Por Johan Higuita
Algunos hablan de la violencia que regresa al Oriente antioqueño; otros plantean que la violencia nunca se fue y que apenas, otra vez, se hace visible; otros tantos, negacionistas por completo, la ocultan o la ignoran por intereses soterrados. Lo cierto es que las cifras hablan por sí solas y que el temor que nuevamente se arraiga en las comunidades confirma los hechos. La violencia, otra vez, acecha a una de las subregiones más afectadas por el conflicto armado en Antioquia. Un grupo de organizaciones sociales, con una importante trayectoria en el acompañamiento a las comunidades del Oriente antioqueño, se ha unido para elaborar un informe de Derechos Humanos que aborda el período 2020-2025 y prende las alarmas frente a unos hechos violentos que cada vez son más reiterativos y amenazantes en los territorios.
Este informe nace del trabajo articulado de la Corporación Conciudadanía, la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Vamos Mujer, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente. Lo escriben organizaciones que llevan años caminando sus municipios, acompañando comunidades, documentando violencias y defendiendo derechos.
El informe, recién publicado, plantea por lo menos cuatro claves importantes para comprender el nuevo ciclo de violencia y que resulta relevante poner también en la agenda pública.
Primero, la violencia a la que hoy asistimos tiene sus raíces en el conflicto armado que se vivió a finales de la década de 1990 y durante los primeros años de la década de 2000, y no puede entenderse sino como una reconfiguración de este.
La articulación entre el Clan Isaza y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conforma una estructura armada que claramente es heredera del paramilitarismo representado en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y, en general, en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, no puede perderse de vista que el eje de esta nueva confrontación no es la «guerra contrainsurgente» entre guerrillas, paramilitares y Estado, sino la disputa por el cúmulo de rentas ilegales y por el control de corredores estratégicos que atraviesan la subregión.
Segundo, la violencia que hoy se presenta tiene también tintes de violencia urbana. No en vano, gran parte de la dinámica de la conflictividad armada se concentra actualmente en la zona del Altiplano, como ocurre, por ejemplo, con el fenómeno sicarial. A medida que ha avanzado el proceso de urbanización, también se han expandido estructuras criminales ligadas a la Oficina del Valle de Aburrá, como Los Chatas, Pachelly, La Terraza, Los Triana y, particularmente, El
Mesa.
Tercero, si bien hoy hay una presencia importante de grupos armados en la subregión, la confrontación que actualmente se presenta está protagonizada por los tres frentes ligados al EGC —Gener Morales, Pacificadores del Samaná y Oliverio Isaza— y El Mesa. La confrontación entre estas estructuras comenzó en 2024, en Abejorral, y se ha venido replicando a lo largo y ancho de la subregión, cada vez de forma más brutal, particularmente en las zonas de Páramo y Altiplano. Las economías criminales y el control de territorios estratégicos son, principalmente, los elementos que hoy están en disputa.
Cuarto, las cifras acumuladas durante estos seis años dan cuenta de la dimensión de la violencia: entre 2020 y 2025, el Oriente antioqueño registró 2.559 personas desplazadas, 1.125 homicidios, 19 líderes y lideresas sociales asesinados y 9
masacres que dejaron 33 víctimas mortales. Pero detrás de estos acumulados hay momentos que marcan un quiebre. 2023 fue el año con mayor número de personas desplazadas, con 698 casos, mientras que 2025 cerró con 218 homicidios, la cifra más alta de todo el periodo. Las masacres, prácticamente inexistentes al comienzo del periodo, se hicieron recurrentes en los últimos tres años: 7 de las 9 registradas entre 2020 y 2025 ocurrieron entre 2023 y 2025, y solo en 2024 y 2025 dejaron 10 víctimas mortales cada año. Son cifras que permiten dimensionar una violencia que, lejos de ser episódica, ha ido adquiriendo nuevas expresiones y una mayor capacidad de afectar la vida cotidiana de las comunidades.
Si bien podemos hablar de una reactivación de la violencia en el Oriente antioqueño, no estamos hablando de los mismos escenarios de la guerra del pasado. Lejos estamos de aquella catástrofe humanitaria. Sin embargo, el informe es precisamente una invitación a no perder de vista este fenómeno y a reconocer sus señales de alerta, para evitar que una nueva escalada de violencia nos devuelva, nuevamente, a ese pasado oscuro.
Son innegables los avances que ha logrado el Oriente en materia de construcción de paz territorial, particularmente durante las últimas dos décadas. En este proceso, las organizaciones sociocomunitarias y la sociedad civil en general han desempeñado un papel destacado. El Oriente ha sido escenario de uno de los movimientos regionales por la paz y de víctimas más fuertes del país, y hoy, nuevamente, se hace necesario apelar a esa historia y a ese acumulado social para mantener vivo el tejido comunitario y organizativo, fortalecer la defensa de los derechos humanos y evitar que la violencia vuelva a imponerse sobre la vida de
las comunidades.
Pero esta tarea titánica no le compete solamente a la sociedad civil. El informe también hace un llamado a las autoridades competentes para que asuman su responsabilidad frente a esta situación. Pide a las instituciones nacionales, departamentales y municipales reconocer la complejidad actual del territorio y abandonar relatos que invisibilicen la persistencia de las violencias; adoptar respuestas diferenciadas para las distintas zonas del Oriente, especialmente para Altiplano y Páramo, donde se advierte un deterioro que requiere atención urgente; fortalecer los sistemas de información y monitoreo sobre derechos humanos y violencias basadas en género; garantizar investigaciones oportunas frente a las agresiones contra líderes, lideresas y población civil; y adoptar medidas específicas para proteger a las mujeres, las defensoras de derechos humanos y las personas LGBTIQ+.
También demanda reconocer y fortalecer el papel de las organizaciones sociales y comunitarias como actores fundamentales para la prevención y protección de los derechos humanos. Finalmente, hace un llamado a los medios de comunicación y a la opinión pública para visibilizar la situación del Oriente antioqueño, escuchar la voz de sus comunidades y contribuir a una cobertura responsable que no estigmatice a sus liderazgos ni a sus organizaciones.
El desafío, entonces, no es únicamente reconocer que la violencia ha vuelto a hacerse visible. También implica comprender qué está cambiando, qué permanece del conflicto del pasado y cuáles son las señales que deberían encender las alarmas. El Oriente antioqueño cuenta con una historia y un acumulado organizativo que han demostrado su capacidad para defender la vida, construir paz y hacer frente a las violencias. Hoy, ese acumulado vuelve a ser fundamental, pero necesita también de instituciones que reconozcan la gravedad de la situación y actúen de manera oportuna para impedir que la violencia siga ganando terreno.