Foto: el paro armado fue decretado en los ríos San Juan, Sipí y Cajón. Créditos: Defensoría del Pueblo

Caterine Jaramillo Gonzáles

Equipo de periodismo de Isegoría

El anuncio del paro fue realizado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez el 8 de febrero, a través de un comunicado en el que también se instaba a la población a evitar desplazamientos para prevenir incidentes, con el objetivo de proteger la vida e integridad de los civiles no combatientes.  

Al respecto, el Alto Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, calificó como una deslealtad este último accionar de la guerrilla, no solo porque se dio durante la prórroga del cese al fuego bilateral pactado en La Habana, sino también porque “amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias.” 

Esta no es la primera vez que las comunidades del Pacífico chocoano se ven afectadas por este tipo de acciones. Desde el inicio del cese al fuego entre el ELN y el Gobierno de Gustavo Petro en septiembre de 2023, se han registrado tres eventos similares los días 17 de agosto, 6 y 28 de noviembre, todos desencadenados por enfrentamientos entre el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).  

La situación parece contradictoria ya que uno de los objetivos del cese al fuego es “bajar la intensidad del conflicto, desarrollar acciones y dinámicas humanitarias, propiciar la participación de la sociedad en el proceso de paz y concretar acuerdos humanitarios para las zonas con mayor crisis humanitaria, definidos por la Mesa de Diálogos para la Paz”.  

El problema radica en que ese acuerdo solo es entre dos actores armados, el Estado y la guerrilla del ELN. Las AGC al no estar en procesos de diálogos activos, siguen en la confrontación afectando a la población civil.  

“Pareciera que estos paros, en parte han ayudado también a visibilizar lo que está sucediendo. A pesar de que es un paro armado, y que la gente se ve afectada, pues también se pone los ojos en el río. Eso ha ayudado también a que la mesa declare este territorio como un lugar de crisis humanitaria”, señala Diego Ochoa, investigador e integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano. 

Esta consolidación de conflicto ha hecho de la región una “zona crítica o de crisis humanitaria”, una figura que nació con el acuerdo número trece firmado por la mesa de diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional en Venezuela, pero que tiene sus antecedentes en los diálogos con el Gobierno de Santos, en donde se empezó a hablar de la necesidad de aliviar a la población de estos territorios mediante acciones y dinámicas humanitarias.  

El 17 enero del 2023 se inició en el Bajo Calima y el Medio San Juan lo que se llamó caravanas humanitarias, siguiendo lo acordado en el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Petro y el ELN. 

“Los alivios humanitarios tenían diferentes líneas. Una de ellas era la ayuda humanitaria, por ejemplo, hacer llegar alimentos y víveres a las comunidades, establecer albergues o rutas en las cuales las comunidades puedan llegar en caso de desplazamiento y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias”, explica Jhon Mejía, también integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano. 

Finalmente, en el quinto ciclo de conversaciones se definió aumentar las zonas críticas y continuar con las acciones iniciadas en el Medio San Juan y Bajo Calima. Para eso se definió una comisión en la mesa y se espera que esta dé a conocer su plan de acción en el próximo ciclo.  

Poderes en disputa 

La subregión del San Juan se encuentra conformada por los municipios del sur de Chocó, Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Bajo San Juan, Cantón del San Pablo, Cértegui, Condoto, Río Iró y Unión Panamericana.  

Una cita de un comunicado del Consejo Comunitario del río San Juan, publicado en el 2021, resume en pocas palabras la razones que perpetúan la situación de violencia en el territorio.  

“En el San Juan la grave crisis existente no solo se da por el conflicto armado, también logeneran los megaproyectos extractivos y mineros (oro, plata y cobre), el despojo territorial, lainstalación de minas antipersonales, la siembra de hoja de coca y los corredores de movilidaddel narcotráfico, el abandono estatal y la permisión del Estado”.

Actores legales e ilegales han estado en constante disputa por ejercer un control en esa zona estratégica y rica en recursos naturales, situación que ha dejado en medio a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, quienes por ley son los propietarios de esos territorios colectivos.  

“Prácticamente nosotros hemos vivido en este conflicto desde el 2000, se puede decir” comenta un líder de la región del San Juan, de quien omitimos su nombre por seguridad. Entre confinamientos, desplazamientos y asesinatos selectivos, los habitantes de esta región del país no han podido sentir un verdadero alivio en su situación.  

Un informe, realizado por el Semillero de Investigación en Perspectivas Críticas de la Paz de la Universidad de Antioquia, pone en contexto las violaciones de derechos humanos en la subregión del San Juan en el periodo que comprenden los años del 2018 al 2022

En él se destaca que, luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, aunque en muchas regiones hubo cambios positivos en términos de seguridad, memoria y proyectos productivos, “en la subregión del San Juan el destino fue diferente y desde entonces la situación se ha agravado en razón de que las zonas que anteriormente eran controladas por las FARC-EP, desde el 2017 empezaron a ser cooptadas por el ELN y las AGC”.  

Ese mismo año los dos grupos acordaron dividirse el control del territorio, pero cuatro años, después el pacto se rompió reactivándose los enfrentamientos y, por lo tanto, la población civil quedó nuevamente en medio de las disputas. 

“Del 2020 para acá hemos estado en continuo confinamiento porque ya no tenemos la libre movilidad para buscar nuestros alimentos a las fincas por miedo a caer en minas antipersonales, y también quedar en medio de la confrontación” comenta el líder.   

Mientras tanto la presencia del Estado se ha limitado a sumarse con presencia militar y no con inversión social o fortalecimiento de las instituciones de gobierno autónomo. De hecho, Diego Ochoa, quien también participó como investigador en el informe, confirma que el análisis de los datos recogidos durante el periodo de gobierno de Iván Duque apunta a una estrategia de inversión militar de la zona.  

“En el San Juan, por ejemplo, se hace una base militar en Noanamá, que es un lugar central del río y eso empieza a dañarles toda su dinámica cotidiana, empieza la estigmatización a pobladores, pues porque el Ejército se mantenía en la comunidad, iba a las tiendas y la gente opta mejor por salirse de la comunidad y literalmente el pueblo queda abandonado”, explica el investigador.
 

Una solución diferente 

La complejidad de la situación en el San Juan evidencia la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto y no limitarse a soluciones superficiales. La violencia y la inestabilidad persisten debido a la ausencia de un enfoque integral que aborde tanto las dimensiones políticas como sociales y económicas del problema.  

Para el líder de la región del San Juan la situación es crítica ya que “si se está buscando una paz total y hay un proceso de diálogo, pues no pueden pasar estas cosas, pero igualmente, por otro lado, se logra sobreentender que no solamente acá hemos vivido el conflicto del paro armado por el ELN, sino también paros armados por las AGC”. 

Agrega que en la región del San Juan “la población civil ha evidenciado la complicidad que hay entre el Ejército y las AGC.” 

Es por eso que tanto Mejía y Ochoa como el líder concuerdan que la solución no es la militarización de la región. Al contrario “para nosotros tratar de mitigar esta problemática que hace rato vivimos acá, pues tiene que ver con en el tema del tejido social, la transformación social. Como población vulnerable, nosotros requerimos todo lo que tiene que ver para tener una vida digna, saneamiento básico, educación, salud y así por el estilo”, concluye el líder.