Foto: Cancillería Colombia en Twitter (@CancilleriaCol).

Sara Isabel Ceballos Monsalve

Equipo de Comunicaciones de Isegoría

La participación de la sociedad civil en los diálogos entre el Gobierno nacional y el ELN fue pactada en el acuerdo nueve de La Habana, Cuba, el 9 de junio del 2023, como primer punto de la agenda. Su objetivo es “adelantar un diálogo entre los diversos actores sociales convocados a identificar y examinar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado para formular soluciones integrales”.

Primero es necesario entender qué es y porque es tan importante la participación. Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia e integrante de Isegoría, explica que el propósito es “que la sociedad incida en dos cosas: la primera es el diagnóstico de las problemáticas y la segunda es que plantee soluciones”.

En general, la participación de la sociedad civil en procesos de paz se podría definir como la integración de otros actores en las negociaciones de paz, mediante mecanismos que lleven propuestas a los diálogos. Son entonces las visiones alternativas de estos actores las que terminan por enriquecer el proceso mediante la participación social.

Así, hay muchas formas en las que la sociedad participa, con roles que van desde la mediación hasta el monitoreo y la movilización. Sin embargo, este caso va más allá, ya que la Mesa de Diálogos se plantea como columna vertebral una participación de la sociedad que sea propositiva, vinculante y eficaz, de forma que logre exponer cuales son los cambios que la sociedad necesita para lograr la paz.

Valencia lo explica así: “Los actores tradicionales son el Estado y la guerrilla. Entre ellos han negociado la paz históricamente. Pero, a partir de la década de los 90, se empezaron a meter otros dos actores en los procesos de paz, uno la sociedad civil y otro la comunidad internacional”.

¿Pero quién constituye la sociedad civil? Según Valencia, en procesos como el de las Farc-Ep fueron las víctimas del conflicto y las organizaciones campesinas quienes participaron activamente en la negociación.

El caso del ELN es diferente, ya que se quiere incluir en la construcción de propuestas a grupos que han sido excluidos, como jóvenes, mujeres, campesinos, comunidades indígenas y comunidades étnicas. Esto implica un reto de grandes proporciones: son 30 los sectores (entre organizaciones, movimientos, gremios y comunidades) invitados a participar del Comité Nacional de Participación (CNP), para un total de 81 organizaciones convocadas.

Se espera que esta diversidad, además de las diferentes perspectivas, logre dar un enfoque étnico y de género a las negociaciones. Étnico para incluir a los diferentes pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom (gitanos). Y de género para no dejar de lado la perspectiva de mujeres y disidencias sexuales. Todas siendo poblaciones vulneradas y poco escuchadas en el marco del conflicto armado.

Será entonces con la conformación oficial del Comité Nacional de Participación, que se consolidará la fase en la que se debe construir un modelo nacional, deliberante y propositivo. Serán máximo seis meses para definir criterios, alcances, metodología y escenarios que cumplan con estas singularidades.

Aun así, desde ya se está adelantando en Bogotá parte de esta fase, mediante una Comisión designada por la Mesa que está preparando la composición del Comité para su instalación este 25 de julio. 

Esta fase será financiada por la comunidad internacional y la sede será gestionada por la Conferencia Episcopal de Colombia en alianza con un representante del secretario general de Naciones Unidas. Al finalizar, se llevará a cabo un encuentro nacional para socializar los resultados.

La segunda fase, quizás la más importante, será la de identificación de problemáticas que causan el conflicto social y armado en Colombia. Allí se tendrán en cuenta diagnósticos estatales, estudios sociales, investigaciones académicas y acuerdos suscritos por movimientos sociales. Sería basándose en estas problemáticas que se plantearían las posibles soluciones que se llevarán a la Mesa.

La última fase, con la que se terminaría en mayo del 2025, deberá pactar el plan integral de transformaciones, con proyectos especiales tanto territoriales como nacionales que “hagan innecesario el uso de las armas para impedir o alentar tales transformaciones”, según declara el tercer punto del acuerdo de México. Es con este plan que se llevarán las propuestas de la sociedad civil a la Mesa de Diálogos.

A partir de allí será responsabilidad de la Mesa validar estos resultados para incluirlos en el punto seis del acuerdo, el Plan de Ejecución de los Acuerdos de Paz con el ELN, con el que concluirían las negociaciones y empezaría la ejecución de todo lo acordado.

El Comité, además de los 81 integrantes mencionados antes, contará con la participación de ocho delegados de la Mesa de Diálogos, cuatro del Gobierno y cuatro del ELN, y una Secretaría Técnica con dos personas designadas por cada delegación. Además del funcionamiento de la Comisión de la Mesa de Diálogos de Paz que adelanta actualmente la fase de diseño.