Por Melissa Salazar Calle

En Colombia, la desaparición forzada ha silenciado a miles de personas y ha perseguido y desaparecido a quienes se negaron a olvidar. Durante décadas, madres, hermanos, hijos, esposas y familiares emprendieron búsquedas atravesadas por el miedo, la impunidad y el abandono estatal. Ante el silencio de las instituciones, muchos encontraron en la denuncia, la memoria y la organización colectiva la única forma de exigir y encontrar respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

En la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, recordamos a Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), desaparecidos el 6 de octubre del año 2000 en Medellín.

La historia de ambos estuvo atravesada por la búsqueda de sus propios familiares desaparecidos. Claudia Patricia ingresó a ASFADDES después de la desaparición de su hermano, Edgar Augusto Monsalve, estudiante de Ingeniería desaparecido el 6 de mayo de 1995 junto a Jorge Iván Alarcón Sánchez, presuntamente a manos de una patrulla de Policía.

Ángel José, por su parte, convirtió la búsqueda de sus familiares en una causa de vida. Semanas antes de su desaparición había denunciado la desaparición de Rubén Úsuga Higuita, Wilson Úsuga Higuita y Arvey Poso Úsuga, uno de ellos menor de edad.

Ambos hacían parte de ASFADDES Medellín, organización creada por familiares de víctimas que durante años enfrentaron el silencio institucional y la indiferencia de gran parte de la clase política frente a la tragedia de las desapariciones forzadas en Colombia.

Mientras el número de desaparecidos aumentaba, familias y organizaciones defensoras de derechos humanos tuvieron que insistir durante más de 12 años para que la desaparición forzada fuera reconocida como delito autónomo en el país. Hasta que, el 10 de julio del 2000 fue aprobada la Ley 589, uno de los logros más importantes impulsados por organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos.

El reconocimiento de la desaparición forzada como delito autónomo representó un paso fundamental en Colombia, no solo por su dimensión jurídica, sino porque permitió nombrar una práctica utilizada de manera sistemática para sembrar terror, eliminar opositores y romper el tejido social. Durante años, familiares y organizaciones de derechos humanos insistieron en que las desapariciones no podían entenderse como hechos aislados, sino como parte de una estrategia de persecución y control ejercida en distintos territorios del país.

Por eso muchas familias guardaron silencio para proteger sus vidas, otras decidieron denunciar pese a los riesgos que eso implicaba. ASFADDES es una de las organizaciones que persiste en la exigencia de verdad, justicia y memoria, pese a los hostigamientos y amenazas constantes contra sus integrantes.

Es en ese contexto que desaparecieron a Claudia Patricia Monsalve y a Ángel José Quintero. El 6 de octubre del año 2000, sobre las 10:15 de la noche, ambos fueron retenidos por hombres armados en el cruce de la carrera Bolívar con la calle Amador, en el centro de Medellín. Desde entonces permanecen desaparecidos. Ese mismo día, Ángel había acudido a la Fiscalía en Medellín para rendir declaración sobre la desaparición de sus familiares. La diligencia había sido coordinada a través de la línea telefónica de ASFADDES. 

Tiempo después, las investigaciones judiciales revelarían una de las operaciones de interceptaciones ilegales más graves registradas en Medellín. La línea telefónica de la asociación estaba siendo interceptada ilegalmente mediante órdenes falsas emitidas desde el Gaula de Medellín.

Las investigaciones señalaron, además, la interceptación de más de 1.800 líneas telefónicas y la responsabilidad de organismos de seguridad del Estado. Entre los involucrados apareció el entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco, posteriormente sancionado por la Procuraduría y años después condenado en Estados Unidos por vínculos con grupos paramilitares y narcotráfico.

Amnistía Internacional advirtió entonces que el descubrimiento de las interceptaciones ilegales hacía indispensable una investigación exhaustiva sobre la posible responsabilidad del estado en la desaparición de los dos defensores de derechos humanos. 

La desaparición de Claudia Patricia y Ángel José no fue un hecho aislado. Ocurrió pocos días después de nuevas amenazas de grupos paramilitares contra organizaciones defensoras de derechos humanos, incluida ASFADDES. Su caso representó un mensaje de terror contra quienes insistían en denunciar las desapariciones y acompañar a las víctimas. 

La violencia tampoco terminó ahí. Durante el proceso de investigación fueron asesinados cinco familiares de Ángel Quintero y otros integrantes de su familia tuvieron que salir del país para proteger sus vidas.

Durante más de dos décadas, familiares y organizaciones han sostenido la exigencia de verdad, justicia y memoria, pues las heridas siguen abiertas y los duelos están suspendidos en el tiempo. Porque la desaparición forzada no termina con la ausencia. Continúa en la incertidumbre diaria, en las preguntas sin respuesta.

Hoy conmemoramos y recordamos los nombres de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, ellos siguen presentes en nuestra memoria y en la de quienes continúan buscándolos. Recordarlos es también reconocer su dignidad, su valentía, porque incluso en medio del terror, se negaron a guardar silencio.

La desaparición forzada busca borrar cuerpos, voces e historias. Y frente a eso, desde la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia buscamos hacer memoria como acto de justicia.