Instalación de la Mesa de Diálogo socio-jurídico con las estructuras criminales de Medellín y el Valle Aburrá.

Créditos: @MAPPOEA

Sergio Ramírez

Equipo de periodismo de Isegoría

Hoy en día, en Medellín mueren menos personas que las que solían morir hace un año en un mismo periodo. Durante los meses de enero a junio, murieron 29 personas menos en Medellín en comparación con el mismo período del año anterior. Esa es, para el Gobierno, la mayor muestra de que sí se han presentado avances en los diálogos de paz urbana que se adelantan con el conglomerado de estructuras criminales de Medellín y del Valle de Aburrá, que ya cumplieron un año y que habrían contribuido al desescalamiento del conflicto urbano.

Según el Gobierno, esta reducción de la violencia, junto con la de otros delitos, respaldada por cifras del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia (SISC), es consecuencia directa de los diálogos de Paz Urbana que se llevan a cabo con las estructuras criminales de Medellín y del Valle de Aburrá. Y, asimismo, una prueba de que el proceso ha tenido avances concretos tras más de un año de su inicio. Desde la mesa se ha defendido que cualquier vida salvada con las condiciones propiciadas por el diálogo es un logro indiscutible del proceso y el mayor argumento a favor de su sostenimiento.

Sin embargo, tal como señalan algunas personas desde la sociedad civil, la academia y la administración local, esta tendencia positiva, que podría no ser enteramente causada por los diálogos, es solo un logro temporal resultado de la voluntad de las estructuras criminales en seguir con un proceso que, a más de un año de su inicio, en realidad no ha contado con avances significativos que permitan avizorar la paz urbana.

La insistencia del Gobierno en presentar logros temporales, surgidos de la voluntad sin ataduras de las estructuras criminales, como avances de un proceso que no ha recibido suficiente atención y apoyo, es solo uno de los indicios de que, para el Consejero Comisionado Otty Patiño, los verdaderos avances que traigan una paz estable pueden esperar.

Una agenda en remojo

El 22 noviembre de 2023, Petro anunció que Otty Patiño, hasta entonces jefe negociador con el ELN, asumiría como Consejero Comisionado de Paz, en reemplazo de Danilo Rueda. Así, Patiño asumió la coordinación de los distintos frentes de diálogo abiertos en la iniciativa de Paz Total. Esa decisión del presidente impactó de forma particular los diálogos en Medellín.

Ese mismo 22 de noviembre, el comisionado había convocado una audiencia en la Cárcel La Paz de Itagüí para oficializar la apertura del diálogo socio jurídico con los grupos delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá, que representan más de la mitad de las bandas criminales del área.

Sobre la agenda, un acuerdo básico al que había llegado la delegación del Gobierno con los voceros de las autodenominadas estructuras criminales, se conocía que abordaba cuatro puntos, como lo reportaron medios de comunicación: el respeto a la vida y a las víctimas; los territorios y los jóvenes; las economías ilegales; y las estrategias para el desmonte de las estructuras armadas. Sin embargo, no se habían dado a conocer otros detalles.

Por eso, como lo pone de manifiesto Isabel Sepúlveda, directora de la Corporación Región, una de las organizaciones que conforman el Espacio Autónomo de la Sociedad Civil para la Paz Urbana en Medellín y el Área Metropolitana, era indispensable hacerla pública cuanto antes:

“Nos iba a posibilitar a los distintos sectores decir venga, esos temas no recogen los intereses de la mayoría de la ciudadanía, o ese no es el corazón de lo que necesitamos para construir un proceso de paz urbana”, explica Sepúlveda. Esa transparencia, que también permitiría el control de la sociedad civil sobre lo que se discutiría en la mesa era incluso más relevante cuando quien adelantaba los diálogos era un gobierno que proponía la participación de la sociedad en los cambios para la paz.

