El senador Iván Cepeda levantó tremenda polvareda con la radicación de un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal y sancionar con dureza a quienes “obstaculicen” los procesos de paz.

No se refiere Cepeda a los enemigos “agazapados” de las paz -figura arquetípica creada por Otto Morales Benítez en los ochenta-, no, son más bien, y para efectos de evitar suspicacias innecesarias, aquellos delincuentes agazapados y no agazapados que resienten públicamente de la paz pero que a la menor oportunidad la usufructúan en entramados criminales.

Considera el senador Cepeda que estos criminales (que llegan en gavilla con cada proceso de paz) deberían ser procesados bajo un nuevo tipo penal denominado “obstrucción a la paz”, que incluye conductas que van desde la “restricción” o “limitación” dolosa de un proceso de paz -ya sea en las etapas de negociación o de implementación- con penas retributivas entre 10 a 15 años y multas de entre 1.000 o 10.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

Peca el senador de ingenuo al creer que echando mano de la clásica receta del populismo punitivo podrá generar un marco cognitivo lo suficientemente disuasorio entre los delincuentes que ven los procesos de paz como una oportunidad para saciar sus intereses personales. Los mismos que se suelen atrincherar en las instituciones del Estado o en los cargos públicos.

El debate ya está servido y los sectores más recalcitrantes de la oposición vieron la “noble” intención del senador como un intento de amordazar las crecientes críticas hacía los procesos de negociación en el marco de la Paz Total; es decir, como una cortapisa a cualquier cuestionamiento hacía la política emblema del gobierno y de la cual el mismo Cepeda es alma y nervio, así como autor intelectual del concepto de Paz Total.

Pero peca la oposición también de ingenuidad al creer que desde un proyecto de ley se puede promover un escenario orwelliano de persecución y judicialización para quienes cuestionan la Paz Total, ni más faltaba, mucho más siendo el autor del proyecto un demócrata de la talla de Cepeda. De quien pocos dudan de su compromiso en la defensa de las libertades. Pero la confusión resulta compresible, o más bien, esa inducción deliberada a la confusión resulta comprensible.  

De ahí que Cepeda, en un movimiento bastante acertado, haya decidido retirar el proyecto para hacerle los “ajustes” necesarios. Algo que a bien se podía haber realizado durante el trámite legislativo en el Congreso, pero que el senador, en una actitud sensata y sin hacer de oídos sordos a los malintencionados reclamos de la oposición, hizo en aras de no enlodar la discusión en falsas acusaciones.

Sin embargo, considero que la respuesta a los criminales que usufructúan la paz no se encuentra en el endurecimiento de la penas, algo que, desde mi perspectiva, no disuade de la comisión de los delitos, ya que, la respuesta más contundente se encuentra en avanzar en el esclarecimiento de la violencia sistemática contra los líderes sociales y los firmantes de paz; en develar los determinadores del entramado de corrupción que saqueó los recursos del OCAD (ante lo cual el candidato Petro asumió un compromiso que no ha cumplido el Petro presidente); en fortalecer los mecanismos de control, veeduría, seguimiento y monitoreo.

Personalmente, considero que una ley nunca hará la diferencia si la justicia no opera con celeridad para reducir los alarmantes niveles de impunidad; si los entes de control no actúan de forma oportuna -despolitizando sus decisiones-; y sí la ciudadanía no se asume en un rol activo ante la gestión pública. 

De lo contrario, cualquier ley que sea expedida por el Congreso, por muy rimbombante que sea, solo será una norma más para la galería de la impunidad y otro innecesario saludo a la bandera.

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