Investigación de Valentina Arango Correa* 

Trata de afinar su voz, las palabras le salen como un suspiro que se va yendo. Entonces Omaira Montoya, a sus 63 años, habla sin parar. Va enredando recuerdos con fechas imprecisas, el tiempo va y se devuelve. Conversar con ella es tratar de ubicarse, no solo en su testimonio, sino en la historia de una ciudad que ha hecho invisibles y quiere borrar a quienes habitan la calle.

Cuando evoca su infancia, Omaira endereza la espalda. Creció en el barrio Enciso, al norte de Medellín, en una casa donde el hambre y la violencia eran rutina. Su madre cosía con retazos para vestir a los 12 hijos; su padre, alcohólico, descargaba la rabia en golpes. Desde niña aprendió a resistir. Fuerte, acuerpada y rebelde, se fue de su casa a los ocho años para buscar trabajo y libertad. En la barbería donde barría y lavaba toallas conoció a una mujer que le mostró el amor y las noches del Parque Bolívar.

Allí, entre bares y peleas, se formó como lideresa juntando a un combo de niñas que sobrevivía robando a borrachos por ese sector del centro de la ciudad. Era defensora por instinto, protectora de las suyas, una “cacique” que imponía respeto con carácter y cuchillos escondidos entre la ropa. La calle se volvió su escuela por 40 años. En los años ochenta y noventa recorrió los túneles y aceras de Medellín, entre drogas, hambre y violencia. Vio morir a muchos, durmió enferma y con miedo, pero también encontró gestos de cuidado que le recordaban que seguía viva.

Uno de esos grandes gestos de solidaridad ocurrió en 2006. Un amigo de Omaira, conocido como “Guerrero”, llegó emocionado a mostrarle $10.000 pesos que le regaló un supuesto campesino. Le contó que era un señor bien vestido que llegó a las calles en busca de trabajadores para recoger moras en una finca. La oferta incluía un salario mensual, además de alojamiento y comida. La tentadora propuesta motivó a que Omaira y él se juntaran a un combo de personas que querían trabajar. Pasaron la noche reunidos, no “soplaron”—como se le dice banalmente a esnifar drogas—, compraron mecato con ese billete, hablaron del viaje, e incluso planearon en qué patio dormirían antes de irse juntos. Al día siguiente, salieron al punto de encuentro, cerca de la estación Prado del Metro, el sitio donde los recogían para llevarlos.

—Cuando salí, vi al Guerrerito sin camisa, todo flaquito, pegado al pequeño camión.

Omaira le preguntó quién faltaba, se devolvió a confirmar si no se quedaba ninguno. Eran más o menos 20 los parceros que se habían unido a la aventura. Entró al baño y justo en ese momento escuchó un ruido fuerte, “ran”, un golpe seco. Cuando salió, el carro ya había arrancado.

Se fueron sin ella.

Se quedó esperando unas tres horas a que volvieran, pero nadie regresó.

Luego esperó por un mes más yendo cada mañana al mismo lugar, convencida de que volverían. Preguntó mucho por ellos, pero nadie tuvo noticias. Ella pensó que tal vez estaban trabajando en otra parte o que se habían ido con el dinero.

Entre ese dolor y los años de adicción, llegó la fe. Omaira ayunó, leyó la Biblia, predicó en parques. Dice que Dios la sanó del cáncer y le dio fuerzas para luego salir de la calle. Ingresó a programas de la Alcaldía de Medellín, aprendió jardinería, a coser muñecas de trapo y hasta pegar cierres, vendió chicles, luego lideró un proyecto y montó una empresa comunitaria de confecciones que empleó a otras mujeres. En 2011 dejó definitivamente la calle y trabajó casi una década como educadora.

Su nueva vida le ayudó a comprender lo que pasó realmente cuando las ofertas de trabajo en fincas llegaron a las calles y el porqué no supo nunca más de sus amigos. Se enteró de que sus compañeros probablemente habrían sido asesinados por miembros de las Fuerzas Militares, quienes los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, es decir, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Dice que esa revelación la devastó. Lloró mucho al comprender que aquellos con los que había compartido la calle, esa familia social, habían sido asesinados en estado de indefensión.

—Yo estaba convencida de que estaban vivos.

El Águila, la Rata, Arena de Cementerio, La Hormiga, La Ardilla, El Pájaro, son algunos de los apodos que recuerda. Cada nombre fue una vida truncada. Al recordarlos, dice que siente que Dios tuvo misericordia con ella por haberla dejado viva, pero que le sigue doliendo profundamente saber cómo murieron.

Omaira no abraza, dice que nunca recibió la ternura, y su forma de entregarla es un llamado de atención, como un regaño de quien sólo busca ayudar. Foto: Valentina Arango Correa.