Además, “tener conocimiento sobre lo que se está negociando genera confianza en los diálogos”, lo que es particularmente importante en una ciudad “con un gobernador y un alcalde con posturas contrarias a este tipo de procesos”, agrega la directora de Corporación Región.

Pero aquello nunca pasó. Minutos antes de socializar la agenda, se le notificó a Rueda la decisión del presidente y la audiencia se canceló. Desde entonces, no se ha compartido nada acerca de esta hoja de ruta para los diálogos.

“El cambio de comisionado ha traumatizado un poco este proceso”, reconoce Jorge Mejía, líder de la delegación del Gobierno en los diálogos. “El nuevo comisionado ha necesitado cierto tiempo para introducir algunos cambios que nos parecen pertinentes. La reevaluará y la lanzará públicamente. Eso no ha ocurrido todavía. Creemos que en el mes de julio eso va a ocurrir, pero ha implicado que estos meses la mesa no haya tenido avances importantes”, agrega Mejía.

Sin embargo, por lo menos desde abril, la delegación del Gobierno ha estado asegurando que el comisionado de paz retomará este proceso, como lo revelan algunas entrevistas con medios de comunicación. Pero esto podría no pasar pronto, pues tal como lo resume la Fundación Ideas para la Paz en su informe sobre la paz urbana, Negociar la paz cuando no hay guerra: “el Comisionado consideró que, en su planteamiento original, la Paz Total era muy ambiciosa, por lo que concentró su energía en las mesas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), mientras que las mesas de paz urbana quedaron por fuera de sus prioridades”.

Mientras tanto, desde la delegación del Gobierno y la vocería de las estructuras criminales se insiste que también hay otras razones por las cuales la agenda no se ha logrado concretar.

“De hecho, la agenda también ha estado ahí, en remojo, porque han aparecido nuevas situaciones y concepciones que nos hacen reevaluar el criterio de la agenda”, explica Mejía. Entre esas concepciones está la de que “la sociedad tiene que ser más protagonista. Incluso creemos que la sociedad civil debe tener una agenda temática, una agenda ciudadana de paz urbana que nosotros como mesa debemos acoger”.

Algo que también han explicado los voceros de las estructuras criminales. “Lo que nosotros le estamos pidiendo a la sociedad civil es que nos ayuden a construir los puntos sociales de esa agenda, porque es que históricamente en el país hemos visto 12 procesos de paz, pero son procesos muy parciales que no tienen en cuenta la comunidad”, dijo Freiner Alfonso Ramírez, más conocido como ‘Carlos Pesebre’, en una entrevista con El Colombiano.

La participación de la sociedad civil en los diálogos ha sido una intención desde el inicio, pero sigue sin concretarse. A pesar del Espacio Autónomo de la Sociedad Civil y su comunicación con el Gobierno, aún no está claro cómo será la participación de la sociedad civil ni su influencia en la Mesa, más de un año después de su instalación.

En otros procesos, como con el ELN, la misma Mesa de diálogos ha propuesto el cómo se dará la participación social, pero en este caso, la Oficina del Alto Comisionado asumió esa tarea.

“Desde el inicio, el exalto comisionado planteó que la participación de la sociedad civil sería muy importante en esta conversación y que se iba a sacar un protocolo para formalizar la participación de la sociedad civil”, cuenta Isabel Sepúlveda. Pero, pese a que el Gobierno asumió esta tarea, en realidad nunca presentó nada.

Ante esto, el Espacio Autónomo presentó al nuevo Consejero Comisionado una propuesta basada en la trayectoria de sus organizaciones. La oficina del Comisionado respondió con el mismo silencio que mostró hacia la agenda de diálogos.

“Puede que el protocolo entregado al Gobierno no sea ideal, pero es crucial que la Oficina del Alto Comisionado responda con una contrapropuesta. La sociedad civil está comprometida con el proceso de paz urbana, pero este respaldo depende de que el Gobierno nacional cumpla con su rol. Las responsabilidades del Estado no pueden ser trasladadas a la sociedad civil”, argumenta Sepúlveda.

