Créditos: Delegación de Paz del Gobierno de Colombia

Caterine Jaramillo Gonzáles

Equipo de periodismo de Isegoría

Con un acto de clausura en donde delegados de ambas partes de la mesa leyeron tres comunicados conjuntos, se dio por terminada la reunión extraordinaria entre el Gobierno y el ELN, la cual tuvo lugar en Caracas desde el 12 al 22 de abril.  

La lectura del primer comunicado estuvo a cargo de ambos jefes de las delegaciones, quienes informaron la intención de realizar una nueva reunión en Caracas del 20 al 25 de mayo, con el objetivo de recibir el informe ejecutivo del Modelo de Participación, el Plan Nacional de Participación y el conjunto de recomendaciones, productos del desarrollo del primer punto de la agenda de México.  

En cuanto a los dos restantes comunicados, la mesa se pronunció y solidarizó con México por la irrupción policial ecuatoriana a su embajada en Quito, y rechazó el asesinato en Colombia del líder social Narciso Beleño, en el Sur de Bolívar.  

Esta reunión extraordinaria fue propuesta por la delegación del ELN, quienes a través de una carta dirigida a Vera Grabe, señalaron la ausencia de condiciones adecuadas para realizar los «ciclos habituales de conversaciones».  

Según el grupo guerrillero, esto se debe a lo que ellos mismos denominaron una «doble política de paz» por parte del Gobierno, afirmación respaldada en repetidas ocasiones por Antonio García, líder máximo de esa organización. García ha explicado en sus columnas de opinión y publicaciones en X que el Gobierno está ejecutando, en simultáneo con las negociaciones, un plan de inteligencia para desmantelar la comandancia del ELN. 

El origen de esa idea es el diálogo regional promovido por el Gobierno con el frente Comuneros del Sur, en el departamento de Nariño. El ELN ha calificado esa iniciativa como un desconocimiento a los acuerdos en los que se basa la negociación y a su unidad de mando. Sin embargo, sobre este tema no hubo ningún pronunciamiento oficial en el acto de clausura de la reunión, hasta que dos días después la delegación del ELN hizo público el informe que presentó a la Mesa de diálogos sobre la situación en Nariño.   

En el documento esa guerrilla afirma que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, creado luego de la firma del acuerdo del Cese al Fuego Bilateral, viajó a Pasto el 26 de agosto para instalar su Instancia Regional y verificar una violación al acuerdo. Pero, dice el informe, tres días después, “en vez de realizar la verificación acordada en la Mesa, el Gobierno impulsó la firma de un acuerdo espurio con el grupo que encabeza Gabriel Yépez Mejía (H) en Nariño”. 

Al parecer, en el cuarto ciclo, tal acuerdo fue rechazado por el ELN, y Danilo Rueda, el entonces Comisionado de Paz del Gobierno, se comprometió a dejar de desarrollar este plan. Además, la delegación dice haber informado al Gobierno del proceso disciplinario interno en curso contra Yépez, “por violar la política del ELN de deslinde categórico con el narcotráfico, articulado en operaciones con sectores de la inteligencia estatal”.  

El anuncio del gobernador de Nariño sobre el inicio de los diálogos regionales en su departamento, previstos para principios de marzo y donde participaría el frente Comuneros del Sur, llevó al ELN a hablar de un congelamiento de las negociaciones, lo que suscitó la necesidad de una reunión extraordinaria que, una vez concluida el 26 de febrero, declaró en pausa el proceso “para que el Gobierno pusiera fin a las actividades de perfidia, suplantación y paralelismo en contra del ELN”. 

Efectivamente, los diálogos regionales si iniciaron el 9 de marzo en el departamento de Nariño, con un evento en el municipio de Samaniego. Tres días después, el frente Comuneros del Sur nuevamente manifestó la intención de participar, a lo que Otty Patiño, Alto Consejero de Paz del Gobierno (reemplazó en el cargo a Danilo Rueda) y anterior jefe negociador con el ELN, respondió pronunciándose a favor del desminado humanitario y anunciando la conformación de un grupo para que apoyara estas labores. 

Lo cierto es que, como dice Henry Ortega, investigador del CINEP, “independientemente del contenido o de la postura que esté formulando el ELN, tener claridad de unidad de mensaje entre Antonio García y la delegación es bastante importante” 

Aunque el Gobierno pocas veces se ha pronunciado sobre esta situación, sí ha dejado entrever su apoyo a estas iniciativas, sobre todo por el componente de territorialización del proyecto de Paz Total, un aspecto importante por considerar en el análisis y uno de los principales argumentos expuestos por Otty Patiño para continuar apoyando los diálogos en Nariño. 

En una entrevista publicada por Cambio el 26 de febrero, cuando se le preguntó a Patiño por cuál era su versión frente al impasse que estaba atravesando la mesa de diálogos, este contestó que “en una visita que hicieron en agosto (al Frente Comuneros del Sur) Naciones Unidas, delegados de varios países garantes como Cuba y Noruega, además de la Iglesia y el anterior Comisionado de Paz, se plantearon unos lineamientos para la reconciliación. Allí empezó la crisis, porque la reacción del jefe de la delegación, Pablo Beltrán, fue un poco dura, y se planteó que él había perdido la conexión con el Frente”. 

