Sergio Ramírez

Equipo de periodismo de Isegoría

Esta es la pregunta que intentaron responder, el pasado 6 de noviembre, diferentes invitados en representación de organizaciones sociales a propósito de sus dos años de gobierno en un evento organizado por Viva la Ciudadanía y disponiendo del informe “El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz, los Derechos Humanos y la Democracia” (disponible aquí), realizado por más de 500 organizaciones a nivel nacional.

En el evento estuvieron presentes Diego Herrera, coordinador del área de paz de la Corporación Viva la Ciudadanía; Fredy Chaverra, investigador de la Unidad Especial de Paz y coordinador editorial en Isegoría, en representación del Espacio Autónomo de la Sociedad para la Paz Urbana en Medellín y el Área Metropolitana; Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU).

Además, estuvieron presentes representantes de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), de la Corporación Conciudadanía, de la Plataforma Poder Ver y del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

La conclusión a la que se llegó al finalizar el evento en el Museo Casa de la Memoria da visos de que existe una voluntad real, sin embargo, eso no ha significado su implementación.

Una apertura al cambio

Las intenciones de la administración de Gustavo Petro fueron resumidas rápidamente por Luciano Sanín, director de Viva la Ciudadanía, a través de la presentación de algunas acciones de gobierno que se han impulsado durante los últimos dos años:

“El primer logro que se le reconoce a este Gobierno es que se instaló una agenda de cambio, de transiciones que son a largo plazo que responden a problemas estructurales que estamos viviendo”, afirmó Sanín. Esto, de acuerdo con el director de Viva la Ciudadanía, se evidencia en los distintos intereses que el Gobierno ha manifestado, desde el cambio climático, la transición energética hacia energías renovables y las condiciones de las poblaciones vulnerables de Colombia, temas que no eran prevalentes en anteriores administraciones.

Además, se destaca el cambio de la relación entre el Ejecutivo y los movimientos sociales:

“Venimos de un gobierno en donde el Estado consideraba al movimiento social como enemigo, y actuaba en consecuencia, favoreciendo la violencia contra movimientos y líderes, y ahora vemos que en este Gobierno se ve a los movimientos sociales como un aliado”, explicó Sanín. Todo esto se evidenciaría en cambios en políticas y en la creación de instrumentos para favorecer la participación de la sociedad, así como una reducción significativa de la represión de la protesta social y, por ende, de la violencia por parte del Estado contra la sociedad civil.

Este cambio en la doctrina del enemigo interno que se ha vivido por décadas en el país se visibiliza todavía más en el proceso de participación de la sociedad diseñado en los diálogos con el ELN, o con la intención de que sea la sociedad antioqueña la que señale los temas importantes en el proceso de paz urbana.

Y precisamente a propósito de estos procesos, Luciano Sanín señaló como uno de los cambios más significativos la reapertura del diálogo con grupos armados como alternativa a la confrontación violenta como método de resolución del conflicto, pero con una perspectiva diferente, como precisó Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la CCEEU:

“Se viene de un concepto de proceso de paz, que eran las paces parciales, fragmentadas, realizadas con un grupo en determinados territorios, pero que al abandonarlos rápidamente eran cooptadas por otros grupos que no estaban en el proceso de negociación, en un reciclaje constante de violencia”, señaló Yepes. En ese sentido, los distintos procesos de paz y de sometimiento a la justicia que adelanta el Gobierno parecen tener una visión más completa e integral del conflicto armado: se debería dialogar con todos los actores para llegar a una transición sostenible, y a eso respondería la política de Paz Total.

Según los distintos invitados al encuentro, estos cambios hablan de las intenciones del Gobierno y el diagnóstico que hace de las problemáticas del país.

Sin embargo, más allá de la visión que desde el Gobierno se tiene, en realidad se habría concretado poco.

Las aspiraciones de cambio y la realidad de la implementación

La situación actual de las políticas para el cambio pensadas por el Gobierno se podría resumir en una frase repetida con frecuencia por los invitados: déficit de concreción.

