Foto: Reunión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego. Créditos: Misión de Verificación de la ONU en Colombia, vía X (@MisionONUCol).

Sara Isabel Ceballos Monsalve 

Practicante de Periodismo

Equipo de Comunicaciones de Isegoría

Sobre el papel, las Fuerzas Militares son las encargadas de defender la soberanía de un Estado y su territorio. Pero en Colombia el conflicto armado interno las ha obligado a hacer parte de una guerra de baja intensidad, enfrentando a varios grupos de sus connacionales, durante casi 60 años. Así pues, en unos diálogos la paz, quienes han estado en el frente de batalla son un punto crucial para lograr un acuerdo efectivo.

Esto parece reconocerlo el Gobierno, por lo que dentro de su delegación en el proceso de negociación con el ELN se encuentran dos militares retirados: el coronel (r) del Ejército Álvaro Matallana y el almirante (r) de la Armada Orlando Romero. Ambos son negociadores del Gobierno, pero mientras Matallana ha enfocado su trabajo en el Comité Nacional de Participación, Romero ha estado centrado en el cese al fuego y fue, precisamente bajo su dirección en esa comisión técnica, que el ELN y la delegación del Gobierno llegaron a un acuerdo al respecto.

Además, en calidad de observadores participan cuatro militares activos: el mayor general del Ejército Hugo Alejandro López Barreto, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Rodrigo Mezu-Mina, la mayor del Ejército Isabel Ozuna Stockl y el capitán de navío de la Armada Roberto Bonilla.

Según le explicó a Isegoría el Comando General de las Fuerzas Militares, el papel de estos cuatro observadores consiste en “gestionar con el Gobierno nacional y al interior de las Fuerzas Militares asuntos técnicos propios de la elaboración y suscripción de acuerdos parciales, disposiciones humanitarias, acuerdos de paz, protocolos y procedimientos para la ejecución del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, así como la estructuración de planes y proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos definidos para incrementar la seguridad humana y alcanzar la Paz Total”.

El exembajador Eduardo Pizarro fue relator en una de las comisiones durante las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. En ese mismo proceso participaron dos de los militares (uno activo y uno retirado) que hoy están en la mesa de negociaciones con el ELN. “Personajes como el almirante [Romero] o el coronel Mezu-Mina llegaron a La Habana con una formación en temas de desarme, desmovilización, retorno la vida civil con garantías y cómo facilitar la reintegración a la vida civil, lo que les da una extraordinaria experiencia acumulada para que con su aporte se logre generar unas negociaciones exitosas con el ELN”, dice Pizarro.

Por su parte, Jean Carlo Mejía, investigador en temas de conflicto y asesor en el proceso de paz con las Farc, dice que “el papel de los militares es trascendental porque son los combatientes los que conocen qué es la guerra y la importancia de la paz”. Entonces, aunque estos militares fueron formados para la guerra, el propósito de su participación en el proceso es que usen esos conocimientos, no para continuarla, sino para buscar la paz.

El investigador en temas de conflicto, Henry Ortega, entiende que un rol activo para los militares es vital, y considera que “en el contexto de la negociación actual la inclusión de los militares es tan importante como delicada”. Según dice, por la “politización del conflicto puede ser una institución que de dientes para afuera dice que se apega a lo que decida el Ejecutivo, pero hacia adentro pueden tener reservas que pueden terminar siendo muy peligrosas y generar inestabilidades innecesarias. Entonces darles un rol y una responsabilidad es importante en un escenario de negociación porque no hacerlo sería echárselos como enemigos”, comenta.

Eso se conecta con la necesidad de entender que el papel de observadores en la mesa es un trabajo de doble vía. Primero, desde la estrategia militar para la paz los observadores pueden plantear soluciones a los problemas propios de una guerra que sigue vigente a la vez que se negocia una solución al conflicto. Y segundo, son un puente de mediación entre los diálogos y una institución que vive y crece con ocasión del conflicto.

El coronel (r) Matallana explica que “si bien [los observadores] no tendrán voz y voto en las conversaciones, ahí estamos los delegados para cubrir cualquier vacío”. Y agrega que esos militares activos en las negociaciones “opinan, miran, conducen, dan ideas y asesoran a la mesa. Además, son cordones umbilicales de primer orden para cualquier eventualidad que se suceda o para mantener informadas las Fuerzas Militares de lo que está pasando”.

