo que está en juego no es solo la integridad de una persona, sino la posibilidad misma de que la política se ejerza sin miedo en Colombia.

Tampoco es un hecho aislado. En nuestro país, los intentos por vencer al contradictor siguen encontrando posibilidades en esquemas culturales de relacionamiento basados en la distinción dual de la diferencia, que solo atiza la división, entre “buenos y malos”, “amigos y enemigos” y en la política que se expresa en discursos ideológicos que promueven el odio y la rabia. Pasa con líderes políticos, como en este caso, pero también con liderazgos sociales y comunitarios, que continúan siendo asesinados semana tras semana en distintas regiones del país. La persistencia de esta violencia es estructural, y refleja la fragilidad de nuestra democracia.

Desde nuestra alma máter hemos insistido, una y otra vez, en que no hay justificación para el uso de la violencia como forma de acción política. Ni el odio, ni el miedo, ni la eliminación del adversario pueden ser el horizonte de lo público. Por eso, este ataque no puede relativizarse. Es un hecho que erosiona el principio básico de toda convivencia democrática: el respeto a la vida del otro, incluso y sobre todo cuando piensa distinto.

Quienes participamos del espacio universitario no estamos por fuera de esta realidad. Nos afectan los discursos que degradan al opositor, nos atraviesa la estigmatización, nos toca el miedo y el dolor. En nuestros campus también se ha intentado imponer el silencio y el ataque. Por eso no podemos mirar hacia otro lado. La defensa de la vida es aquí una postura ética y una responsabilidad histórica.

Exigimos al Estado que garantice condiciones reales para que todas las personas puedan participar del debate público sin arriesgar su vida. Y, al mismo tiempo, hacemos un llamado a los actores políticos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a asumir un compromiso claro con una cultura democrática sin violencia, donde el debate no derive en agresión y la disputa no sea una sentencia.