Redacción Unidad Especial de Paz

El 27 de febrero de 1998 asesinaron a Jesús María Valle en su oficina. Abogado, profesor y egresado de la Universidad de Antioquia, había denunciado vínculos entre fuerza pública y estructuras paramilitares en el norte del departamento. Su muerte ocurrió en un contexto donde formular acusaciones con nombres propios implicaba asumir riesgos concretos. No fue un episodio aislado dentro de la vida universitaria ni dentro de la historia reciente de Antioquia.

El informe Violencia y conflicto en la Universidad de Antioquia. Una apuesta por la verdad y el esclarecimiento (1958-2018) documenta 724 hechos de violencia sociopolítica contra integrantes de la comunidad universitaria entre 1965 y 2018. Allí se registran 74 homicidios, 17 desapariciones forzadas y 2.589 detenciones arbitrarias, además de consejos de guerra, amenazas y lesiones. Los datos permiten hablar de continuidad y de sistematicidad. La Universidad fue tratada durante décadas como escenario de seguridad y no como espacio de deliberación.

La categoría de “enemigo interno” operó como marco de interpretación. Bajo ese enfoque, la protesta estudiantil y la crítica académica se leyeron como extensiones de la insurgencia. La respuesta estatal combinó vigilancia, judicialización y militarización del campus. El informe identifica la articulación de actores institucionales y paraestatales en lo que denomina un “bloque de poder contrainsurgente”. La expresión describe relaciones de cooperación, tolerancia o convergencia que incidieron en el clima de persecución.

Valle intervenía en ese escenario. Sus denuncias sobre las masacres en Ituango coincidieron con una ciudad atravesada por la expansión paramilitar. En la Universidad ya se acumulaban asesinatos de profesores, amenazas a sindicalistas y procesos penales contra estudiantes. El señalamiento público precedía con frecuencia a la violencia física. Las fronteras entre disputa política y acción armada se desdibujaron con efectos duraderos.

El informe también recoge prácticas de resistencia y memoria promovidas por sectores universitarios, acciones que desde lo simbólico permitieron conservar archivos, exigir esclarecimiento y documentar responsabilidades. La reconstrucción de expedientes, la identificación de víctimas y la sistematización de casos son formas de intervención política que disputan el relato dominante sobre lo ocurrido en el campus.

Hablar hoy de violencia política en la UdeA exige evitar explicaciones simples. En la institución coexistieron militancias estudiantiles, presencia insurgente, respuestas estatales desproporcionadas y acciones paramilitares con impactos diferenciados. Reconocer esa complejidad no diluye responsabilidades; obliga a precisar contextos, actores y decisiones.

A más de dos décadas del asesinato de Jesús María Valle, la pregunta relevante no es únicamente conmemorativa. Interroga la relación entre universidad pública y poder político, entre crítica y seguridad, entre autonomía y control. El debate sobre lo que ocurrió en la Universidad de Antioquia sigue abierto y tiene efectos sobre cómo se entiende hoy la participación política dentro del campus.