Desarrollo de la sexta plenaria del CNP

Créditos: Delegación de Paz del Gobierno de Colombia

Caterine Jaramillo Gonzáles

Equipo de periodismo de Isegoría

El pasado 16 de mayo La Silla Vacía publicó el borrador del modelo de participación construido con los insumos obtenidos de 78 pre-encuentros y encuentros nacionales y sectoriales, realizados en 35 ciudades y municipios de Colombia, tres ciudades de Europa y 19 cárceles del país, donde participaron 8.465 personas representantes de 2.132 organizaciones sociales, pertenecientes a los treinta sectores de la sociedad convocados a conformar el CNP.

Este es uno de los tres productos que la mesa espera recibir en la reunión prevista del 20 al 25 de mayo, en Caracas, pero que, pese a la expectativa por la cercanía de la firma de un acuerdo sobre la materia se ha visto enrarecido por nuevos episodios en la situación de crisis que afronta el proceso hace varias semanas.

De acuerdo con lo previsto, una vez las delegaciones revisen, aprueben y firmen el modelo, el plan y las recomendaciones sobre la participación de la sociedad, estipulados en el acuerdo nueve como objetivos de la fase de diseño, el primer punto de la agenda de negociaciones estará completo, lo que dará paso a la fase de diagnóstico y posterior construcción de una agenda de transformaciones.

Juliana Ramírez, delegada del CNP por la plataforma Ciudadanías para la paz, explicó que la idea “del modelo es que recoja las discusiones alrededor del sentido de la participación, y el plan es el que lo operativiza, por lo que, si en el modelo dice por ejemplo que debe haber unos enfoques, el plan debería respondernos cómo se implementan. Por último, las recomendaciones son una serie de asuntos que salieron en todo el proceso de participación que no hacen parte de los anteriores”.

Para Diego Herrera Duque, director regional de Viva la Ciudadanía, este es el avance más concreto que tiene hoy la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, y en ese orden de ideas también es un tema que genera un desafió en cuanto a la legitimidad del proceso, porque sería muy difícil desconocer ese ejercicio participativo.

¿Qué dice el borrador?

El borrador del modelo filtrado se compone de once apartados, sin contar la introducción. Algunos de estos puntos coinciden con el acuerdo nueve, como el objetivo general de la participación, el carácter de esta, los enfoques diferenciales, la pedagogía, comunicación y las garantías. Otros son nuevos, como el sujeto de la participación, la delimitación de los ejes de las transformaciones, los escenarios y mecanismos, la estrategia psicosocial, el acceso a la información y el seguimiento y evaluación.

En ambos documentos se mantiene como objetivo general la construcción de una agenda de transformaciones como ruta para superar el conflicto político, social, económico y armado.

Además, tanto el acuerdo como el borrador del modelo hablan del carácter y los principios del proceso de participación que, según Ramírez, definen el sentido, “y esto tiene que ver no solo con los principios, que nos dicen desde donde debería aplicarse, sino también el para qué. Entonces se deja claro que esta participación va a ser para la construcción de transformaciones, que debe ser un proceso continuo, que refleje las diferencias e intereses de la sociedad y que debe llegarse a ese acuerdo nacional por medio de la deliberación y la vinculación desde diferentes estrategias y actores”.

En cuanto a los ejes sobre los cuales girarían las transformaciones, si bien estaban enunciados en el acuerdo como puntos temáticos a discutir durante los encuentros, el borrador expone algunas propuestas puntuales. Por ejemplo, en el ámbito político una de las ideas recogidas fue la de pasar a una democracia directa, redistributiva, que reconozca el poder social, popular y ciudadano. En cuanto al modelo económico, los participantes expresaron una necesidad de cambiar el modelo extractivista y la búsqueda de la transición energética. Por último, en la situación ambiental una de las sugerencias fue la de crear e implementar una comisión de la verdad ambiental.  

Uno de los aspectos nuevos presentados en el modelo es el sujeto dinamizador de la participación, que más que ser un personaje, fue propuesto como la “articulación de actores diversos del conjunto de la sociedad”, cuyas funciones serían las de “orientar, implementar, monitorear y evaluar el proceso de construcción de transformaciones para la paz”.  

En el apartado sobre los escenarios y mecanismos de participación, a grandes rasgos, se expuso la necesidad de que el proceso tenga una dimensión territorial. “Es decir, este proceso de participación busca llegar a todos los territorios del país y a la diáspora en el exterior con miras a avanzar en un Movimiento Nacional por la Paz y las Trasformaciones”, dice el documento.

En este tema en particular, Ramírez reconoció que una de las críticas que le hicieron a los resultados fue precisamente no perder de vista la perspectiva de país, “porque entonces si hablamos en el Chocó, en Antioquia, en el Sur de Bolívar o en otros territorios sobre la minería, y cada quien lo habla desde su realidad territorial, pero no logramos articular eso a una visión de país, a una transformación estructural, pues lo que vamos a seguir teniendo son retazos de una realidad”.

Ahora, con respecto a los instrumentos propuestos, algunos de los listados fueron las veedurías ciudadanas, los concejos municipales, las asambleas departamentales, las ollas comunitarias, además de bazares, actividades artísticas, deportivas y culturales, entre otros.

