Redacción Isegoría

El 17 y 18 de junio se realizó en Medellín el primer encuentro nacional de delegaciones de la sociedad civil involucradas en procesos de paz urbana. Participaron representantes de Buenaventura, Medellín y Quibdó, tres ciudades atravesadas por estructuras armadas, economías ilegales y dinámicas de violencia sostenida. El objetivo: consolidar una agenda común desde los territorios, exigir la instalación de una Mesa Nacional de Paz Urbana y evidenciar el bajo compromiso del Gobierno Nacional con esta dimensión del conflicto.

Las delegaciones llegaron al encuentro con experiencias locales muy distintas, pero con diagnósticos similares en cuanto a una fragmentación institucional, ausencia de garantías, lentitud en la implementación de acuerdos y una interlocución con el gobierno que no se ha traducido en acciones concretas. En todas, la sociedad civil manifiestan que son quienes han sostenido los procesos, con apoyo limitado y mayor respaldo por parte de la cooperación internacional que de las autoridades nacionales.

Un mediador comunitario de Buenaventura, a quien protegemos su identidad por su seguridad, resume así la situación de su territorio: “Estas tres comunidades han sido muy olvidadas, tanto desde la parte del gobierno como desde la parte de la gobernación y mucho más, duele decirlo, desde las administraciones regionales”.

Su organización —la Unión Comunal— articula a tres barrios históricamente afectados por la violencia: El Progreso, Carlos Olmes y Bello Horizonte. Allí han desarrollado acciones para recuperar espacios públicos, fomentar la organización barrial y acompañar a jóvenes en riesgo de reclutamiento. Sin embargo, las condiciones de seguridad y la falta de respaldo institucional han limitado los alcances del proceso. “El problema se pone tan fuerte que es difícil… El orden público ha permeado absolutamente todo lo demás. La gente tiene miedo de salir a participar, de ayudar, de hacer una vida normal”, dice el vocero.

Buenaventura ha sido escenario de múltiples ciclos de violencia. Según el documento Sociedad civil y construcción de paz urbana en Buenaventura, tras la desmovilización de La Empresa surgieron nuevas estructuras como Shottas, Espartanos y Chiquillos. A pesar de algunos compromisos pactados en el Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ), el reclutamiento de menores persiste, las desapariciones han aumentado y el miedo impide la denuncia. “La mesa de soborica hizo un acuerdo con las estructuras. Sin embargo, realmente para nosotros ese acuerdo es simplemente una firma en un papel, porque la realidad es otra”, señala el mediador.

Quibdó presenta un panorama similar. Desde 2023, tres estructuras armadas —Los Locos Yam, Los Mexicanos y Fuerzas Armadas RPS— mantienen presencia en varios barrios. Según la Mesa Social Comunitaria de Construcción de Paz de Quibdó, se ha pactado una tregua parcial que ha permitido reducir homicidios y flexibilizar las fronteras invisibles, pero no hay condiciones suficientes para hablar de desescalamiento. A diferencia de Medellín o Buenaventura, Quibdó no cuenta con respaldo empresarial ni articulación sostenida con el gobierno local, lo que debilita las posibilidades de sostenibilidad del proceso.

Un vocero de esta mesa, quien pidió no ser nombrado por seguridad, explicó al respecto: “La paz en Quibdó se ha construido sin esperar al Estado. Aquí las juntas hacen mingas, recuperan espacios comunitarios, protegen a los niños del reclutamiento y crean rutas de alerta con la iglesia cuando hay riesgo”. Y agregó: “El principal obstáculo es que no hay garantías para ejercer el liderazgo. En 2024, 22 miembros de juntas de acción comunal renunciaron por amenazas. A eso se suma la falta de voluntad política y la desarticulación institucional”.

Por su parte, en Medellín el proceso de paz urbana tuvo un impulso inicial con la firma de la Hoja de Ruta entre la Delegación del Gobierno y la sociedad civil en octubre de 2024. Sin embargo, tras el cambio del comisionado Otty Patiño, la agenda entró en una fase de congelamiento. El Comité de Impulso para la Paz Urbana ha continuado sus acciones, promoviendo asambleas ciudadanas, encuentros con embajadas y una estrategia comunicativa, pero la falta de voluntad política ha debilitado la interlocución con el Estado.

Para los asistentes al encuentro de junio, la ausencia del comisionado Patiño fue un mensaje contundente. “El mensaje para el comisionado es que llegue a los territorios, porque la paz se construye desde los territorios. No se construye desde un escritorio pensando y analizando cosas cuando no se están viviendo”, expresa el vocero de Buenaventura.

Sin embargo, el evento fue una oportunidad para fortalecer alianzas. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de consolidar una Mesa Nacional de la Sociedad Civil por la Paz Urbana, que recoja las propuestas construidas desde abajo, tenga capacidad de incidencia real y cuente con mecanismos de seguimiento. Los temas priorizados incluyen la eliminación del reclutamiento forzado, la inversión en salud mental, deporte y cultura, la protección a liderazgos sociales, y una interlocución política que no dependa del cálculo electoral.

Desde Quibdó, el llamado al gobierno es concreto: “Necesitamos una delegación con presencia en el territorio, no que dirijan los procesos por teléfono desde Bogotá. Los jóvenes aquí no están pidiendo grandes cosas, solo canchas, cultura, espacios donde vivir sin ser reclutados. Eso es lo que falta: inversión social y presencia política real”. Esto debido a que las comunidades expresan que las respuestas del Estado han sido limitadas, la cooperación internacional ha acompañado estos procesos con mayor constancia. “Es lamentable que tengan que venir desde afuera a conocer incluso el conflicto. Los funcionarios del Gobierno no conocen realmente el territorio ni la raíz del conflicto”, señalan desde Buenaventura.

El encuentro cerró con el acuerdo de crear una Mesa Nacional de la Sociedad Civil por la Paz Urbana, con representación de los procesos de Medellín, Buenaventura y Quibdó. Las delegaciones buscan articularse para elevar sus demandas ante el Gobierno Nacional y exigir una estrategia de paz que incluya a las ciudades, reconozca a los liderazgos sociales y se base en una transformación territorial con participación activa de la sociedad civil.