Foto: Luis Manuel Díaz con Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y el monseñor Héctor Hena, miembros de la misión humanitaria que gestionó su liberación. Créditos: Presidencia de la República.

Sergio Ramírez Zuluaga

Equipo de Periodismo de Isegoría

Este martes 9 de noviembre la delegación del Gobierno confirmó en un comunicado la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, que fue secuestrado el 28 de octubre por el Frente de Guerra Norte del ELN en Barrancas, La Guajira.

Desde horas de la mañana se conoció que una misión humanitaria de la ONU, en coordinación con la iglesia, se dirigía a la Serranía del Perijá, en los límites entre los departamentos de La Guajira y Cesar, para gestionar su liberación con el ELN.

Ahora, en ese mismo comunicado, delegación del Gobierno colombiano afirma que registra “con alegría la liberación de Luis Manuel Díaz. También, que haya podido regresar sano y salvo al seno de su familia y comunidad”.

Su liberación se había anunciado desde el viernes 2 de noviembre, cuando el comandante de ese Frente reconoció que miembros de una unidad bajo su mando eran los autores del secuestro con fines económicos, y que, que tan pronto se conoció que la persona secuestrada era el “padre de Lucho Díaz”, se orientó “su liberación por ser un familiar del gran deportista que queremos todos los colombianos”.

Sin embargo, la entrega fue postergada hasta el día, incluso después que el Ejército disminuyera sus operaciones en el departamento de La Guajira, donde se mantenía retenido a Díaz, con la intención de evitar incidentes con la guerrilla.

La persistencia del uso de los secuestros por parte del ELN como método de financiación ha sido uno de los mayores obstáculos para el avance y legitimidad del actual proceso de paz. Esto, de acuerdo con voces como la del exalto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, quien ha afirmado que el abandono de esta práctica por parte de las extintas Farc durante las negociaciones con esa guerrilla “fue un paso imprescindible para que, cuando la negociación se hizo pública, los colombianos tuvieran confianza en lo que estábamos haciendo”.

De acuerdo con la delegación del Gobierno, se tienen registros de alrededor de 30 secuestros perpetrados por el ELN en lo transcurrido del año. Varias de las personas secuestradas permanecen en manos de esa guerrilla.

La delegación del Gobierno, que anteriormente ya ha expresado su rechazo a la persistencia de este crimen como método de financiación, señaló en su comunicados de este jueves que “este crimen es un gran obstáculo para llegar a los acuerdos y  las transformaciones que se pueden pactar a través de un diálogo responsable y libre. La práctica del secuestro es enemiga de la paz”, y advierte que “ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos”.

Además, exigió que se libere inmediatamente a los secuestrados que el ELN todavía mantiene en cautiverio e  hizo un llamado: “Es insostenible argumentar, desde un punto de visto ético, que comerciar con seres humanos es licito, aún bajo las condiciones de un conflicto armado”.

Por último, señaló que la discusión en torno a los mecanismos de financiamiento del ELN será uno de los temas que se abordarán en una próxima reunión.

Por otra parte, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, compuesto por delegados del ELN y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU en Colombia, no han emitido su concepto con respecto a si esta situación constituye una violación o no al Cese al fuego.

Eso, aunque de acuerdo con la normativa con la que se decretó el cese al fuego desde el Gobierno, se trataría de un incumplimiento a ese acuerdo pues el ELN incurrió “en actos prohibidos en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, como el homicidio, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores”.

En todo caso, también de acuerdo con lo pactado, “ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura unilateral del acuerdo del cese al fuego”, como lo indica el protocolo del mandato del MMV.