Algún día alguien pensará en la ley

En diciembre de 2023, mientras se producía el cambio de comisionado que dejaría a la mesa de diálogos en un letargo del cual no se ha recuperado, la Corte Constitucional declaró exequible la ley de Paz Total que otorgaba facultades al presidente para los acercamientos de paz o los procesos de sometimiento a la justicia.

Sin embargo, la sentencia de la Corte le puso una serie de limitaciones al poder que la rama ejecutiva se había atribuido, lo que se tradujo en que, si bien el Gobierno podía continuar adelantando esos diálogos, “solo se podrá llegar al punto del sometimiento [de dichas estructuras] una vez el Legislativo reglamente en qué condiciones se hará”, como lo explica Mejía.

En su momento, esta sentencia “fue recibida como un espaldarazo”, pues en definitiva le daba luz verde al proceso, agrega el líder de la delegación del Gobierno. No obstante, seis meses después, el marco jurídico de la paz urbana, o sea, “el modelo de justicia alternativa central para poder definir hasta dónde se puede negociar o si hay realmente una posibilidad de negociación”, como reseña Isabel Sepúlveda, ni siquiera ha sido discutido en el Congreso.

El pasado 14 de junio, en una audiencia pública sobre los diálogos, Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, afirmó que la responsabilidad ahora recae sobre el Congreso de la República: “A pesar de contar con una propuesta de Ley de Sometimiento, no ha tenido gran discusión y hoy está al borde del olvido esta iniciativa”. Agregó que eso podría tener efectos en el compromiso de las estructuras criminales.

Pero, mientras se prenden las alarmas en la sociedad, el Gobierno insiste en que la situación no es diferente a la que se presentó en anteriores diálogos, poniendo como ejemplo las negociaciones con las AUC.

“En el gobierno Uribe, el proceso de negociación con las AUC se inició en el año 2003, después del Pacto de San José de Ralito. Y el marco jurídico solamente se vino a construir en el año 2005, que fue la ley 975, o sea la ley de Justicia y Paz, dos años después”, comenta Mejía.

Según el delegado, estaríamos en una situación similar, adelantando “diálogos sin tener todavía textos normativos o jurídicos como para garantizar la sostenibilidad del proceso, algo que más adelante habrá que resolver”.

Además, aclara que los voceros de las estructuras “no han manifestado urgencia por pretender beneficios de tipo jurídico hasta ahora. Son motivaciones muy personales y familiares, y quieren beneficiar a los territorios, tienen sentido de pertenencia y mucho arraigo”. Por eso, Mejía asegura que en el corto plazo no habría motivos para pensar que las estructuras están impacientes por ese marco jurídico.

Esto se confirma en cierta medida en la entrevista de El Colombiano citada, donde el asesor jurídico Michel Pineda indica que las estructuras están más preocupadas por lograr una ley que trascienda a este Gobierno que por un logro inmediato.

Sin embargo, la situación podría no ser tan simple, según Fredy Chaverra, investigador de la Unidad Especial de Paz y coordinador de la Plataforma Isegoría. El paralelismo con los diálogos de paz con las AUC no se sostiene al considerar las circunstancias específicas de ese proceso.

Aunque tardó dos años en crearse un marco jurídico, había discusión pública y proyectos de ley en marcha, impulsados por el compromiso del gobierno de Álvaro Uribe.

En la actualidad, la defensa del Gobierno en el Congreso a los diálogos que él mismo propuso brilla por su ausencia: “No tenemos congresistas que estén patinando esto en la Cámara o en el Senado, como sí pasó en su momento cuando se dio la discusión de un marco jurídico que terminó dando la ley de Justicia y Paz”.