Resistir al desgaste y al silencio

“¿Desechable quién?”, se lee en varios carteles pegados sobre la pared de la Corporación Everyday Homeless, ubicada en el sector de La Candelaria, en pleno Centro de Medellín, donde convergen los lugares culturales más emblemáticos y los recodos con gran parte de los más de 8.000 habitantes de calle que documenta la misma organización. Jorge Calle, fotógrafo y líder del colectivo, cuenta que conoció a Omaira hace varios años, cuando ambos coincidían en los espacios del sistema habitante de calle en Centro Día.

El Centro Día es un programa de la Alcaldía de Medellín creado desde 1992 para atender a personas en situación o riesgo de calle. Allí se ofrece alimentación, duchas, lavado de ropa, atención psicosocial, talleres de autocuidado y acompañamiento para quienes quieran iniciar procesos de resocialización. Omaira, quien pasaba con frecuencia por allí, comenzó a involucrarse cada vez más hasta convertirse en una figura conocida por su liderazgo.

—Ella es una líder innata y tiene una historia muy fuerte—dice Jorge.

Cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC, comenzó a reconocer por los testimonios de comparecientes de la Fuerza Pública que entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales había habitantes de la calle, su organización fue convocada para acompañar el proceso. En medio de esa búsqueda de justicia, Omaira se convirtió en una voz fundamental.

—Ella fue habitante de calle. Ella sí sabe lo que es haber vivido durante esas épocas tan violentas—dice Jorge.

Entre 2002 y 2008, la JEP indica que un número desconocido de habitantes de calle fueron reclutados con engaños desde Medellín. Los militares los buscaban por su vulnerabilidad, por la facilidad para convencerlos con una promesa de trabajo, un plato de comida o unos cuantos billetes. Muchos de ellos fueron trasladados a zonas rurales y asesinados para ser presentados como supuestas bajas en combate. Los vestían con ropa oscura o camuflada para simular que eran guerrilleros o paramilitares. Después de asesinarlos, los militares destruían sus documentos y los sepultaban como personas no identificadas en cementerios municipales.

A cambio de presentar bajas en combate, el tribunal halló que los militares recibían diversos beneficios a cambio: desde vacaciones, pasando por bonificaciones, medallas y cursos formativos, hasta ascensos en sus cargos. Estas acciones respondieron a las presiones institucionales por mostrar resultados operacionales, lo que derivó en la fabricación de éxitos militares ficticios que reforzaban la narrativa institucional de eficacia y seguridad, a costa de la vida de civiles inocentes como los habitantes de calle. Antioquia, con 1.611 víctimas, según la JEP, fue el departamento más afectado por esta violencia con el 25% de las 6.402 ejecuciones ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008.

Tales hechos hacen parte del Caso 03 que investiga la justicia especial como ejecuciones de civiles presentados ilegalmente como combatientes muertos en operaciones militares. Dentro de este proceso, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas ha priorizado a la Brigada IV del Ejército, que operaba en Antioquia, por su participación en este patrón criminal. Son aproximadamente 100 personas desaparecidas, según registros de la entidad, quienes fueron presentadas como falsas bajas por integrantes de esa brigada.

En la primera sentencia relacionada con las ejecuciones extrajudiciales, del 18 de septiembre de 2025, la JEP condenó a 12 integrantes del Batallón La Popa por su responsabilidad en 135 casos de “falsos positivos” entre 2002 y 2005, en el sur de La Guajira y el norte del Cesar. Con el fallo se confirma que los militares actuaron como reclutadores o financiaron con dinero el traslado de las víctimas y la compra de armamento para legalizar los asesinatos. En algunos casos, tuvieron el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para seleccionarlas y trasladarlas a su área de operaciones. También realizaron pagos de inteligencia a personas que supuestamente habían aportado información para el desarrollo de las misiones tácticas y órdenes de operaciones en las que las víctimas fueron presentadas como muertes en combate.

En ese proceso judicial, para el caso Antioquia, aún no hay sentencia, pero sí se han realizado audiencias públicas donde los comparecientes —exmilitares, víctimas y representantes de la sociedad civil— se encuentran cara a cara. Estos espacios, conocidos como audiencias de reconocimiento de verdad, buscan que los responsables reconozcan sus crímenes y contribuyan al esclarecimiento de lo ocurrido. No son juicios en el sentido tradicional, sino que pretenden ser actos restaurativos para abrir caminos de reparación y reconciliación. Allí, los exmilitares comparecen ante las víctimas, sus familias y representantes de la sociedad civil para reconocer su responsabilidad en estos crímenes y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En la primera audiencia, realizada el 27 de junio de 2023, el entonces comandante del Batallón de Contraguerrillas N.º 79, Efraín Enrique Prada Correa, reconoció que bajo su mando ocurrieron los asesinatos contra los habitantes de calle y mencionó fechas precisas: 3 y 17 de marzo y 28 de abril de 2006. Otros comparecientes —Levis de Jesús Contreras Salgado, Jaime Coral Trujillo, William Andrés Capera Vargas, Luis Fidel Arenas Rodríguez y Juan David Aguirre— admitieron haber participado en el reclutamiento, traslado o ejecución de las víctimas, personas que, según sus propias palabras, “eran fáciles de engañar” y que “nadie iba a reclamar”.