Frente a este punto, Álvaro Rodríguez, coordinador de la plataforma Isegoría, opinó que “no ve que haya una apuesta, por ejemplo, por la construcción de mecanismos para la definición de consensos o disensos o hasta para la propia toma de decisiones, unos escenarios que pueden ser inclusive mucho más grandes que los de esta primera fase”.

Con relación a los enfoques diferenciales, el borrador profundiza en los que menciona el acuerdo nueve, tales como el de género, étnico y poblacional, y amplía la inclusión a la población con discapacidad e intergeneracional.

De igual manera sucede con el punto siete del modelo, el cual habla de las garantías, pues no solo se limitan a las referentes a la seguridad de los participantes, sino que también se incluye lo relacionado con la logística e inclusión.   

El apartado de las estrategias de pedagogía y comunicaciones, aunque fue algo mencionado en el acuerdo de participación con el fin de buscar motivar a la sociedad a participar en esta primera fase del diseño, para el modelo las acciones propuestas en estas áreas están pensadas para lograr la construcción del plan de transformaciones.

La estrategia psicosocial, uno de los aspectos nuevos en el modelo, reconoce la necesidad de contar con espacios propicios y seguros para la atención de los participantes y el equipo técnico.

Además, el punto que hace referencia al acceso y uso de la información determinó que estarán disponibles estos recursos para la sociedad, salvaguardando la seguridad de los datos, y a su vez propiciando un acceso incluyente y diverso a estas herramientas.

Por último, el punto once habla del seguimiento y evaluación, el cual establece la importancia de crear instrumentos que cumplan con dichos objetivos, donde los actores responsables de estas actividades serán las mismas comunidades y organizaciones.

Las reacciones y el efecto de la crisis

Frente al resultado divulgado como borrador del modelo de participación, las reacciones han sido diversas. Según Herrera, “el documento finalmente es una síntesis que representa, a mi modo de ver de muy buena manera, el alcance y, de manera muy sistemática, la propuesta recogida a través de la participación en esta fase de diseño”.

La Secretaría Técnica en el plenario comunicó a los delegados del CNP que en realidad van a ser tres documentos, uno de síntesis, que es este que fue filtrado, uno más detallado y otro que contiene toda la sistematización de los diferentes encuentros de participación.

Sin embargo, Ramírez reconoció que hay elementos deberían estar explicitos desde ya en la síntesis. Aun así, para ella un aspecto importante a resaltar de este primer ejercicio de recopilación es “que se logra recoger, con algunos ajustes, los elementos del modelo alrededor de las transformaciones”.

No obstante, una de las posturas más críticas es la de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y delegado del gobierno, quien aseguró que el CNP se desbordó en sus competencias.

Mediante una carta enviada a Vera Grabe, jefe del equipo negociador del que hace parte, Lafaurie argumentó que lo que le competía al CNP era “auscultar en la sociedad sobre las formas y momentos de esa participación”, y agregó que “en ninguna parte, ni del Acuerdo 9, ni del Plan de Trabajo del CNP o de su Reglamento Operativo, se sugiere siquiera la posibilidad de consultar a la sociedad sobre los temas de la Agenda de Negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional, lo cual no solo termina pretendiendo imponer una agenda, lo cual desvirtúa la condición de la Mesa de Diálogos como ‘irremplazable en su alta función negociadora y generadora de decisiones bajo el principio de bilateralidad’”.

Frente a reclamos como el anterior, Ramírez dijo que “cuando nos convocan, es claro que se va a hablar de tres factores: el modelo económico, el régimen político y la situación ambiental. Que ahora algunos actores del Comité, pero también de la sociedad, vengan a decir que el modelo tiene micos es contrario al mismo propósito del proceso, porque eso fue claro desde el inicio”.

Por su parte, Álvaro Rodríguez si bien reconoce que “con estas versiones preliminares lo que hizo la secretaría técnica y el equipo de sistematización fue ampliar la visión y el alcance político del proceso de participación, todavía carece de una descripción detallada y de una apuesta en la construcción de un modelo operativo y metodológico”.

Si bien la mesa no se ha pronunciado frente a la reunión que se adelanta en Caracas y a las críticas expuestas por Lafaurie, el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, emitió un comunicado a la opinión pública donde explícitamente se refirió al punto uno de la agenda.

“Nuestra delegación no admitirá ningún contenido que violente el marco constitucional, ni la normativa legal, ni el Plan de Desarrollo que guía la vida de los colombianos. Tampoco permitirá la generación de una agenda diferente a la ya acordada en Ciudad de México el 10 de marzo de 2023”, se lee en el tercer punto de ese comunicado.

Además, Patiño pidió al ELN realizar en el menor tiempo posible su sexto congreso, otorgándole la facultad a la delegación del Gobierno para “gestionar las condiciones de seguridad que les sean requeridas a fin de desarrollar este evento de la mejor manera posible”.

Además, se refirió a lo que calificó como “una profunda crisis de conducción” en el ELN y anunció que la delegación no firmará “acuerdos que legitimen a una representación que no cumple con lo pactado”, refiriéndose a la reciente decisión del ELN de interrumpir su compromiso unilateral de suspender los secuestros con fines económicos.