Imagen. Cortesía ITM.

Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2024 se llevó a cabo el primer Encuentro Internacional de Paz Urbana Medellín y el Valle de Aburrá. Un espacio que convocó a diferentes sectores sociales, académicos -nacionales e internacionales-, liderazgos comunitarios, organizaciones y tomadores de decisiones. Fue una oportunidad para abordar diferentes visiones sobre las políticas de paz, las estructuras criminales, sus significados y experiencias en el territorio, el relacionamiento del conflicto urbano con el fenómeno de las drogas y las rentas ilegales, los modelos de justicia transicional, los procesos victimizantes y el rol de las víctimas. También se discutió sobre la arquitectura institucional para la paz y las experiencias desde las cuales la sociedad civil ha promovido la construcción de paz.

Desde la plataforma Isegoría, de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia el profesor Leyder Perdomo participó en la Mesa Temática 7: Modelos de Justicia Transicional con Organizaciones Multi Crimen, con la ponencia Justicia fragmentada para la paz total: Entre la transacción y la transición. Desde este espacio, se conversó sobre las formas que debe tomar la justicia en el contexto de una negociación para la paz urbana. La discusión también osciló en torno a la irrelevancia e ineficacia del derecho penal para tramitar conflictos, particularmente los que se presentan en el Valle de Aburrá, las complicaciones que ha tenido el espacio de conversación sociojurídico de Itagüí, la desconexión del gobierno frente a este proceso, y en particular, la ausencia de un marco jurídico.

 Esto último, en la opinión de los expertos y participantes, es un asunto que se debe asumir desde la dimensión política, para buscar las opciones y alternativas jurídicas a un fenómeno que tiene indudables afectaciones en lo político por sus características, proporciones, manifestaciones, incidencia en territorios y grupos poblacionales, políticas públicas en seguridad, convivencia, derechos humanos, economías ilegales y estructuras armadas de crímenes de alto impacto y de alcances transnacionales como lo menciona reiteradamente la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023 sobre la exequibilidad de la ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total).

Desde Isegoría, participar en estos encuentros posibilita articularse a espacios académicos, de seguimiento y monitoreo en torno al proceso de paz urbana, así como escuchar diferentes ideas, voces y actores que contribuyen a la construcción de paz en la ciudad. Como plataforma de seguimiento a la política de paz, entendemos la importancia de este proceso para la sociedad civil; por ello, se requiere que la academia y la UdeA particularmente realicen  un seguimiento riguroso que aporte a su avance y facilite la participación activa de la ciudadanía, las soluciones duraderas e integrales para una paz sostenible.

De las intervenciones de los panelistas y participantes se infiere que la paz urbana implica varios ejercicios de diálogo y concertación que trascienden el espacio socio-jurídico con las estructuras armadas organizadas cuyos voceros están en la cárcel de Itagüí. Que es necesario mirar el fenómeno con una perspectiva interdisciplinar para comprender la complejidad del asunto y desde ahí atender las múltiples causas de manera diferenciada y armónica, los factores histórico – estructurales del modelo de desarrollo, hasta los modelos de planificación urbana y construcción de ciudad, los elementos simbólicos subjetivos que derivan o justifican la ilegalidad, la criminalidad y la violencia, las visiones y enfoques de justicia y seguridad, como la democracia, la participación, la gobernabilidad y la gobernanza en territorios conurbados como Medellín y el Valle de Aburrá.

Así entonces se requiere de una arquitectura institucional del Gobierno nacional que coordine y armonice el trabajo de las dependencias, ministerios y  agencias con celeridad, oportunidad y efectividad frente a los desafíos y las condiciones actuales, como de los actores y relatos en disputa, para que la paz sea también un proceso de pactación y acuerdos entre las diferentes y múltiples expresiones de la sociedad civil.

La sesión final del evento hizo un llamado específico y directo a la Oficina del Comisionado Consejero de Paz del Gobierno nacional para vincularse a estos procesos que movilizan con mucho entusiasmo a las organizaciones sociales y centros de pensamiento en un renovado esfuerzo por la paz urbana que podría ofrecer lecciones y aprendizajes a otras iniciativas en el país, en el continente, por decir lo menos.