Redacción Unidad Especial de Paz

La Universidad de Antioquia fue el punto de encuentro para el Seminario de Convivencia en Universidades Públicas de Colombia, una iniciativa liderada junto a la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal (SUE Sur), que convocó a representantes de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Universidad Distrital, Universidad de Caldas, Universidad de Cartagena, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Tecnológica de Colombia, y Universidad del Cauca.

El rector Jhon Jairo Arboleda Céspedes abrió la jornada destacando que la convivencia es un “tema de obligatoria atención” en la vida universitaria, y compartió resultados parciales de la Encuesta de Convivencia Universitaria, desarrollada por el proyecto Conciencia Colectiva. Esta investigación aborda dimensiones como las violencias basadas en género, el relacionamiento interpersonal, la democracia, la violencia política y el uso compartido del espacio.

El rector reveló que, aunque el 44% de los encuestados percibe positivamente la convivencia, el 81% ha manifestado algún tipo de conflicto o incomodidad en los últimos meses por temas como el ruido, el consumo de sustancias o el uso del espacio público. A partir de esos hallazgos, compartió una aspiración que definió como un sueño colectivo:

“Aprovechando la política de este Gobierno de la paz total, hemos estado acompañando el tema de la paz total, las reuniones que se han dado en la cárcel de Itagüí y algunas otras que se han hecho en audiencia pública en distintos espacios. Hemos estado buscando espacios para hablar con estas personas y ojalá lograr, simplemente como un sueño se los comparto, para ver si es posible, con el acompañamiento de estas personas, declaremos las universidades libres de microtráfico. Creemos que este es un tema fundamental para la paz y, sobre todo, para la convivencia que debe imperar en nuestras universidades”.

Desafíos y tensiones en el campus

Durante el panel central, los expertos coincidieron en que, aunque el diálogo y la inclusión son fundamentales, las universidades continúan enfrentando dinámicas de exclusión, polarización y diversas formas de violencia.

Adolfo Álvarez, director del Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle, recordó que “nuestras universidades están plagadas de pequeños microconflictos locales” que no siempre se reconocen ni se tramitan, y que suelen escalar hacia la violencia. En su institución, explicó, los episodios reiterativos de violencia —como el reciente feminicidio de una mujer en el campus Palmira— han impulsado a ampliar la conversación hacia las violencias estructurales que afectan a la comunidad universitaria.

Desde la Universidad de Caldas, Ángela María García, directora del programa de Trabajo Social, compartió hallazgos sobre el consumo de sustancias psicoactivas, señalando que el 86% de los estudiantes consume alcohol, el 49% tabaco y el 43% cannabis. Destacó que el enfoque de su semillero parte de una mirada contrahegemónica y de reducción de daños, que busca abrir espacios de diálogo sobre convivencia, salud y uso compartido del campus, en lugar de respuestas meramente sancionatorias.

Por su parte, Juan Camilo Portela, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, explicó que el proyecto Conciencia Colectiva trabaja en cinco dimensiones críticas: relacionamiento interpersonal, democracia universitaria, violencias basadas en género, disputas por el espacio y violencia política. Según Portela, cerca del 50% de los encuestados considera que las reglas de convivencia no son del todo claras, lo que evidencia la necesidad de actualizar los acuerdos institucionales y fortalecer los pactos entre los diferentes estamentos.

La profesora Sara Fernández, de la Universidad de Antioquia, e integrante de la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género, subrayó que las violencias basadas en género “se sostienen en sistemas discriminatorios y matrices de opresión de clase, raza, género y edad”. Señaló que las universidades deben avanzar en procesos de despatriarcalización institucional, desarmando las estructuras de poder que reproducen desigualdades y exclusiones.

Los panelistas coincidieron en que la crisis de convivencia también responde a fallas estructurales de gobernanza y a una creciente hiperindividualización de la vida universitaria. Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, sostuvo que la convivencia debe asumirse como parte de la responsabilidad formativa de las instituciones: “no solo formamos profesionales, sino ciudadanías críticas, reflexivas y comprometidas”. Identificó una “fractura de la comunidad” derivada de la pérdida del sistema de bienestar y cuidado, y advirtió sobre el riesgo de responder a las tensiones del campus con medidas punitivas o militarización, lo que “no puede perderse del escenario”.

Desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, David Navarro —profesor e investigador en temas de paz, racismo y género— llamó a “repensarnos como universidades y repensarnos el gobierno de las universidades”. Propuso avanzar en pactos internos para renovar las normas de convivencia y fortalecer el bienestar como una práctica cultural cotidiana. Además, enfatizó en la urgencia de una política de acciones afirmativas robusta que garantice mayor representación de mujeres, personas afrodescendientes e indígenas en los cuerpos docentes y de decisión.

Hacia una política de paz y convivencia universitaria

Las distintas experiencias compartidas durante el seminario reflejaron que, aunque las problemáticas varían entre instituciones, los factores de fondo son comunes: violencias históricas, exclusión, desigualdad y ruptura del tejido comunitario. En la jornada de la tarde, las y los participantes trabajaron en tres mesas temáticas —Democracia, paz e institucionalidad; Violencias basadas en género; y Sentido de lo público y formas de relacionamiento— para construir de manera colectiva un conjunto de propuestas que fortalezcan la convivencia en las universidades públicas.

Desde la mesa de Democracia, paz e institucionalidad, se destacó la necesidad de crear canales estables para alcanzar acuerdos y garantizar su cumplimiento, evitando que la desconfianza continúe profundizándose. Las y los participantes enfatizaron en la importancia de reivindicar la historia a través de la verdad, la memoria y la reparación, y en abrir conversaciones que durante años se han silenciado por miedo o por la presencia de la violencia. También se planteó la urgencia de reconocer las fisuras en lo colectivo sin negar lo particular, y de ofrecer espacios reales de interlocución entre identidades en disputa, con la disposición de escuchar y comprender prioridades diversas. Finalmente, se insistió en que el aula debe seguir siendo un territorio privilegiado para el diálogo y el reconocimiento del otro.

La mesa de Violencias basadas en género propuso una lectura amplia y crítica del fenómeno, entendiendo que muchas violencias permanecen invisibles incluso para quienes las padecen. La discusión concluyó que es necesario nombrar, reconocer y tipificar las violencias desde ejemplos cotidianos, para visibilizarlas y garantizar procesos de denuncia y sanción más efectivos. Desde el plano institucional, se insistió en la revisión y socialización constante de las rutas de atención y denuncia, pues la mayoría de participantes desconocía su existencia o funcionamiento. Se propuso que la universidad haga visibles las sanciones establecidas para cada tipo de violencia, fortaleciendo la confianza en los mecanismos institucionales.

Desde la comunidad universitaria, se resaltó la importancia de potenciar los activismos, las colectividades y los grupos de investigación como actores clave en la transformación cultural. Finalmente, se llamó a construir alianzas interinstitucionales y una política de tolerancia cero frente a las violencias basadas en género, que atraviese todos los niveles educativos —desde la primaria hasta la educación superior—, acompañada de un compromiso de corresponsabilidad entre docentes, estudiantes y autoridades universitarias.

Por su parte, la mesa de Sentido de lo público y formas de relacionamiento reafirmó que lo público es el espacio de todas y todos, un bien común que incluye tanto los recursos materiales como los bienes intangibles, entre ellos el conocimiento, que define la esencia de la universidad pública. Las y los participantes insistieron en que defender lo público exige reconocer y proteger la diversidad universitaria, y construir una cultura democrática que asuma la diferencia, la pluralidad y el conflicto como condiciones legítimas de la vida universitaria. Además, recordaron que cuidar lo público implica asumir responsablemente los espacios físicos, los recursos financieros y las funciones misionales, siempre al servicio del bienestar común y del cumplimiento de los derechos de todas las personas.

El encuentro concluyó con el compromiso de las universidades participantes de continuar tejiendo redes, experiencias y políticas compartidas, con miras a la formulación de una política pública de paz y convivencia universitaria que reconozca la diversidad, promueva el diálogo y reafirme a las universidades públicas como territorios de conocimiento, cuidado y transformación social.