El Gobierno y la guerrilla del ELN, han firmado 7 nuevos acuerdos parciales, el pasado 23 de enero. Tales acuerdos encuentran sintonía con algunos avances recientes en la mesa que se adelanta con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, como son la renuncia al secuestro con fines económicos, y la identificación de formas para afrontar factores desestabilizadores del cese al fuego como son las acciones contrainsurgentes en las que se presume una connivencia o colaboración de elementos de la fuerza pública con otros actores irregulares.

La participación de la sociedad también se reafirma como aspecto central en ambos procesos, en el caso del proceso con el ELN, se creará la Red Nacional de Participación, la cual estará encargada de ampliar la convocatoria y coordinar a los nodos territoriales y sectoriales. Esto sobre la idea de continuar en la búsqueda de un Acuerdo Nacional en torno a una visión común de paz, el cual le daría estabilidad y mayores posibilidades de cumplimiento a los acuerdos que se logren a futuro.

Uno de los aprendizajes de la fase de implementación del acuerdo de paz del 2016, es que debido a la arquitectura institucional y a los límites constitucionales, la implementación de acuerdos de paz de temas sustantivos a partir del principio de la “buena fe”, termina dependiendo de las lógicas clientelares entre el gobierno y los partidos, sobre todo porque el país no registra una correlación de fuerzas decisivamente favorable a las reformas sociales y del Estado que proponen los acuerdos de paz con las insurgencias.

Resulta relevante observar el giro en la posición del ELN de condicionar la suspensión o proscripción del secuestro a una financiación de sus estructuras. El acuerdo que incorporará esta novedad no aprobaría la financiación de las estructuras del ELN, pero si generará un compromiso de buscar recursos para financiar las actividades de la participación de la sociedad durante el desarrollo de los puntos 2 y 3 del Acuerdo de México (diagnóstico de los problemas de la democracia colombiana y transformaciones para la paz, respectivamente).

En esta dirección la jefe del equipo negociador, Vera Grabe señaló a El Espectador:

“Hay que hacer claridad en que el anuncio de la suspensión del secuestro por parte del ELN como un proceso no tiene nada que ver con la financiación. Una cosa es una cosa y la otra es la financiación en actividades que tienen que ver con la paz. Entonces, si la comunidad internacional está dispuesta a aportar, pero siempre y cuando sean acciones de paz, que signifiquen la transición del ELN hacia la paz, eso tiene que separarse, porque se tiende a hacer la mezcla y se ha generado como la idea que ahí hubo negociaciones, cambalaches por debajo de cuerdas (…) Fuimos enfáticos en que solamente habrá recursos en función de las actividades de paz, que tienen que ver con los procesos de participación, con las zonas críticas y los procesos de desarrollo locales, con la actividad política del ELN, etcétera. Pero aquí no se habla de financiación del ELN como fuerza armada. Eso tiene que ser muy claro, y ahí la comunidad internacional es testigo” (Redacción Colombia +20, 2024a).

Respecto de los recursos necesarios para continuar con el proceso de paz, el Acuerdo Nro. 21, designa responsabilidades de presentar propuestas de financiación y las actividades en los que se invertiría, a un equipo conformado por delegados de la Mesa, el Representante del Secretario General de la ONU en Colombia, del Reino de Noruega y del Grupo de Países de Apoyo, acompañamiento y Cooperación (GPAAC).

El acuerdo Nro. 17 es una novedad y un paso adelante respecto de uno de los asuntos más oscuros y problemáticos no solo de los procesos de paz sino del conflicto armado en Colombia en general. Las partes acordaron la creación de un observatorio del paramilitarismo, no para hacer estudios históricos que por cierto ya existen, sino para facilitar la denuncia, la comprensión y la demostración empírica de una serie de prácticas que cuestionan la capacidad de mando efectivo del poder civil sobre la actividad o dimensión operacional de las fuerzas militares en territorios en disputa o con presencia de actores armados ilícitos.

La misión del observatorio estaría en el aumento de las capacidades de información para evitar prácticas o acciones que saboteen el cese al fuego, por parte tanto de elementos de la fuerza pública como de grupos armados ilegales interesados en combatir al ELN. Según esta guerrilla, durante el 2023 se presentaron hechos confusos que pusieron en riesgo el cese al fuego, por tanto, sus denuncias se han sumado a otras situaciones (como la de los soldados que en el mes de septiembre de 2023 se hicieron pasar por miembros de las disidencias de las FARC), para que el gobierno apoyara la decisión de observar las prácticas de la fuerza pública en dichas zonas.

Tal fenómeno no solo se pretende atender en el marco de esta mesa de negociaciones de paz, en el proceso que se adelanta con el Estado Mayor Central, se lee en el comunicado conjunto de 12 de diciembre del 2023, que: “2. El gobierno nacional elevará ante los entes competentes las denuncias sobre alianzas de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios estatales con estructuras ilegales; con el fin de que sean investigados y, cuando corresponda, judicializarlos y sancionarlos” (El Nuevo Siglo, 2023).

Vera Grabe señala que dicho observatorio es importante:

“Porque el paramilitarismo era un fenómeno estructural que el propio gobierno busca superar (…) El presidente Petro es de los que más ha denunciado este tema desde que fue parlamentario. Es un tema ágil, se plantea un observatorio, se plantean unos canales de comunicación cuando se identifican situaciones que tienen que ver con esto, pero obviamente tiene que ver con la paz total. La paz total implica de verdad mirar los otros actores, integrar los otros actores, pero eso ya es tarea del comisionado” (Redacción Colombia +20, 2024a).

El Acuerdo Nro. 19 adelanta algunos de los eventuales componentes del Plan Nacional para la Participación, documento que recogería las pautas metodológicas de la participación en los puntos 2 y 3 de la agenda, y que sería presentado al país el próximo mes de abril. Dicho componente crucial, sería la Red Nacional de la Participación (RNP), como instancia de coordinación de las subredes sectoriales y territoriales que se han venido conformando, y además, como encargada de promocionar y ampliar la participación de la sociedad en el proceso de paz.  

En el Acuerdo Nro. 20 sobresale la creación de una Comisión Humanitaria, la cual, junto al Ministerio de Defensa Nacional, harían recepción de los informes que la mesa realizaría, con ayuda de enlaces locales y acompañamiento internacional, sobre la situación humanitaria en las 13 Zonas críticas previamente identificadas. También es relevante en este acuerdo, el impulso de la Veeduría Social en cada una de las Zonas críticas, para cumplir funciones de articulación de organizaciones en defensa de los DDHH y denuncia frente a acciones violatorias del cese al fuego.

Referencias

El Nuevo Siglo (2023) Estado Mayor Central renuncia al secuestro con fines económicos. [Redacción Web] [diciembre 12] Recuperado de:  https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/estado-mayor-central-renuncia-al-secuestro-con-fines-economicos

Redacción Colombia +20 (2024a) El detalle de los seis acuerdos a los que llegó el Gobierno y el ELN en México. [24 de enero] [página web]. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-con-el-eln-cese-al-fuego-observatorio-paramilitar-y-acuerdos-del-gobierno-y-esa-guerrilla-en-mexico/

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