En la diligencia previa, realizada el 27 de marzo de 2025, conocida como la Audiencia de Definición de la Situación Jurídica, 15 militares retirados que no fueron catalogados como máximos responsables aceptaron su participación en los asesinatos de habitantes de calle reclutados bajo engaño entre 2002 y 2008; y recibieron la renuncia a la persecución penal tras reconocer su participación y contribuir a la verdad y la reparación de las víctimas. Se trata de los capitanes (r) Alfonso Romero Buitrago y Manuel Antonio Quintero Flores,  los sargentos (r) Ferney Triana Lozano y Armando Fonseca Cavernal; y los soldados profesionales (r) y Gabriel Jaime Gómez Arenas, Juan David Aguirre, Luis Fidel Arena Rodríguez, Manuel Darío Mejía Sánchez, Manuel Esteban Echavarría Julio, Omar Orlando Huesaquillo Ruiz, Osvaldo Manuel Arrieta, Ramiro Agudelo Duque, Ricardo Manuel Vuelvas Lozano, Richard de Jesús Barroso Torres, Carlos Andrés Carabalí Ibarra.

Ese día, Omaira Montoya viajó a Dabeiba para la audiencia. A pesar de los nervios por acuerpar el testimonio de los habitantes de calle víctimas, sus gestos se convirtieron en un símbolo de reconciliación. Jorge, su amigo, aún se asombra al recordarla abrazando a los hombres que confesaban sus crímenes.

—Ella entiende el papel de ellos, que están haciendo un esfuerzo muy grande. Yo no lo entendí al principio, pero después las reflexiones de Omaira me hicieron verlo distinto. Su gesto era profundamente político. Ella va, se para, les da un abrazo y les dice: “Parce, es que yo también estuve ahí. Yo también decidí cambiar mi vida”. Y ellos también empiezan a entender que pueden hacerlo.

Omaira, buscadora y lideresa, se dedica a visitar semanalmente los Centro Día de Medellín, con el objetivo de llevar su historia de vida y con ella evangelizar a otros habitantes de calle. Foto: Valentina Arango Correa.

Otra persona que llevó la voz de los habitantes de la calle en esa audiencia del 27 de marzo fue Helen Buitrago, una mujer trans de 44 años que creció en Zamora, municipio de Bello, Antioquia.  Ella recuerda que, como habitante de calle, presenció operativos de “limpieza social” y la desaparición de compañeros a quienes ofrecían falsos trabajos en fincas.

—A un amigo mío le decían el Pirulo. Él era morenito… Me dijo: “Amor, me ofrecieron un trabajo en una finca. ¿Nos vamos a ir?” Y yo: “No, yo cómo voy a ir por allá”. Llegaron por varios, como por diez, se lo llevaron y nunca, hasta el sol de hoy, no sé nada de ellos ni de Pirulo —cuenta Helen.

Dice que hubo una época donde llegaban más a menudo ofreciendo trabajo para recoger café, nunca quiso ir porque lo suyo no es el trabajo físico. Pero sí tiene imágenes de furgones que pasaban a recoger compañeros con la presunta intención de llevarlos a jornalear. Según ella, existieron dos tipos de “jaulas”, vehículos donde se llevaban a los habitantes de calle, con propósitos diferentes. Durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, entre 2012 y 2015, las “jaulas” eran usadas por la Policía y funcionarios municipales para obligar a los habitantes de calle a subir y retenerlos por 24 horas para dar una imagen aséptica del centro de Medellín. En cambio, los camiones que menciona en otros momentos eran carros o mulas en las que civiles ofrecían falsos trabajos en fincas; las personas subían voluntariamente y luego no volvían a aparecer.

