Foto: delegaciones del ELN y del Gobierno colombiano reunidas en La Habana, Cuba, para el sexto ciclo de diálogos.

Caterine Jaramillo González

  Equipo de Periodismo de Isegoría

El día 29 de enero se dio a conocer la ampliación del Cese al Fuego Bilateral y Nacional hasta el 5 de febrero. La prórroga definitiva sigue siendo evaluada en la mesa y de darse, se espera sea extendida por otros seis meses.  

Este nuevo acuerdo confirma que ambas delegaciones siguen discutiendo como se le dará continuidad al Cese del Fuego que, según los acuerdos firmados al iniciar el sexto ciclo, incluirían la suspensión de los secuestros con fines económicos, el fortalecimiento del mecanismo de verificación y monitoreo, y la búsqueda de financiación para el proceso de paz.  

Uno de los argumentos del grupo guerrillero para continuar con la práctica del secuestro era su utilidad como método de financiación, por lo que, en anteriores ocasiones, tanto el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, como el primer comandante del grupo guerrillero, Antonio García, interpretaron este tema como una imposición por parte del gobierno que debilitaría al ELN. Sin embargo, al finalizar el quinto ciclo la guerrilla se comprometió a suspender esta práctica e incluirla en la eventual prórroga del Cese al Fuego. 

Otro de los aspectos que se espera esté siendo discutido en la mesa de negociaciones, es el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, instancia creada con la firma del acuerdo número 10 en el que participan no solo miembros de las delegaciones de ambas partes, sino también hacen presencias representantes de La Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal. 

El funcionamiento de este mecanismo estaba previsto fuera reforzado por comisiones en territorio. Su fin es la observación y evaluación de cualquier violación al Cese al Fuego. A pesar de esto, según Jorge Mantilla, investigador del conflicto armado, uno de los puntos problemáticos es entender cuál sería el papel de este esta instancia si se determina que, efectivamente existió algún incumplimiento o violación.  

Otro asunto importante, en cuanto al análisis de la prórroga del cese, es entender las complejidades de los territorios donde hay presencia del grupo guerrillero, ya que las disputas por el control con otros actores armados, diferentes al gobierno, dificultan lograr alivios humanitarios en las poblaciones. 

En ese sentido es necesario que, para producir un impacto en las comunidades afectadas, el Estado busque que “los diferentes procesos de diálogos converjan. Algo así como entender esos procesos como diferentes ríos que convocan en el mismo mar, que tiene que ser la disminución de la violencia en los territorios”, explica Mantilla. 

Justamente es en ese punto donde la llegada del ministro de defensa, Iván Velásquez, a La Habana, el 28 de enero, tiene lecturas positivas frente a la articulación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la fuerza pública, sobre todo a la luz de la política de Paz Total del Gobierno Petro. 

Mantilla comenta que este encuentro con la mesa puede significar que hay mayor articulación entre Otty Patiño y Velásquez. O sea, que existe una mayor congruencia en relación con los ceses al fuego y de la posibilidad que se ha venido discutiendo de que el cese con el ELN adquiera un carácter más permanente.  

Por último, el tema de la financiación es quizás, para Mantilla, el más problemático a discutir. Por un lado, está que tan legítimo será ante la opinión pública el financiar al ELN sin que ellos demuestren voluntad de dejar las armas, y por el otro está el hecho de que el grupo “es parte de la lista de organizaciones terroristas, según Estados Unidos, lo que podría significar que cualquier ayuda conlleve sanciones drásticas”.