Patiño además agregó en dicha entrevista que, al no declarar esa zona como crítica, el Frente Comuneros del Sur decidió seguir con su proceso y se cruzaron dos puntos importantes: “uno, que fue elegido un gobernador del Pacto Histórico, Luis Alfonso Escobar, que planteó que su eje de gobierno iba a ser la paz”, y segundo “el recorrido, que el presidente Petro llamó como el Gobierno del pueblo, a lo largo de la costa del Pacífico, empezando por Tumaco, y en donde reafirmó y apoyó el diálogo regional”. 

Ante ese contexto, Ortega afirma que el Gobierno está atendiendo un “mandato simbólico” para hacer la paz. En ese sentido, ha activado negociaciones paralelas que se enfrentan a las disputas entre (y dentro) de las organizaciones armadas con las que tiene conversaciones.  

A eso se suma el factor tiempo, como explica German Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia: “El tiempo de los elenos es distinto al del Gobierno. El Gobierno tiene cuatro años, mientras ellos tienen toda la vida, hace 40 años están negociando y van a continuar, y entonces el Gobierno dice, no, tengo que mostrar resultados, y además es una forma de presionarlos”.  

Por otro lado, Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos con esa guerrilla, reconoció en una entrevista con W Radio el pasado 23 de abril que la situación generada por los diálogos en Nariño “no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana, no está solucionado, pero finalmente eso no quiere decir que la mesa se pare, que el proceso se pare o se congele y que los otros elementos no sigan andando”. 

Grabe además aclaró que en la reunión extraordinaria “se plantearon alternativas y caminos que permitan proteger a la mesa, reconociendo que hay un proceso andando que ha sido iniciativa de las comunidades, hay un proceso regional”.  

Balance  

Si bien no hubo acuerdos sobre la situación en Nariño, los demás comunicados dejan, según los expertos, un balance positivo, aunque con matices. 

Precisamente, el comunicado conjunto número 23 es visto por Germán Valencia como uno de los resultados favorables del encuentro de Caracas, ya que “se reúnen para avanzar en los temas de la mesa, no solamente para distensionar, sino para decidir que van a ir avanzando”.   

Algo en lo que coincide la investigadora senior de Crisis Group, Elizabeth Dickinson, quien además reconoció que “si hay compromiso para volver a reunirse. Yo creo que hay voluntad por ambas partes de superar la crisis”.  

“Ahora le toca decidir al Gobierno sobre la estrategia regional y tomar una decisión de si van a insistir, porque la teoría de la territorialidad, que tiene mucho sentido, es que las dinámicas de conflicto son tan diversas y tienen que ver con dinámicas muy locales”, agregó Dickinson. 

Sin conclusiones claras, la cuestión es como responderán, tanto el ELN como el Gobierno, al Frente Comuneros del Sur.   

Por un lado, Henry Ortega explica que, “a diferencia de la Corriente de Renovación Socialista, la facción del ELN que a comienzos de los 90, hace un pacto y se va del grupo, a los Comuneros del Sur sí los están considerando como infiltrados ¿Quiere decir qué se convierten en objetivo militar? o ¿van a mandar a otra estructura hasta Nariño para ir a hacerles la guerra?”. 

Por el otro, el Gobierno bien podría retractarse de continuar con este diálogo regional, “o bien esta la cuestión de que, si el Frente es expulsado, quede la pregunta de cuál es el problema de negociar con ellos. Jurídicamente se presentan muchas trabas, pero puede pasar que la Oficina del Alto Comisionado diga que es una disidencia del ELN y entonces mantener el mismo estatus político. Ahí puede haber argucias para ver cómo mantienen la negociación, pero igual sigue siendo algo tensionante”, complementó el investigador.  

A la muestra de voluntad, que no es un asunto menor, se le suma otro aspecto importante a resaltar del comunicado 23 de abril. El compromiso de la mesa para reunirse nuevamente a firmar los acuerdos que dan por desarrollado el primer punto de la agenda de México, lo que implicaría un avance nunca visto en las negociaciones con esta guerrilla.  

No obstante, para Valencia hay que considerar el carácter bajo el cual se dio este encuentro, “porque no es como lo ordinario, porque en ningún momento dicen que van a retomar los diálogos en un ciclo. Es en los ciclos de negociación donde se acuerda, es en los ciclos de negociación donde se avanza”.  

Ahora bien, el comunicado rechazando el asesinato del líder social Narciso Beleño, no es algo que deba pasarse por alto, puesto que, como pone de manifiesto el mismo documento, “este crimen pone en evidencia la necesidad de reforzar garantías para las organizaciones, movimientos populares y la población civil”.  

Frente a esto, a Dickinson le preocupa “el efecto que tiene este asesinato sobre las posibilidades de tener realmente una participación inclusiva en las zonas de conflicto más afectadas, por el mismo miedo que está generando este evento, y a su vez, por la falta de garantías para una participación abierta y franca”.