Que ese puente que facilitan los observadores sea efectivo no solo se refleja en la misma institución sino también en la ciudadanía. Sobre todo, si consideramos que existen sectores de la sociedad que confían más en las Fuerzas Militares que en las autoridades civiles. Y aunque en el papel los militares no pueden ser actores políticos, la realidad es que para ese sector se ubican un lugar de respeto, lo que también da una valía especial a sus opiniones.

En esta vía, Mejía argumenta: “Actualmente hay más confianza entre las Fuerzas Militares y la población civil en términos de los sondeos, encuestas y demás, que entre el pueblo y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas [el presidente]. Esa confianza se ve incrementada cuando se le da importancia a soldados y policías”.

En el mismo sentido, las organizaciones de militares retirados resultan muy importantes, pues suelen expresar posturas que los militares activos deben reservarse por las limitaciones propias de su actividad. Por ejemplo, han sido claras las tensiones de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) con el gobierno Petro. Para Ortega, “estas organizaciones juegan de cajas de resonancia de las incomodidades que tienen ciertos sectores del Ejército. Ahora, el detalle está en si es una posición única dentro de las Fuerzas Militares o si quizá si hay sectores que están a favor, pero solo los que están en contra hacen ruido respecto a ello”.

Finalmente, la experiencia indica que la credibilidad de un proceso va de la mano con la implementación de acuerdos, que en parte recae sobre las Fuerzas Militares por cuenta de su papel en acuerdos como los del cese al fuego o en la eventual protección de zonas de concentración para un desarme. Pero trabajar en la guerra y buscar la paz no es una tarea fácil.

La negociación y la deliberación política

¿Por qué los militares no pueden opinar en asuntos políticos? La respuesta está en el artículo 219 de la Constitución Política, en el que se lee: “Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”. Esto busca que se garantice la subordinación de la Fuerza Pública al gobierno de turno, sin importar los ideales que este represente.

Aun así, esto tiene matices, y su participación en procesos de negociación que tienen una fuerte carga política, no supone que se corte la subordinación o la línea de mando. Desde su propia vivencia, Pizarro explica que “en la institución había el sentimiento de que ellos no se podían reunir con quienes habían enfrentado”. Esa resistencia, agrega, “se rompió en La Habana bajo la administración Santos”.

Así pues, que actualmente el papel de los militares activos sea de observadores tiene sentido para Pizarro. Según él, “las Fuerzas Militares consideran que los temas actuales de reforma política van en contravía de su no intervención en política, entonces como observadores juegan el rol de conocer el proceso, pero su función principal se dará cuando lleguen al punto quinto de desmovilización, desarme y reintegración, donde las Fuerzas Militares pasan a ser protagonistas de la negociación”.

La perspectiva de Pizarro hace eco a la de Ortega, quien explica que “en las negociaciones con las Farc había discusiones que eran muy difíciles de dar entre la delegación de la guerrilla y la del gobierno, y cuando se sentaban militares y guerrilla eran más fáciles de trabajar porque estos se mueven en esquemas similares y entienden lo que implica la guerra”.

Pizarro insiste en que además de negociar, los militares son en gran medida los encargados de cumplir lo pactado. Para él, las Fuerzas Militares tienen “la garantía de que, por ejemplo, el ELN se pueda desmovilizar sin que haya riesgos de seguridad para sus miembros. Esto va a depender de la presencia de las Fuerzas Militares como un factor de generación de confianza para la población rural de manera en que se pueda facilitar el apoyo de las comunidades al proceso de paz”.

Pizarro complementa su opinión con una idea que recoge una convicción y un deseo: “Yo tengo la certeza de que las Fuerza Militares quieren cerrar este conflicto. Ya depende de ellos el cumplir un rol positivo en este proceso”.

Lo cierto es que ese rol ya empezó a salir de la mesa de conversaciones y a trasladarse a las guarniciones militares. Aunque no se ha difundido públicamente, Isegoría conoció que a la finalización del cuarto ciclo de diálogos en Venezuela, los observadores ya habían empezado a llevar a cabo visitas a diferentes divisiones del Ejercito para realizar pedagogía entre altos mandos y oficiales de operaciones.