El grito común

Aunque la Unidad para las Víctimas no tiene un registro preciso sobre cuántas de las 6.402 muertes registradas por la JEP como falsos positivos eran habitantes de calle, sí reconoce los efectos del conflicto armado sobre esta población que ha sido sujeto de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violencias, pero los hechos han sido invisibilizados por la falta de datos y seguimiento institucional.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), por su parte, ha realizado entregas dignas de personas que estuvieron en situación de calle, pero tampoco cuenta con información discriminada ni sistematizada sobre el número de víctimas. El caso más reciente es el de Henry de Jesús Zapata, quien vivió en la Comuna 13 y posteriormente en el centro de Medellín, donde desapareció en 2006. Su cuerpo, inhumado como no identificado en el cementerio de Granada, al Oriente antioqueño, fue entregado a su familia en agosto de 2025. Henry, quien había prestado servicio militar en su juventud, buscaba ingresar a un centro de rehabilitación antes de ser visto por última vez cuando era subido a un camión del Ejército.

Esa ausencia en los registros no es solo un vacío estadístico, sino una expresión más de la exclusión que impide la verdad y la justicia. Así lo señala Claudia Rengifo, investigadora de la Corporación Con-vivamos, quien sostiene que, en Medellín, “una ciudad conservadora y jerarquizada”, persiste la idea del “desechable”, del que no cuenta. “Sin políticas que acompañen o siquiera registren a las personas que habitan la calle, es fácil que alguien desaparezca sin dejar rastro”, advierte. Por eso, dice, los falsos trabajos ofrecidos no fueron casualidad: “Los militares sabían que nadie los iba a reclamar. Eran personas que la sociedad ya había rechazado, y la guerra terminó de desaparecer”.

De esta manera, para la experta, el caso de Omaira y sus compañeros revela una verdad más amplia sobre Medellín, la ciudad donde las políticas de “limpieza social” encontraron terreno fértil en la indiferencia. En un territorio donde la productividad define el valor de la vida, explica Claudia, los habitantes de calle fueron borrados dos veces, primero de la ciudad, luego de la memoria.

Ante el vacío estadístico también nacieron luces de solidaridad. Cuando la JEP empezó a exhumar cuerpos en Dabeiba, Luz Amparo Mejía, representante del colectivo Madres de la Candelaria–Línea Fundadora, propuso algo que cambiaría la historia de esta población marginada:

—A partir de hoy, nosotras somos las madres adoptantes de esos chicos encontrados allá. Nosotras vamos a hablar por ellos, porque si no hablamos nosotras, ¿quién va a hablar por ellos?

Tras esa adopción simbólica que hicieron ante la JEP, Luz Amparo conoció a Omaira. Desde entonces la describe como una hermana y ejemplo de vida, quien no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la memoria viva de lo que se vive en la calle y el recuerdo de esas personas que ya no están. Además, dice que Omaira representa lo que la sociedad no quiere ver. Hasta Helen, quien la conoció desde que ella apoyaba la coordinación del Centro Día, dice que al principio le tenía la “mala”, un poco de recelo, por su carácter fuerte, pero hoy también la reconoce como “un ejemplo de vida, de resistencia y de amor propio”.

—Es una memoria viva de esa exclusión. Le devolvieron la dignidad, y al devolverle su dignidad, sintió que tenía un trabajo por hacer: mostrar que ellos también son seres humanos, que tienen alma y corazón. Nos decimos humanos, pero no tenemos humanidad. Si la tuviéramos, Omaira y muchos otros no habrían tenido que vivir en la calle —dice Amparo.

Ahora, la esperanza común de estas voces es que el país reconozca esas vidas borradas. Jorge y Omaira sueñan con salir a buscar a sus familias tocando puerta por puerta y decirle a la gente: “Si usted tiene un familiar desaparecido, acérquese, deje su ADN”. Para ellos, esa es la verdadera justicia restaurativa: reconocer, buscar, incluir.

—Yo tengo esperanza de que ellos van a aparecer. Es muy doloroso, porque todos eran hombres, todos de la calle. Y saber que Dios permitió todo esto… que me dejara viva a mí.

Omaira convirtió su casa en un albergue para recibir a otros habitantes como ella que, voluntariamente, se han reeducado con la Alcaldía y quieren dejar la calle. Con esa labor, se reconoce como una “servidora de Jesucristo”, quien a través de su grupo Ave Fénix, recorre “los lugares más siniestros” para ayudar a habitantes de calle, a adictos y portadores de VIH a través de sus creencias religiosas. Conocer la calle en profundidad le permite volver a ella cada semana con el objetivo de ayudar a otros que han vivido y quieren sobrevivir, como su misma historia: la de una mujer a la que se le ha ido desapareciendo su voz por la quietud de una cuerda vocal, pero que se convirtió en el grito de quienes ya no pueden hablar.

El testimonio de Omaira, de a poco, trata de devolverles la dignidad a los habitantes de calle desaparecidos. Su palabra ronca, quebrada, fuerte y valiente, es la memoria de una generación de invisibles que aún espera justicia.

*Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).