«Como universidad pública tenemos que decir, que la experiencia vivida del espacio, genere unas discusiones más profundas que puedan ser el punto de partida».

No es un secreto que el microtráfico ha ido ganando espacios al interior de las universidades, especialmente de las públicas, como resultado de una alta demanda de sustancias sicoactivas que ha ido en crecimiento, como se pudo evidenciar según datos de la Política Nacional de Drogas entre el 2009 y el 2016 pasando de 13.4% a 22.6%.

El microtráfico esta de manera implícita en los puntos de la Hoja de Ruta para la participación de la sociedad civil, pues es claramente un tema a tratar dentro de las economías ilegales y en consecuencia, las universidades como unos de los escenarios donde la paz territorial adquiere su propia forma, pues implica que las lógicas y dinámicas de la criminalidad y la violencia urbana que han estado presentes históricamente en la ciudad también lo han hecho en los espacios académicos, erradamente considerados marginados de la cotidianidad de la ciudad.

En este sentido toma relevancia que estos temas de tanto interés para la academia, cuando se trata de analizarlos en el propio ámbito universitario se tornan aún más complejos, a tal punto que pareciera que la universidad quisiera abstraerse, no significa ello negarse, pero si se hacen expresas sus limitaciones para su abordaje y mucho más, reconocerlo como uno de los elementos centrales para la discusión en la cual debería ser participe.

Debe ser que en nuestras formas de aproximarnos a la realidad cuando hacemos investigación resulta siendo menos complejo ubicarse desde la postura del observador distante de su objeto de conocimiento, pero en este caso no es así, el fenómeno atraviesa no solo la cotidianidad de la vida universitaria sino también el espacio en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo, lo que hace aún más difícil el análisis, más cuando son tantos los elementos que entran en juego en ese principio de objetividad.

Lo anterior, para plantear que efectivamente como universidad pública tenemos que decir, que la experiencia vivida del espacio, no solo de consumo, sino de comercialización de sustancias, como también del conocimiento que desde distintas disciplinas se ha producido sobre el tema, genere unas discusiones más profundas que puedan ser el punto de partida.

Esto implica no solo concebir unas posturas críticas reconociendo la historia de la universidad en la que se han construido estigmatizaciones de espacios como el mal llamado “aeropuerto”, además todo lo que ello ha significado, colocándonos en un lugar de alta vulnerabilidad, en tanto efectivamente las rentas ilegales se han establecido en la universidad y no solo desde el tráfico de estupefacientes, sino también de otras formas que han generado dificultades en el uso y apropiación de los espacios, generando consigo formas adversas para la resolución de conflictos y afectando con ello la convivencia en el campus, porque en este, al igual que en muchos barrios y comunas de la ciudad opera a su manera, el control territorial.

Reconocer la universidad como parte del problema, en tanto los cuestionamientos orientados a la permisividad que ha llevado a que estemos en este nivel de tráfico y de consumo, pero también aportar desde allí en esta agenda del proceso de paz urbana, esto es parte del enfoque territorial, reconocer que si bien el problema esta en toda la ciudad, las particularidades de los territorios hacen que operen de una manera diferente como es el caso de la Universidad de Antioquia.

Quizás puede ser desde allí que puedan surgir propuestas a escala micro para ver que tanto están las estructuras dispuestas a proponer nuevas economías y la comunidad universitaria a reposicionar, hacer valer y respetar los espacios universitarios.

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de ISEGORÍA al respecto.