“Este Gobierno tiene mucha agenda, recoge aspiración social, pero al momento de convertirlo en instrumentos de política pública y al momento de implementarlos y ejecutarlos, hay un camino largo sin recorrer”, explicó Luciano Sanín.

Desde el Gobierno se ha justificado esto como un bloqueo institucional por parte del Congreso de la República, que ha puesto obstáculos para aprobar distintos proyectos de ley necesarios para adelantar los cambios propuestos desde el Ejecutivo. Según Sanín, esto podría ser cierto: “este es el momento en Colombia, en los dos primeros dos años de un gobierno, en el que menos leyes han sido aprobadas en el Congreso”.

Sin embargo, distintos invitados al encuentro no consideran que desde el Ejecutivo se haya hecho lo suficiente para mantener a flote estos proyectos de ley en el Congreso, o siquiera en la agenda pública.

Según Fredy Chaverra, uno de los mayores ejemplos es el marco normativo para adelantar el proceso de sometimiento que se busca hacer en Medellín con las estructuras armadas de la ciudad y del Valle de Aburrá, que aún no ha avanzado en el Congreso, y según el miembro del Espacio Autónomo de la Sociedad, por una falta de liderazgo del Gobierno para que se discuta.

“Creo que al Congreso le ha faltado compromiso, pero al Gobierno le ha faltado estrategia. Ahí sí hay una responsabilidad muy clara que es del señor Otty Patiño en la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Tiene apuestas muy inmediatas como funcionario y hay un desinterés en impulsar otras”, precisó el investigador.

De acuerdo con Luciano Sanín, este Gobierno se ha caracterizado por realizar muchas propuestas de cambio; sin embargo, no ha acompañado con suficiente vehemencia todas ellas, en parte “por no contar con la capacidad profesional, técnica y política para llevarlas a cabo”. 

A esto se sumaría la poca constancia y continuidad en proyectos y el liderazgo en distintos niveles, desde cambios de ministros, viceministros sin nombrar, y cambios en la dirección de unidades.

El estado de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, un punto en el cual se había comprometido el gobierno de Gustavo Petro, sería otra de las señales de este problema.

“Un punto de partida como base elemental (de la Paz Total) es la implementación integral del acuerdo de paz”, señaló Chaverra, recogiendo a su vez lo dicho por el propio Gustavo Petro y su entonces Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, hace dos años.

Pese a esto, se efectuaron cambios significativos a la Alta Consejería encargada de implementar este acuerdo, y la Unidad de Implementación del Acuerdo ahora delegada para encargarse de esta tarea ha sido señalada en diferentes ocasiones por los propios miembros de la Unidad de Implementación como una entidad insuficiente para hacerse cargo de la tarea dada su débil capacidad administrativa y presupuesto en lo que va del gobierno.

Por otra parte, según explicó Alberto Yepes, a pesar de los avances en los procesos de paz y las propias directrices del Gobierno para la fuerza pública “no se ha podido cesar el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos, y firmantes de paz. El Gobierno no ha encontrado la manera en que la política de paz ni la política de seguridad tenga efectos tangibles en la reducción de la violencia”.

Para el director del Observatorio, “hay fallas que tienen que ver con una falta de exigencias claras a los grupos a los que se les beneficia con la apertura de espacios de negociación” y señaló que en la búsqueda de esa paz que no fuera fragmentada, se ha perdido la oportunidad de priorizar las negociaciones con los grupos que han demostrado capacidad y voluntad para lograr ese impacto.

Yepes además agregó una recomendación que a su vez se podría aplicar a las políticas de cambio que el Gobierno ha buscado implementar: se hace necesaria “la autocrítica del Gobierno para reconocer la capacidad real para continuar con los procesos”, y priorizar aquellos en los que se identifica la posibilidad de avanzar.

A más de dos años del inicio de su mandato, y a menos de dos de su final, los participantes en el evento concluyeron que el gobierno de Gustavo Petro todavía enfrenta el desafío para transformar sus propuestas en realidades tangibles.