Reconocer el conflicto urbano no ha sido fácil en Colombia, ante el predominio de las violencias rurales que arrastramos desde cuando en el congreso de Cúcuta en 1821 se dio inicio a la vida republicana. Pero con la creciente urbanización del país y la proliferación de las conflictividades urbanas, generalmente no relacionadas con las beligerancias políticas, es un acierto notable de Gustavo Petro considerar que la paz total no es posible sin la paz urbana. Así quedó expreso en la ley de Paz Total 2272 de 2022 y así lo valoró la Corte Constitucional en su sentencia con la que declaró exequible, en lo fundamental, dicha ley.

 Medellín y el Valle de Aburrá, es el mejor piloto nacional e internacional para intentar des escalar, mediante el dialogo, la multiplicidad de actores y factores de violencia, cuya consolidación por décadas, condujeron a la ciudad a ser reconocida en el mundo como tierra de narcotraficantes y violencias. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre los años 1980 y 2014 Medellín se destacó por tener 19.832 asesinatos selectivos, 484 secuestros, 2.784 casos de desaparición forzada, 784 acciones bélicas y 1.175 masacres. Ver cuadro siguiente sobre los municipios más victimizados de Colombia en 1980-2014.

No es difícil hurgar los orígenes de los responsables de esas cifras en la existencia de fuertes estructuras como el cartel de Medellín, los pepes, la oficina, los trianas, la terraza, pachellys, los pesebreros, los chatas, los mesa…lo que permitió, según la Defensoría del pueblo: […] todas las comunas y corregimientos tienen presencia de al menos un actor armado. Ejercen control territorial de la ilegalidad en casi el 85% del territorio, el restante incluye las áreas institucionales, lo que da cuenta de la magnitud de esta problemática (DdelP, Alerta Temprana 032-2020, p. 27) y según la Investigación de Valor Público de EAFIT con la Universidad de Chicago, existen

“17 grandes grupos criminales”, de los que dependen más de 350 combos que tienen presencia y ejercen control territorial en los barrios de Medellín y que agrupan entre diez mil y doce mil jóvenes (León, 2023).

Además de ejercer control territorial, resultado de su consolidación, las estructuras demuestran poseer control social, económico (ilegal, pero también legal), parcialmente institucional y político, demostrando además poder de fuego, mando jerárquico y confederado, y capacidad de adaptación a las nuevas realidades de las economías ilícitas y las políticas anticriminales del Estado reducidas a la persecución de los llamados “objetivos de alto valor” o a los jefes, mientras las estructuras siguen incólumes.

Hoy, se trata de buscar su desarticulación o transformación mediante el dialogo, tal como recomendó, en su Informe Final, la Comisión de la Verdad. El gobierno se sentó a la mesa con los voceros de unas organizaciones que no han sido derrotadas ni militar, ni estratégicamente. Nada presagia que el futuro sea diferente si seguimos aplicando las mismas formulas de hace 40 o 50 años.

Hitos el proceso.

• El comunicado del 27 de abril del 2023 donde los voceros de las estructuras armadas ilegales, anuncian 4 compromisos:

A- Declarar cese de hostilidades entre sus filas.

B- Apoyo a la propuesta de paz total y urbana del gobierno nacional.

C- Disposición para reducir los índices de criminalidad relacionados con los homicidios, el desplazamiento forzado intraurbano y la vinculación de menores a actividades delincuenciales y a las estructuras.

D- facilitar la lucha de las autoridades contra drogas como la heroína y el fentanilo.

• La Instalación del Espacio de Dialogo socio jurídico el 2 de junio 2023, donde el vocero de las estructuras manifiesta “No querer seguir cumpliendo funciones del Estado en los territorios”.
• La declaración conjunta sobre la neutralidad y no injerencia en la campaña electoral del 29 de octubre y en el ejercicio de la democracia.
• La adopción de los protocolos de funcionamiento del espacio, comunicaciones y acciones humanitarias o la humanización del conflicto urbano (este protocolo todavía en observación por parte de los voceros).
• La disposición de adoptar una hoja de ruta del proceso, o agenda temática, construida por la sociedad civil organizada, cuyo objetivo final es: el fin del conflicto urbano, como resultado de la implementación del Estado social de derecho y el tránsito a la legalidad.
• La participación visible de la ciudadanía, la academia y el congreso de la república, en apoyo a la paz urbana a través de asambleas populares territoriales, manifiestos públicos, realización de Audiencias públicas del Senado de la república sobre la paz urbana y la conformación en su seno de una comisión accidental sobre el proceso.

Debilidades y amenazas

A- la polarización política en cabeza de las autoridades territoriales e incomprensión de la pertinencia del proceso, en algunos sectores de Medellín y Antioquia.

B- Débil marco jurídico existente, que poco favorece las desvinculaciones colectivas, posibles levantamientos de órdenes de captura y reducción de penas.

C- Dificultades para socializar y comunicar hacia afuera del espacio y de la cárcel de Itagüí lo conversado en el espacio dialógico.

D- la presencia en el territorio de saboteadores internos y externos, algunos relacionados con el multi crimen internacional, interesados en hacerse al control territorial y al mercado de rentas ilegales.

Retos

• Generar más gestos y hechos de paz verificables, para demostrar que la paz urbana es posible y conveniente.
• Formular un modelo de reparación social y territorial, como la razón de ser del proceso, en el entendido que la paz urbana es ante todo la implementación real del Estado social y ambiental de derecho.
• Cambiar la gobernanza en los barrios, por la imposición de la legalidad.
• Propender por la adopción por parte del congreso nacional de un marco jurídico impulsado por el gobierno nacional según anuncio reciente de la ministra de Justicia.
• Encontrar respuestas por parte de la academia, centros de pensamiento y expertos a la pregunta: ¿Cómo pasar de las economías ilegales a las nuevas economías?
• Posibilitar que la participación de la ciudadanía para la paz urbana sea vinculante y empoderada, columna vertebral del ejercicio pacificador.
• Clarificar el lugar central de las víctimas del conflicto urbano con verdad, reparación colectiva y memoria urbana. Adoptar la Justicia restaurativa como el camino para un mejor relacionamiento entre víctimas y victimarios, y la reconciliación social.

Salvar vidas, el principal logro

Según el informe diario del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia, SISC, del Distrito de Medellín, del domingo 15 de octubre de 2024, en lo que va corrido del presente año hemos tenido 230 homicidios contra 288 en igual periodo del año anterior (1 de enero al 15 de octubre) o sea una reducción del 20%, significativa porque la reducción del 2023 fue histórica, año en el cual la tasa fue de 14 homicidios por 100.000 habitantes mientras la esperada para este 2024 es de 11, cifra no vista en Medellín en los últimos 40 años, muy por debajo del promedio nacional.

De esos 230 homicidios, las autoridades sindican a las estructuras de 62 (en igual periodo del año anterior la cifra era de 69) mientras que, por convivencia, violencia de genero e intrafamiliar se han reconocido 77 homicidios o sea que en Medellín hay más asesinatos por problemas de relacionamiento, que, por la delincuencia organizada, de todas maneras, el número sigue siendo alto y hay que reducirlo, ese es el reto. Destacable también que, para el periodo mencionado, en 2024 tengamos 132 días sin un solo homicidio, mientras en 2023 se tenían 110 días en blanco.

El mensaje incontrovertible a la sociedad y la institucionalidad es claro: la mejor manera de luchar contra la inseguridad, la defensa de la vida y los derechos ciudadanos, es procurar la paz urbana, más allá de los obstáculos y riesgos. La paz, para salvar vidas, justifica todo.

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de ISEGORÍA al respecto.