Chaverra añade que no existe una correlación de fuerzas favorables en el Congreso que permita la aprobación de este marco jurídico, como la que sí hubo durante el tiempo en que se discutió el marco jurídico para los diálogos con las AUC. “Con todos los senadores y representantes que ayudaron a elegir en 2002, [las AUC] tenían la tranquilidad de que esa bancada respondía a sus intereses, y les podía garantizar la expedición de un proyecto de ley favorable que luego sancionara el Gobierno. Eso no lo vemos ahora”, comenta Chaverra.

Además, el marco jurídico no solo debe tener en cuenta la mesa en Medellín. Este proceso es solo una de las tres mesas de diálogo que el Gobierno adelanta a nivel nacional, y eso implica que “la ley es nacional, y no se puede crear una ley con enfoques diferenciales en esta materia. La ley que el Gobierno termine impulsando debe responder a todas las mesas y no a una sola en específico”, agrega Chaverra.

El tiempo es otra razón que hace imprecisa la comparación con el caso de las AUC. Incluso con un Congreso cooptado y un gobierno comprometido, el marco jurídico para esos diálogos tardó dos años en aprobarse, tiempo con el cual el proceso actual no cuenta, en condiciones más adversas, teniendo en cuenta que la administración de Gustavo Petro pronto empezará su tercer año.

Julio será decisivo: el compromiso del Comisionado se verá en la publicación de la agenda, y el día 20 comenzará una nueva legislatura en el Congreso, ofreciendo una oportunidad para discutir el marco jurídico necesario. Sin embargo, dado el panorama actual, las expectativas no son muy altas.

Sin perspectiva a largo plazo

Jorge Mejía señala que la mesa ha concentrado sus esfuerzos en cuestiones relacionadas con su funcionamiento interno y en garantizar la sostenibilidad de los diálogos.

Junto a esto, también estarían las acciones comunitarias y programas gubernamentales orientados a la atención de jóvenes de zonas vulnerables, que, en su conjunto, han “logrado construir un fuerte movimiento social de apoyo a la paz urbana, y se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar cierta sostenibilidad al proceso, aunado con la voluntad de las estructuras y del Gobierno”.

 Sin embargo, en menos de seis meses, la capacidad para conseguir resultados a largo plazo de los diálogos ha sido afectada gravemente. La FIP en su informe sobre la paz urbana menciona que el Gobierno ha procurado garantizar la supervivencia de la mesa, “pero no apunta a lo que realmente interesa a las personas dentro y fuera de las cárceles: su situación jurídica, el fin de la persecución penal y las garantías económicas una vez abandonen la criminalidad”.

 Por otra parte, Jorge Mejía explica que la colaboración con los gobiernos locales será esencial para el avance de los diálogos. “Serán importantes en las políticas y los programas de integración social y territorial, eso requiere el concurso de todos los actores, no solamente del Gobierno nacional, no solamente de la Iglesia, sino también de los gobiernos locales. Nos tenemos que juntar para atender esos 10 mil muchachos que hoy están vinculados a esas organizaciones, y generarles oportunidades”, aclara Mejía.

 Sin embargo, la palabra clave es “serán”, pues según dice el propio Mejía, “hasta donde hemos llegado con la mesa, la presencia de la Alcaldía, por ejemplo, no ha sido indispensable”.

 Isabel Sepúlveda destaca que en esta fase del proceso es responsabilidad del Gobierno trabajar en clarificar circunstancias jurídicas sobre las cuales se desarrollarían los diálogos, terreno en el cual las autoridades locales no tienen mayor competencia.

 Fredy Chaverra añade que tiene un sentido práctico “ahorrarse lo complejo que es consensuar la agenda y el marco jurídico con autoridades locales en clara oposición”.

 No obstante, advierte que esta estrategia tiene un coste político: “Tener presente a la administración [local] así sea como observadores, es clave porque al final va a tener que asumir unas responsabilidades y una corresponsabilidad con el Gobierno nacional en el marco de los procesos de implementación del acuerdo”.

 Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín por el Centro Democrático, considera problemática la pretensión de que los gobiernos locales implementen un proceso de paz para el que no se les consultó. “Es un planteamiento erróneo y lamentable. Un proceso de paz no se puede hacer de espaldas al territorio donde está el conflicto”, señala la concejal, que además integra la comisión accidental que hace seguimiento a la mesa de paz urbana en Medellín.

 Para Carrasquilla, la estrategia del Gobierno no solo desconoce las facultades y la autonomía de las administraciones locales, sino que también se contradice: “Otty Patiño dijo que hay que descentralizar los procesos de negociación con las estructuras criminales y llevarlos a los territorios. Pero no hay forma de que se puedan solucionar los problemas de cada región sin una conversación directa con los mandatarios locales y su apoyo”, argumenta.

 Algunos pasos se han dado para atender ese llamado. De hecho, miembros de la mesa de diálogo, como el propio Jorge Mejía, han mantenido comunicaciones con la Comisión Accidental y con Claudia Carrasquilla en la búsqueda de la territorialización de los diálogos en Medellín.

 Sin embargo, por una parte, Carrasquilla aclara que ella no representa a las autoridades locales. Además, el alcalde Gutiérrez no ha manifestado interés alguno en intervenir en los diálogos, más allá de sus reclamos de “propuestas serias” por parte de las estructuras que conduzcan a su sometimiento. Isegoría buscó insistentemente la postura de la Alcaldía por medio de Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, pero no respondió a nuestro llamado.

Por otra parte, desde el Gobierno nacional, a través del Consejero Comisionado, no parece haber un interés real por cambiar la situación actual de los diálogos, y esto quedó ejemplificado en un episodio ocurrido recientemente: el pasado jueves 27 de junio, la Comisión Accidental encabezada por Claudia Carrasquilla convocó a distintas partes interesadas y potencialmente afectadas por el proceso, entre ellos, miembros de la delegación del Gobierno, autoridades locales, regionales y nacionales, voceros de las estructuras criminales sentadas en la mesa, colectivos de derechos humanos y movimientos de víctimas.

A la sesión, en la que se hizo un balance del proceso, no asistió el Consejero Comisionado de Paz. De acuerdo con Carrasquilla, el objetivo del espacio era encontrar la forma de destrabar el proceso y quedó obstaculizado por la ausencia de Otty Patiño que, a su juicio, expresa el desinterés del Gobierno nacional en un proceso de diálogo que ellos mismos propusieron.

 Fredy Chaverra explica que la suma de todo lo anterior da una visión clara de la estrategia a la que apuesta el Gobierno nacional, que impide por omisión cualquier avance significativo en el proceso y da suficiente margen de maniobra a la delegación para garantizar la frágil estabilidad de los diálogos en su año de existencia. “Su estrategia es cortoplacista y no tiene que ver con consolidar la paz urbana. El Gobierno está valorando estos esfuerzos en la dimensión humanitaria, pero no tiene interés en que esto se estabilice en el mediano y en el largo plazo”, señala Chaverra.

 A su juicio, la paz urbana, o al menos, la idea de garantizar condiciones para un desescalamiento constante y estable de la violencia, ha sido sacrificada para ganar más tiempo en otros procesos que son más urgentes para el Gobierno.

 Por ahora, en Medellín mueren menos personas que las que solían morir hace un año en un mismo periodo y eso, por supuesto, pese a los múltiples factores que pueden explicarlo, se puede calificar como una conquista. Pero sostener ese desescalamiento de la conflictividad y pensar en un escenario de desarme y de desmonte de las estructuras criminales es un objetivo que se ve distante.

 Isabel Sepúlveda concluye: “Este gobierno tiene una gran responsabilidad con este proceso. Si tiene éxito, será un triunfo para el Gobierno nacional. Pero si esto sale mal y se recrudece la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá, también será su responsabilidad”